
(Andina) La Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional revocó la
disposición judicial de primera instancia que prohibía la venta o transferencia
por parte de la empresa Constructora Norberto Odebrecht de sus activos que
mantiene en las concesionarias Trasvase Olmos y H2Olmos.
De esa manera, el colegiado declaró infundada la medida de
inhibición presentada inicialmente por la exprocuradora Katherine Ampuero, con
motivo de la investigación contra el expresidente Alejandro Toledo y otros por
la presunta comisión del delito de lavado de activos en agravio del Estado.
La revocación de la medida dispuesta en julio pasado por el
Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional fue solicitada por la
defensa legal de la firma brasileña, así como por la Fiscalía y la Procuraduría
Ad Hoc del caso Odebrecht a cargo de Jorge Ramírez Ramírez.
Desaceleraría
inversiones
El colegiado sostiene que la medida de inhibición para este
caso concreto no es la más apta para alcanzar el pago de la reparación civil y
que, de mantenerse, generaría como consecuencia una desaceleración de las
inversiones en el Perú, la probabilidad de truncar los beneficios sociales del
proyecto con riesgo a paralizar su regular ejecución, así como la ruptura de la
cadena de pagos, temas que el D.U. N° 003-2017 deben de tenerse en cuenta.
Señala también que el fallo en primera instancia soslayó las
consecuencias colaterales negativas de orden económico y social para el país,
además de colisionar con el artículo 58 de la Constitución.
Perjudicaba
reparación civil
Durante la audiencia, realizada en agosto pasado, las partes
coincidieron en recalcar que lo dictado en primera instancia perjudica el pago
de la reparación civil a favor del Estado por parte de Odebrecht, empresa
investigada en nuestro país por actos de corrupción en la licitación de obras
públicas.
Recordemos, que la Procuraduría Ad Hoc, bajo la dirección de
Ramírez Ramírez, cambio su postura en este caso, pues primigeniamente esta
entidad demandó la inhibición de Odebrecht en las ventas y/o transferencia de
activos de las mencionadas empresas concesionarias.
El tribunal la preside la jueza Edita Condori Fernández e
integran los magistrados Sonia Torre Muñoz y Rómulo Carcausto Calla.
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