Los Grupos “El Comercio”, “La República” y RPP cada vez pierden más credibilidad, audiencia y tiraje.
La democracia descansa en la separación de poderes, lo que implica que la administración de justicia no está sujeta a presiones políticas o a la presión mediática instrumentada por los medios de comunicación vinculados a grupos empresariales asociados con empresas extranjeras. En el Perú se ha hecho evidente la judicialización de la política, impulsada en especial por el Instituto de Defensa Legal y su director ejecutivo Gustavo Gorriti.
La empresa Odebrecht vinculada al “club de la
construcción” y a la empresa “Graña y Montero”, lograron hacerse de
la ejecución de decenas de obras públicas en todo el país.
Paralelamente los grupos “El Comercio, La República y
RPP eran receptoras de generosas transferencias del estado, bajo la
modalidad de “publicidad estatal”. A la par con recursos procedentes de
la cooperación internacional, han sido solventados organismos no
gubernamentales vinculados entre si, que comparten la misma agenda política y
que de modo especial han sido funcionales a salvaguardar los intereses de la
constructora brasilera Odebrecht.
Si en el pasado Vladimiro Montesinos entregaba sumas
millonarias de dinero en efectivo, en la salita del SIN; en los últimos
años los grandes medios de comunicación han sobrevivido con la inyección de
recursos públicos. El Acuerdo de Colaboración Eficaz suscrito entre el
Ministerio Público y Odebrecht, se ha convertido virtualmente en un “secreto
de Estado” y el Equipo Especial Lava Jato liderado por los fiscales Rafael
Vela Barba y José Domingo Pérez, se convirtieron gracias a los medios de la
gran prensa, en adalides de la lucha anticorrupción.
Gustavo Gorriti ha tratado de mostrarse como un
periodista de investigación: sin embargo, no es sino un operador político de
Odebrecht que, desde hace varios años, en especial desde el 2018, se ha
convertido en el “censor de la vida nacional” y vocero de la empresa
Odebrecht, señalando en todo momento que la constructora brasileña tenía el
derecho de “rehabilitarse”, pagar una penalidad y acto seguido, seguir
contratando con el estado.
Desde mediados del 2018, cuando Martín Vizcarra ejercía
la presidencia de la República, se puso en práctica un conjunto de acciones,
bajo la conducción de Gustavo Gorriti. Cuando aún se desarrollaba el mundial de
futbol Rusia 2018 y días después que la selección peruana fuera eliminada de la
competencia mundialista; día y noche en los medios de comunicación en los
medios de comunicación adscritos a los grupos “El Comercio”, “La República”
y RPP se propalaban los audios que fueron presentados como prueba
contundente, de que existía una organización criminal, de la que formaban parte
el presidente de la Corte Superior del Callao, el vocal supremo Cesar
Hinostroza e incluso el entonces fiscal supremo Pedro Chávarry.
Luego de haber transcurrido más de cinco años y en
función de una investigación fiscal impulsada durante la gestión de la Fiscal
de la Nación Patricia Benavides, el país toma conocimiento de cómo fue
frustrada una diligencia fiscal en las oficinas del Instituto de Defensa Legal
.Las imágenes que el país ha conocido en los últimos días acreditan
fehacientemente la manera como el señor Gustavo Gorriti hace gala de su poder e
influencia, logrando que el propio Fiscal de la Nación en ejercicio Pablo
Sánchez a través de una llamada telefónica ‘conminatoria ’presione al
fiscal a cargo de la diligencia, con el claro propósito de que se suspenda la
diligencia fiscal, que no constituía ningún acto arbitrario ,inconstitucional o
ilegal.
Gustavo Gorriti logro su objetivo y siguió desarrollando
sus acciones con el objetivo de poner fin a la carrera de los integrantes del
Consejo Nacional de la Magistratura. Se genero una crisis política, meses
después (diciembre 2018) se realizaría un referéndum auspiciado por Martín
Vizcarra. La elección de Pedro Chavarry como Fiscal de la Nación fue
cuestionada por Martín Vizcarra. Los fiscales Vela Barba y Pérez fueron
‘endiosados’ por los grandes medios de comunicación.
En el plano judicial y mediático, la ‘coalición
vizcarrista’ se fortalecía con la detención de Keiko Fujimori en octubre
2018 y la orden judicial que decreto el impedimento de salida del país del ex
presidente Alan García en noviembre de 2018. Gustavo Gorriti consolidaba su
poder, siendo evidente su respaldo político a Martín Vizcarra. Cuando el Fiscal de la Nación Pedro Chavarry
decide remover a los fiscales Vela Barba y Pérez, el propio Vizcarra vuelve
apresuradamente de Brasilia para expresar su respaldo a los fiscales removidos.
Es evidente que Odebrecht no podía aceptar la remoción de los fiscales que se
negaban hacer de conocimiento público los alcances de los Acuerdos de
Colaboración Eficaz.
Gustavo Gorriti en la diligencia fiscal que se frusto
(2018) en las oficinas de IDL, estuvo acompañado por la periodista y abogada
Rosa María Palacios, que siempre ha actuado y respaldado las acciones de
Gustavo Gorriti. No hay que olvidar que el Instituto de Defensa Legal, quien
público (noviembre 2018) como primicia el supuesto pago por parte de Odebrecht
al presidente García, luego de que el ex jefe de estado dictara una conferencia
en Sao Paulo. El juez dicto la orden de
impedimento de salida del país de Alan García a solicitud del Ministerio
Público (Fiscal José Domingo Pérez) amparándose en el supuesto pago ilícito por
el dictado de una Conferencia ante empresarios brasileros.
En los últimos años, Gustavo Gorriti ha incriminado,
denunciado y señalado responsabilidades con total libertad y osadía; sin
embargo, hoy guarda silencio y no es capaz de asumir su propia defensa. Gorriti
es un “intocable” y ha tratado en todo momento de dar lecciones de
probidad y moral. Gorriti y Palacios no están unidos por ideales superiores,
sino por ciertos intereses, por ello Palacios agradeció al gobierno de Uruguay
cuando decidió no conocerle asilo al presidente Alan García.
Del mismo modo el 17 abril 2019, cuando los “esbirros
de la DIVIAC” acompañaron al fiscal para cumplir con la orden de
detención preliminar del expresidente García por 10 días fue Palacios quien,
bastante antes de ejecutarse la diligencia, ofreció la primicia en las redes
sociales. La muerte de Alan García seria aparentemente lamentada, unos días
después por el propio Gorriti a través de IDL Radio señalando que “si
hubiera conocido del estado emocional” que afrontaba el expresidente
García le hubiera “concedido una tregua”. La detención de Alan García o
precipitar la muerte del expresidente eran escenarios posibles, los mismos que
fueron esperados con expectativa por Martín Vizcarra y el Consejo de ministros
en pleno, reunidos a una hora inusual en Palacio de Gobierno.
El vacado expresidente Vizcarra hoy tiene mandato
judicial de impedimento de salida del país y seguramente será sentenciando por
los graves ilícitos penales cometidos en su condición de Gobernador de Moquegua
y presidente de la Republica. Hoy, Gorriti ve desvanecer su inmenso poder, a
pesar de que como operador político de Odebrecht ha logrado que la Junta
Nacional de Justicia suspenda temporalmente por seis meses a la Fiscal de la
Nación Patricia Benavides.
Existe una verdadera organización criminal dispuesta a
proteger a Odebrecht, empresa cuyos directivos gozaron de todo tipo de
protección legal, a cambio de ofrecer información supuestamente cierta sobre el
pago de comisiones en apenas cuatro obras.
Odebrecht pudo vender la Hidroeléctrica de Chaglla,se le
exonero del pago de una deuda millonaria deuda tributaria, sus oficinas no
fueron allanadas, sus cuentes bancarias no fueron embargadas y sus directivos
siempre gozaron de impunidad.
La “trama de Odebrecht”, aún no ha concluido, hoy
la batalla legal se libra entre la Junta Nacional de Justicia y la ex Fiscal de
la Nación Patricia Benavides. Si en el 2018, Gorriti logro sus objetivos
políticos; hoy es poco probable que logre sus propósitos.
El Acuerdo de Colaboración Eficaz debe ser hecho de
conocimiento público. La JNJ debe iniciar investigaciones contra el Fiscal
Supremo Carlos Sánchez quien impidió la realización de una diligencia fiscal en
las oficinas del Instituto de Defensa Legal en 2018.
Gorriti está más cerca al abismo y al oprobio,
demostrando que su papel de “guardaespaldas” de Alejandro Toledo, mentor
y receptor de la Cooperación Internacional y operador político de Odebrecht,
son poco ante una imagen mellada por la comisión de acciones e ilícitos, que
tarde o temprano lo obligaran a comparecer ante el Ministerio Público y Poder
Judicial.
En medio de todo, los Grupos El Comercio, La República y RPP cada vez pierden más credibilidad, audiencia y tiraje. Ni los fiscales inmerecidamente elogiados, ni los medios de comunicación alicaídos podrán hacer algo por Gorriti, cuando llegue el momento de dar cuentas a la justicia. Si Vladimiro Montesinos tuvo su ocaso en el pasado, seguramente el poder acumulado por Gorriti se desvanecerá con el tiempo.
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