Juez Carlos Sánchez Balbuena aprobó
la solicitud del fiscal José Domingo Pérez, quien investiga al ex mandatario
por presuntos delitos de lavado de activos y colusión
(ElComercio) El juez
Juan Sánchez Balbuena ordenó este sábado el impedimento de salida del país por
18 meses contra el ex presidente Alan García con el fin de
garantizar su participación en las diligencias de la investigación que se le
sigue por presuntas irregularidades en la licitación de la Línea 1 del Metro de
Lima.
De esa
manera, el juez declaró fundado el pedido hecho por el fiscal José Domingo
Pérez. En los días previos, el ex mandatario había expresado su voluntad de
allanarse al requerimiento para –según su abogado– colaborar con la justicia.
“No es un deshonor quedarme estos 18 meses
en el país, estoy aquí aceptando sus reglas”, comentó García desde su
vivienda de Miraflores después de conocerse la resolución judicial.
Durante
la audiencia, que duró 85 minutos, el representante del Ministerio Público
sostuvo que “ahora sí se va a investigar como corresponde a Alan García por
recibir dinero de Odebrecht”.
Pérez
indicó en su sustentación que la constructora brasileña ha presentado nuevos
documentos en los que reconoce el pago de US$100 mil a Alan García a
través de su división de operaciones estructuradas por una conferencia que
dictó en Brasil en el 2012.
Agregó que, para ocultar ese pago, Odebrecht hizo intervenir como intermediario al abogado José Américo Spinola.
Agregó que, para ocultar ese pago, Odebrecht hizo intervenir como intermediario al abogado José Américo Spinola.
Argumentos
Para
fundamentar los presuntos actos colusorios que habría habido entre García
y Odebrecht, el fiscal Pérez recordó las numerosas visitas de Jorge
Barata, representante de esa constructora en el país, a Palacio de Gobierno y
la celeridad del Ejecutivo en la emisión de normas para presuntamente
beneficiar a la citada empresa.
El
magistrado también mencionó que el 19 de febrero del 2009, en el período de
García, hubo un sospechoso Consejo de Ministros en el que se aprobó un decreto
de urgencia por el que se encargó al Ministerio de Transportes la ejecución de
las obras de la línea 1 del metro de Lima.
Pérez
señaló además que en aquella oportunidad se cometió una irregularidad: dijo que
en ese momento el decreto aprobado no tenía expediente y que recién se
confeccionó el 24 de febrero. El fiscal considera que todo se hizo para
beneficiar a Odebrecht.
También
reiteró su solicitud para que García no salga del país, debido a que en la
investigación que ha sido ampliada por los delitos de colusión y lavado de
activos se necesita una serie de diligencias para corroborar las nuevas
pruebas.
En su
resolución, el juez del Segundo Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria
Anticorrupción indicó, dada la gravedad de los delitos imputados, que la medida
coercitiva “resulta proporcional e indispensable para averiguar la verdad”.
Erasmo
Reyna, abogado de García, señaló que su cliente siempre colaboró con la
justicia y que no se opone a la solicitud del fiscal, a pesar de que –agregó–
no estaba de acuerdo con los presupuestos. Aseguró que en el 2012 su
patrocinado “no tenía por qué saber de dónde provenía el dinero con el que le
pagaron por su conferencia”.
Cuestionamiento
Más
tarde, desde su domicilio, García también sostuvo que recién se ha enterado de
que Odebrecht pagó la conferencia que él dio para la Federación de Industrias
de Sao Paulo.
“En ese momento nadie sabía que había una
caja B. ¿Quién sabía que Odebrecht era
un sindicato empresarial que estaba corrompiendo a medio mundo en el
continente”, cuestionó.
El ex
gobernante dio a entender que hay una persecución en su contra. “Hay quienes necesitan hacer una hoguera y
quemar como una bruja a Alan
García”, dijo.
Expresó
que no tiene duda de que más adelante la fiscalía también pedirá la prisión
preventiva en su contra. “Esto es una escalada [...] sé que para eso se está
ofreciendo beneficios a cualquier delincuente para que pueda incriminar sin
ninguna prueba a Alan García”, señaló.
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