“Con lo que tiene la Fiscalía es suficiente para denunciar y
pedir la detención de Martha Huatay. No hay ningún impedimento, ni
incompatibilidad para solicitar su detención; consideramos que debería formular
denuncia”, sostuvo.
En declaraciones a la Agencia Andina, precisó que Óscar
Alberto Ramírez Durand, “Feliciano”, ratificó ante la Fiscalía que Martha
Huatay debió conocer sobre el atentado en la calle Tarata, por su condición de
responsable de Socorro Popular.
“’Feliciano’ ratificó lo que dijo en el juicio oral sobre
que ella (Martha Huatay) debió conocer porque reemplazo a Yovanka Pardevé desde
1991”, apuntó.
El atentado en la cuadra 2 de la calle Tarata, en
Miraflores, se perpetró el 16 de julio de 1992. Un coche bomba estalló cerca de
un departamento multifamiliar causando la muerte de 25 personas y otras 200
resultaron heridas.
Ruiz indicó que Martha Huatay, detenida en octubre de 1992,
estaba libre cuando ocurrió el criminal ataque.
En base a esas consideraciones, en opinión de la
Procuraduría, corresponde denunciarla por este caso y ordenar su detención.
“No tiene domicilio conocido ni trabajo, hay dudas sobre su
reputación, eso es peligroso, pero corresponde a la Fiscalía formular la
denuncia”, comentó.
Refirió que tras la declaración de “Feliciano”, en setiembre
de 2017, la Fiscalía abrió una
investigación contra Huatay, que la Procuraduría respalda, y que está abierta y
en curso en el ámbito fiscal.
No se incluyó a Huatay en el proceso a Abimael Guzmán por
este caso, dado que este proceso está en la etapa de juicio oral en el Poder
Judicial.
La máxima condena
El procurador, asimismo, consideró desafortunada la
excarcelación de Martha Huatay, pero dijo que es lo que corresponde, dado que
hoy cumple una condena a 25 años de cárcel, la máxima pena prevista en la ley
para el delito de terrorismo agravado.
“A nadie le gusta que salga libre, ella fue condenada a 25
años de cárcel por el delito de terrorismo y no a cadena perpetua. En el
megaproceso a la cúpula senderista no se probó que Huatay fuera miembro del
Comité Central, pero sí responsable de Socorro Popular”, refirió.
La Fiscalía, en ese entonces, según explicó, le atribuyó
hechos cometidos desde 1980 hasta 1991, como atentados, aniquilamientos
selectivos y asesinatos hasta el 1991. La ley vigente hasta ese entonces
imponía como máximo una pena de 25 años.
Otra de las responsabilidad que tuvo Huatay, de acuerdo al
procurador, es la asesoría legal a la cúpula senderista y la defensa legal de
los acusados por delitos de terrorismo. Su cercanía con Abimael Guzmán y el
Comité Central de Sendero Luminoso esta probada con su participación en el
velorio de Augusta la Torre, esposa de Guzmán.
Por todo ello, Ruiz consideró que corresponde a los órganos
de inteligencia estar atentos a las actividades de la senderista que sale en
libertad.
"De ella y de todos los senderistas que salen de
prisión, todos ellos deben cumplir con la ley, si vuelven a las andanzas, si
abren la boca para justificar, enaltecer a los demás condenados por terrorismo,
serán denunciados y volverán a ir a la prisión", apuntó.

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