- “Fuerza Popular
ejerce su poder, pero no principalmente para legislar y fiscalizar”.
(ElComercio) El país eligió a Fuerza Popular como partido mayoritario en el Congreso. Lo eligió para legislar y fiscalizar.
Fuerza
Popular ejerce su poder, pero no principalmente para legislar y
fiscalizar. A más de un año de gestión, no hay nueva legislación importante.
¿Dónde está la reforma penal que el país necesita a gritos?
¿Dónde la reforma institucional para enfrentar la corrupción? ¿En qué ley se ha
reflejado un cambio en relación con el Consejo Nacional de la Magistratura, por
ejemplo?
En cuanto
a reforma legislativa, Fuerza Popular no ha hecho nada.
En cuanto
a la tarea de fiscalizar, el fujimorismo tampoco brilla por sus méritos. El
congresista Daniel
Salaverry, por ejemplo, ha lanzado una iniciativa de acusación constitucional
contra el fiscal de la Nación, Pablo
Sánchez.
Una
acusación constitucional se dirige contra muy altos funcionarios. Se hace “por
infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de
sus funciones…” (Const., art. 99).
No es “porque me da la gana”. Es por infracción
constitucional o delito.
El señor
Salaverry, ¿encontró una cuenta
bancaria de Pablo Sánchez conectada con Odebrecht? ¿Detectó que este había
manipulado un audio en un proceso para mentir?
Salaverry
considera que Sánchez omitió acciones investigatorias contra las empresas
consorciadas con Odebrecht. Se refiere a Graña y Montero, vinculada con la
familia propietaria del diario El Comercio.
La
acusación de Salaverry se hizo antes de conocerse el testimonio de Marcelo
Odebrecht, en Brasil.
Salaverry
no aportó un solo dato concreto sobre la supuesta omisión del Ministerio
Público. No dijo qué plazo de investigación se venció, qué ley se vulneró, qué
delito cometió en relación con qué carpeta fiscal.
Lo de
Salaverry es infantil, absurdo y flagrante. La bancada fujimorista apoyó su
iniciativa.
La
acusación constitucional es una institución valiosa en el Estado de derecho.
Por eso mismo, debe recurrirse a ella de manera seria y responsable.
La
iniciativa del señor Salaverry es pobre. El apoyo de la bancada es una
confesión de parte sobre el estándar de fiscalización que suscribe.
Fuerza Popular no
legisla bien ni fiscaliza bien. ¿Qué hace, entonces? Usa el mandato que se le dio en
otra cosa.
Las
confesiones de Marcelo Odebrecht hechas a fiscales en Brasil pueden dar una
pista. Odebrecht reconoce que quiso financiar la campaña de Fuerza
Popular del 2011.
¿Quiere el fujimorismo amedrentar al fiscal de la Nación en
relación con esta investigación? ¿Quiere el fujimorismo que se detenga la
investigación sobre esos supuestos aportes?
La
señora Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, ha dicho que va
a denunciar penalmente al diario El Comercio por difamación.
Se refiere, justamente, a las revelaciones periodísticas sobre el testimonio de
Marcelo Odebrecht.
El
fujimorismo, ¿no tiene nada que
ocultar? ¿Le da lo mismo quién dirija la fiscalía? Si fuera así, ¿por qué hacer
ruido sobre una insostenible acusación constitucional contra el fiscal de la
Nación?
¿Para eso usan la representación que se les dio?
Este grupo político quiere llegar a la
Presidencia de la República. ¿Cómo se manejaría en
cuanto a investigaciones fiscales o revelaciones periodísticas?
Fuerza
Popular no hace uso del mandato representativo para legislar o
fiscalizar responsablemente. Hace uso de ese poder para enfrentar a quienes
quieren saber de sus actividades, sean estos autoridades o medios de
comunicación.
La
acusación contra Pablo Sánchez es una muestra clara de cómo quiere ejercer el
poder Fuerza Popular. La amenaza de denuncia penal contra El
Comercio revela con qué tipo de estado emocional se pretende gobernar.
Mientras,
pasa el tiempo. Pasa el tiempo, y el Perú sigue sin reforma administrativa, sin
reforma penal, sin reforma institucional, sin reforma judicial, sin reforma
laboral, sin reforma económica.
Cuando los
políticos se disparan a los pies, es clara señal de que han perdido contacto
con la realidad. Eso suele suceder con quien cree que el poder conferido es
suyo, omnímodo y eterno.
El mal uso
del poder lo desgasta. El país reclama urgente atención ante sus necesidades.
Acusar al
que investiga es una mala táctica. Deja en evidencia el temor, no la inocencia;
muestra el alcance de la prepotencia, no del poder legítimamente ejercido.
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