Foto: Andina |
Precisó que las
denuncias presentadas por la bancada de Fuerza Popular y la legisladora no
agrupada, Yeni Vilcatoma, implican “un retorno a la edad de piedra”, luego de
lo avanzado desde el año 2000.
“Todo esto no es algo que se han inventado ahora, es la
reiteración de una forma de presión a la democracia que ya se utilizó en el
Perú hace más de 20 años y es lo que se utiliza hoy en otras partes del mundo
como Venezuela y Polonia”, señaló a la agencia Andina.
García Sayán manifestó que estas acciones buscan lograr
eliminar un sistema de control institucional y descabezar la entidad que
persigue el delito en el país.
“Además, contra instituciones que están desempeñando una
labor siempre perfectible, pero independiente. Entonces, asumir que hay validez
en estas denuncias, que mas bien tienen un evidente propósito político, sería
un error”, refirió.
Sobre la denuncia contra los integrantes del TC, María
Ledesma, Carlos Ramos, Manuel Miranda y Eloy Espinosa, dijo que un magistrado
“no puede ser sancionado constitucionalmente por sus votos”.
“Uno puede estar a favor o en contra de cómo resolvió un
magistrado, pero eso no lo hace punible de una sanción constitucional y mucho
menos de destitución, pero lo que evidentemente está detrás es el propósito de
no tener un órgano de control constitucional independiente”, señaló.
En ese sentido, explicó que es evidente que ambas denuncias
constitucionales no solo van contra estas personas, sino que afectan a todo el
sistema democrático.
“El Perú está viviendo uno de los momentos más delicados y
graves que se han vivido después de todos los años de reconstrucción
democrática y que costaron tanto esfuerzo al país y que tanto éxito ha tenido
para tener estabilidad constitucional e institucional y avanzar en estándares
democráticos sin precedentes en la historia nacional”, sostuvo.
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