Nos siguen
matando y el sistema es incapaz de evitarlo. Los Centros de Emergencia Mujer no
se dan abasto y cuando lo hacen no es suficiente para detener los crímenes de
género.
(LaMula) Estefany Flores denunció a su ex pareja,
José Luis Falcón, con quien convivió por 4 años, por intento de feminicidio.
Las medidas de protección llegaron tarde, dos semanas después de que la joven
pidiera ayuda a las autoridades, fue asesinada. La ex pareja de Julia Rayme
tenía prohibido acercarse a ella. A pesar de que el mandato judicial ordenaba
la intervención de la policía para impedir nuevas agresiones, el oficial en
retiro y padre de sus tres hijos, Julio César Ganoza, la mató a nueve balazos
en plena calle.
Al igual que Stefany y Julia, la joven
Isabel Meza decidió denunciar a su pareja, Julio César Chávez, por violencia
física y psicológica. Con la asesoría legal del Centro de Emergencia Mujer de
Cañete, Meza se separó del agresor. El Primer Juzgado Mixto de Mala le otorgó
medidas de protección y le ordenó a Chávez el cese de las agresiones y que
acuda a una terapia psicológica. Julio convenció a Isabel de regresar, meses
después la joven apareció muerta en su habitación.
Estos casos forman parte de aquellas
historias de mujeres que por más que han buscado ayuda en las autoridades no
han podido ganarle la batalla a la violencia machista. De esta situación, la
Defensoría del Pueblo encontró que se solicitaron 44,983 medidas de
protección a favor de las víctimas, de las cuales solo se concedieron y
ejecutaron 296, lo que representa menos del 1%.
¿De qué valen los esfuerzos del Ejecutivo por luchar
contra la violencia hacía la mujer haciendo una inversión histórica de S/.260
millones, y de que se hayan implementado nuevos Centros de Emergencia Mujer
(CEM) en comisarías si las mujeres siguen muriendo, si 7 de cada 10 mujeres son
violentadas según INEI al 2019?
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables (MIMP) ha informado que entre enero y agosto de este año, la Línea
100 ha recibido 79 mil 461 llamadas sobre violencia de género. El 82% de
llamadas fueron hechas por mujeres y el 18% por hombres y que todos los casos
que fueron atendidos se derivaron a los Centros de Emergencia Mujer (CEM) de
todo el país.
El problema (o uno de ellos, más bien)
es que, según el último informe de la supervisión nacional de los CEM que hizo
la Defensoría del pueblo, de esas agencias especializadas en brindar ayuda con
información, orientación y contención psicológica, emocional a las víctimas
solo el 20% a nivel nacional realmente dan atención de manera permanente y con
el personal suficiente. Las cifras del espanto, entonces, tienen una
explicación.
En un intento de buscar respuestas y
soluciones respecto a esta problemática, MQT acudió a algunas voces autorizadas
que trabajan de cerca los casos de violencia de género. La abogada Cinthya
Silva, Coordinadora del Curso Nacional de Capacitación de Operadores de
Justicia comentó que una de las mayores dificultades que afrontan los CEM es la
falta de personal, su escasa preparación para estos temas e incluso que los
propios operadores encargados de recibir y atender estas denuncias compartan
los estereotipos de género.
“El Estado tiene la
obligación de capacitar a los operadores y darle las herramientas para la
transformación de los patrones culturales discriminatorios y la remoción de los
estereotipos que impiden ver la violencia como una conducta ilícita”, dijo.
Sin embargo, de acuerdo con Eliana
Revollar, Adjunta para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, en
un viaje de supervisión llevado a cabo en el mes de agosto de este año, se
constató que 52 CEM no atendían feminicidios, 87 no atendían a migrantes y 100
no atendían violencia ocurrida por medio de tecnologías digitales. El panorama
no es mejor en la infraestructura ya que el 25 % de los CEM supervisados no
disponían de servicios higiénicos, 28 % no tenían acceso a agua potable y 27 %
no contaba con conexión a internet.
Por otra parte, se detectó que el 45 %
de CEM regulares y el 71% de CEM ubicados en comisarías no tienen cubiertas
todas las plazas del equipo multidisciplinario (psicóloga, trabajador social y
asistente legal), afectando de esta forma a las víctimas de violencia al no
tener pleno y total acceso a dichos servicios especializados.
Un caso particularmente grave detectado
por la Defensoría del pueblo se presentó en la provincia de Cajatambo el pasado
mes de agosto. Allí, una trabajadora del CEM de la región denunció que su local
lleva varias semanas sin personal, aparte de ella misma que ejerce el cargo de
asesora legal, sin que hasta la fecha las autoridades locales hayan cubierto
dichas plazas. Aún así, el Centro ha debido atender más de 45 denuncias de
violencia contra la mujer y el grupo familiar.
Sobre la falta de empatía de los
trabajadores, que realizan abandono laboral, la abogada Silva mencionó que
también se debía a una situación estructural de la que el Estado no se está
haciendo cargo a fondo. “No cualquier abogado, psicóloga o asistenta social
pueden ser parte del CEM, hay que prepararlos y darle un seguimiento al
síndrome de agotamiento profesional que afecta la vida personal y emocional de
estos trabajadores”, agregó.
También mencionó que los abogados deben
ser procesalistas y con enfoque de género porque los penalistas solo consideran
los hechos que configuren delitos y muchas veces dejan fuera casos que pueden
sancionarse.
“Si los CEM no comprenden
bien la historia y no le creen a las mujeres, entonces dejamos el mensaje de
que nadie las puede proteger y que lo que sucede no es significativo. Hay más
de 50 % de absoluciones, sólo teniendo en cuenta a las mujeres que tienen
acceso a este servicio y no al total de víctimas que sufren de violencia”.
Si bien hay una fluida atención para
recepcionar las denuncias por violencia, las evaluaciones indican que no se
hace un verdadero seguimiento a los procesos. “El MIMP debe saber cuántas
víctimas no continúan con la denuncia, cuántas regresan con su agresor y por
qué lo hacen. ¿Qué pasa en el proceso?
es algo que el programa de los CEM aún no tiene claro”, concluyó Eliana
Revollar.
Otra de las recomendaciones en las que
coincidió con la abogada Silva fue que los gobiernos locales, responsables de
los CEM regulares, deben pasar por un proceso riguroso de selección respecto a
las autoridades que asumen los cargos: evitar, por ejemplo, que los
funcionarios públicos tengan denuncias por violencia familiar, como sucedió en
el caso del alcalde del distrito Mariano Melgar en Arequipa, Percy Luis Cornejo
Barragán.
En los últimos años ha habido un
incremento en el presupuesto del Estado para temas de violencia, también se ha
implementado la Reforma Política con Igualdad de Género, se están creando más
centros para la atención de estos casos. Sin embargo, queda claro que no sólo
se trata de atender la emergencia sino que se tiene que trabajar en la correcta
ejecución y el eficaz procesamiento de los casos, entendiendo que la prevención
del problema y el acompañamiento adecuado a las víctimas deben tener la misma
prioridad que la sanción a los agresores.
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