“Hay un consenso entre constitucionalistas y políticos de
diferentes agrupaciones en que esto no tiene ni pies ni cabeza”, declaró el
parlamentario a la Agencia Andina.
En la víspera, la Comisión Permanente otorgó un plazo de 15
días hábiles para que se investigue al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, en
la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Esto a raíz de que se
admitieran dos denuncias constitucionales contra el titular del Ministerio
Público, que buscan destituirlo.
Si las denuncias proceden habría un deterioro institucional,
expresado en la vulnerabilidad de cualquier poder del Estado o el sistema de
justicia “frente al embate parlamentario del fujimorismo”, estimó Sheput.
Asimismo, refirió que se incrementaría la desconfianza en la
clase política y se generaría un “golpe frontal” a la lucha contra la
corrupción, al debilitar al Ministerio Público que, afirmó, trabaja
adecuadamente.
“En el debate que hubo en la Subcomisión de Acusaciones
Constitucionales quedó demostrado ampliamente que la acusación era de carácter
funcional y no constitucional, y lo funcional siempre ha sido desechado”,
añadió.
Para el legislador oficialista, existiría un despropósito y
un afán de amedrentar a la Fiscalía por parte del fujimorismo.
“Quieren ponerlo contra las cuerdas, debilitar el sistema de
justicia por todo lo que significa el caso Lava Jato y Joaquín Ramírez. Creo
que ese es el asunto de fondo”, enfatizó Sheput.
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