POR CASO DE DESIGNACIONES DEL 2023: POLANSKI Y FUNCIONARIOS EN MANOS DE LA JUSTICIA


* Presidente del Frente de Defensa de la provincia de Ferreñafe exige a la Contraloría General de la Republica iniciar acciones en contra de las autoridades por los delitos de omisión de funciones y nombramiento ilegal del cargo en lo que va de esta gestión.

* En el municipio tenían conocimiento de estas irregularidades y demoraron en iniciar acciones correctivas.

Nuevamente el cuestionado alcalde de la provincia de Ferreñafe Polanski Carmona Cruz vuelve a estar en la mira del Ministerio Público esta vez ha sido denunciado por el presidente del Frente de Defensa de los intereses de la provincia de Ferreñafe Martin Carrillo de la Cruz, quien ha reiterado un pedido a la Contraloría General de la Republica para que tome acciones sobre cómo fueron designados los funcionarios de confianza en lo que va de su mandato.

La denuncia se sustenta en el informe N°17-2024 que se elaboró entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2023.

El burgomaestre Polanski Carmona Cruz designo a Aldo Marino Cornejo Casana como gerente de Asesoría Jurídica y, luego como secretario general de la comuna ferreñafana.

Asimismo, contrató a Humberto Martin Ruiz Ruiz como gerente de Asesoría Jurídica. Pero ambos postulantes no reunían los requisitos para esas labores.

También se hizo algo similar con Pablo Javier Diaz Zeña, designado como jefe de la Unidad de Recursos Humanos, pese a que no reunía los requisitos.

Martin Carrillo, presidente del Frente de Defensa de Ferreñafe, señaló que desde la comisión de delitos de nombramiento y aceptación indebida para cargos públicos y omisión de funciones en la Municipalidad Provincial de Ferreñafe ha transcurrido más de año y medio, y el alcalde hizo caso omiso a los reiterados pedidos del consejo.

Carrillo añadió que el mismo problema se da en la Fiscalía, pese a que tiene como fin el velar por la legalidad y respeto al estado de derecho.

“En la más descarado impunidad, este luctuoso hecho se expresa en el tiempo transcurrido, sino que la omisión de funciones en que presuntamente habría incurrido la exalcaldesa y representantes de la Procuraduría Publica”, afirmó.

La omisión de funciones se concretó porque se lesionó los intereses del Estado en relación a la necesidad de cumplir eficazmente la función pública, porque la ley exige que la administración pública no se vea afectada por la inercia dolosa del funcionario público.

La voluminosa documentación ha puesto en evidencia que los cargos directivos públicos de libre designación y remoción del segundo nivel organizacional (gerentes de Asesoría Jurídica y gerente de secretaria general) fueron designados en dichos cargos sin cumplir con los requisitos correspondientes establecidos en el Reglamento de la Ley N°31419,que establece disposiciones para garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública de funcionarios y directivos de libre designación y remoción. No se les requirió el “Anexo N°02” de no tener impedimentos para ser designados.

También las personas designadas aceptaron los cargos voluntariamente a pesar de que no cumplían con los requisitos legales para ser desempeñados.

ALCALDE BUSCA NULIDAD DE INVESTIGACIÓN

Fiscal acusa a imputados por la presunta Colusión.

Polanski Carmona apelo lo emanado por el Primer Juzgado Constitucional que rechazo la acción de amparo en la cual se solicitaba el archivo la investigación que se le sigue en el Ministerio Público.

Según fuentes de la Fiscalía, el tribunal desestimo el pedido del cuestionado alcalde, en donde la fiscal Ana Zegarra Azula lo investiga en el expediente N°861-2024 ante el Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria por la presunta comisión del delito de Colusión agravada.

El juez Carlos Diez Canseco Solano, del Primer Juzgado Constitucional, refirió que la vía legal para impugnar la investigación que le sigue a Carmona y coimputados es una tutela de derechos, dado a que el alcalde considera que no hay pruebas en su contra.

Cabe indicar que Carmona fue detenido preliminarmente por 7 días, el mismo que incluía el allanamiento, descerraje e incautación en los inmuebles de los imputados en cinco localidades.








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