- “Solo el 27%
respalda el pedido del congresista Daniel Salaverry, de Fuerza Popular, de
destituir al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez”.
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| Foto: heliocruz.pe |
La
encuesta de Ipsos para El Comercio efectuada esta semana, en vísperas
de estos hechos, nos mostraba un país unido en la esperanza de la clasificación
a la Copa Mundial de Fútbol, pero dividido internamente debido a varias
iniciativas planteadas en el Congreso de la República contra otras instancias
del Estado: el Poder Ejecutivo, el Tribunal Constitucional y, sobre todo, la
Fiscalía de la Nación.
Las
iniciativas dirigidas contra el Poder Ejecutivo son la insistencia en citar al
presidente de la República a reunirse con la comisión investigadora del Caso Lava
Jato y el proyecto de ley para que si un presidente del Consejo
de Ministros pierde la confianza del Congreso –como ocurrió con Fernando
Zavala– se deba cambiar forzosamente a todo el Gabinete. En el primer caso, es
consenso entre los constitucionalistas que el jefe del Estado puede responder
por escrito a una comisión que lo cite, pero 87% de quienes están al tanto de
este tema coincide con la mayoría parlamentaria en que sería mejor que lo haga
personalmente. En cambio, la propuesta para que se vayan todos los ministros si
sale el jefe de Gabinete solo tiene el respaldo del 37%. Como es lógico, la
mayor parte de la ciudadanía no encuentra razonable que se vayan ministros que
están haciendo una buena gestión.
De otro
lado, 77% apoya la propuesta de que el Congreso de la República investigue a
algunos integrantes del Tribunal Constitucional si considera que han
cometido un delito en el ejercicio de su función. Y con respecto al tema que
motivaría esa investigación, solo 31% coincide con la posición que tuvo el
Tribunal Constitucional respecto al proceso penal contra los oficiales de la
Marina que combatieron y mataron a terroristas que se habían amotinado en El
Frontón en 1986.
En cambio,
solo el 27% respalda el pedido del congresista Daniel Salaverry, de Fuerza
Popular, de destituir al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. Para la mayoría,
el pedido de destitución –que fue respaldado por Fuerza Popular– es más bien
una reacción a las investigaciones que viene haciendo la fiscalía en dos
procesos que afectan a su lideresa Keiko Fujimori: el Caso Joaquín Ramírez y el Caso Lava Jato.
La
encuesta no alcanzó a medir las reacciones de la ciudadanía a las declaraciones
de Marcelo Odebrecht al interrogatorio de la
fiscalía, conocidas gracias a El Comercio, pero es probable que la
interpretación de los hechos que dieron voceros de Fuerza Popular haya logrado
mantener la confianza de una buena parte de las bases fujimoristas en su máxima
dirigente. Avanzar en el intento de descabezar a la fiscalía, en cambio, sería
interpretado por la mayoría como un reconocimiento de culpabilidad, ya que se
trata del organismo del Estado con mayor confianza ciudadana en la
investigación del Caso Lava Jato: 41% aprueba su desempeño,
mientras la comisión investigadora del Congreso es aprobada por 33%.
Además de
las disputas provenientes desde el Congreso, se produjo estas semanas un
conflicto entre el Poder Ejecutivo y los gobernadores
regionales con respecto al proceso de reconstrucción. En este campo,
la encuesta revela que si bien la mayoría considera que se ha avanzado poco,
cree que corresponde al Gobierno Central y no a las autoridades regionales
liderar el proceso y efectuar las inversiones.
En este
contexto, la aprobación a la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes
Aráoz, pasó de 31% a 33%, mientras que la del presidente Pedro Pablo
Kuczynski bajó de 30% a 27%. La diferencia en la evaluación de ambos
revela que el estilo político de Aráoz ha sido bien recibido por un sector de
la población que se ha alejado del presidente. A su vez, entre los líderes
políticos, Keiko Fujimori seguía siendo al momento de la
encuesta la política más popular, con 39% de aprobación, aunque su futuro
depende claramente de las investigaciones que enfrenta en la fiscalía y que la
opinión pública seguirá cada vez con mayor atención.
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