El conductor de
"Edición Especial" sostuvo que el sistema electoral peruano ignora la
voluntad ciudadana y advirtió que se estaría gestando un escenario similar al
de 2021, donde asegura hubo un "fraude burdo" contra Keiko Fujimori.
En la más
reciente emisión de su programa Edición Especial, el comunicador Diego Acuña
lanzó duras críticas contra los organismos electorales del Perú (JNE y ONPE),
calificando las actuales elecciones de “ilegítimas” y asegurando que existe un
diseño preestablecido para determinar al próximo ganador de la presidencia.
REVELACIONES
DESDE EL JNE
Acuña inició
su intervención revelando información de una supuesta fuente de “muy alto
nivel” dentro del Jurado Nacional de Elecciones. Según el conductor, el
magistrado Salas Arenas (a quien se refiere como Burneo en un desliz de nombre
o apelativo) habría considerado seriamente aceptar el pedido de Renovación
Popular para realizar elecciones complementarias, aunque finalmente la
propuesta fue descartada por ser considerada “arriesgada”.
“EL PLAN ES
QUE GANE SÁNCHEZ”
Para Acuña, el
resultado de los comicios ya estaría decidido fuera de las urnas. "Va a
ganar Sánchez. Sánchez va a ser el próximo presidente de la República acá,
porque ese es el plan", sentenció. Asimismo, advirtió a los simpatizantes
de Fuerza Popular que, a pesar de su actual tranquilidad, podrían enfrentar un
escenario similar al de 2021, año en el que, según su postura, a Keiko Fujimori
“le robaron” la elección mediante un fraude.
CRÍTICA A
LA PASIVIDAD CIUDADANA
El comunicador
comparó la situación peruana con las protestas en Bolivia tras la renuncia de
Evo Morales, lamentando lo que él considera una “tibieza” por parte de la
población y la clase política peruana.
"Lo que
depositamos en las urnas no tiene nada que ver con el resultado final",
afirmó Acuña, subrayando que la única forma de romper este supuesto esquema
sería una victoria por más de 10 puntos en el flash electoral, lo que haría el
presunto fraude "demasiado evidente".
Finalmente,
Acuña insistió en la necesidad de una auditoría integral, cuestionando por qué
se estigmatiza a quienes solicitan revisar el proceso y denunciando que se ha
impedido el voto de cientos de miles de ciudadanos, vulnerando así la voluntad
popular.
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