 |
| Foto: Andina |
Así, la propuesta enviada al Congreso, plantea que los
ciudadanos con condena consentida por los delitos de lavado de activos,
apología al terrorismo, terrorismo, colusión, peculado y corrupción de
funcionarios no podrán trabajar en la administración pública.
El Gobierno también propone la obligación de inscribir las
condenas en el Registro de Sanciones para servidores civiles y de notificar las
mismas por parte del Poder Judicial ante la Autoridad Nacional del Servicio
Civil (Servir).
Igualmente, establece el deber de los deudores de reparación
civil de informar al Consejo de Defensa Jurídica del Estado del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos su domicilio real y actividad económica.
Dicha información debe ser incluida en el Registro de
Deudores de Reparaciones Civiles por delitos en agravio del Estado, agrega el
proyecto.
El proyecto del Ejecutivo señala como requisito para acceder
a un puesto en el Estado no tener sentencias condenatorias por los delitos
descritos anteriormente ni sanción administrativa que acarree inhabilitación.
Finalmente, la propuesta legislativa busca la modificación
del artículo 100 del Código Penal para que la acción civil sea inextinguible.
Publicar un comentario