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| Foto: AFP |
El recurso,
llamado técnicamente "embargos de declaración", fue protocolizado por
los abogados del exmandatario de izquierda el último día del plazo previsto y
llama la atención sobre 38 presuntas "omisiones", "16
contradicciones" y 5 "puntos oscuros" de la decisión tomada por
una corte de segunda instancia el pasado 24 de enero.
Los tres
magistrados del Tribunal Regional Federal Nº4 (TRF4), con sede en Porto Alegre,
ratificaron entonces por unanimidad la condena por corrupción y lavado de
dinero dictada contra Lula y aumentaron la sentencia inicial (de nueve años y
medio de cárcel) a 12 años y un mes.
Esos mismos
jueces serán los encargados de revisar ahora el recurso, para el que no hay
fecha de respuesta.
Aunque la
unanimidad del fallo y de la sentencia impide recurrir el fondo de la
sentencia, el recurso presentado solicita que "la corrección de las
omisiones, contradicciones y puntos oscuros altere el resultado de la apelación
(...) con el reconocimiento de la nulidad de todo el proceso y la absolución de
Lula".
El
expresidente (2003-2010) había sido condenado en primera instancia en julio del
año pasado por el juez Sergio Moro, a cargo de la Operación Lava jato en
primera instancia, como propietario de un apartamento que la constructora OAS
le habría ofrecido a cambio de su influencia para obtener contratos en
Petrobras.
Lula, que
enfrenta otras seis causas penales, niega todas las acusaciones y denuncia un
acoso judicial para impedir que vuelva al poder en las elecciones de octubre
próximo, en las cuales los sondeos lo dan como favorito.
Si los tres
jueces del TRF4 deniegan el nuevo recurso, el proceso podría alargarse un poco
más, ya que la réplica a este embargo de declaración también puede ser apelada,
según confirmó a la AFP la asesoría de comunicación del estudio que defiende al
expresidente.
Sólo después
de juzgado ese recurso, el Tribunal podría decretar la prisión de Lula.
El
exdirigente sindical aguarda además el resultado de dos habeas corpus
presentados ante el Superior Tribunal de Justicia y ante el Supremo Tribunal
Federal (STF) para evitar que lo detengan antes de que se agoten todas las
instancias judiciales.
Gran parte
de su futuro depende del tiempo que demoren en resolverse esos recursos, que
algunos especialistas miden en semanas y otros en meses.
Pero aún si
lograra conservar su libertad hasta el 15 de agosto, fecha límite para
inscribir su candidatura, deberá buscar una vía para evitar que el Tribunal
Superior Electoral la invalide con la ley de la "Ficha sucia", que
impide que los condenados en segunda instancia se postulen a cargos electivos.
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