Según aseguró, su proyecto garantiza la libertad de prensa
porque “evita que con dinero del Estado se quiera torcer la opinión de un
periodista que quiera criticar a un funcionario”.
Mulder consideró importante promover la discusión de dicha
propuesta porque el uso de dinero público es un tema de importancia nacional.
Admitió que la propuesta es polémica y radical, aunque
añadió que la discusión en el Parlamento puede buscar una fórmula de
aplicación, un término medio para regular la publicidad estatal.
En ese marco, ratificó que el proyecto busca ahorrar los
recursos del Estado y evita la posibilidad de torcer las líneas editoriales.
Dicha propuesta ha sido seriamente cuestionada por algunas
instituciones de la sociedad civil como el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS),
la Defensoría del Pueblo. Ambas instituciones han señalado que el proyecto
implica “graves restricciones al derecho de los ciudadanos a acceder y a
recibir información”.
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