- La
convocatoria a elecciones regionales y municipales está próxima y pocos en Lima
se han preocupado de ello.
(ElComercio) Mientras
la vida política de la capital permanece agitada y con la resaca de un
tumultuoso período de fiestas, esta semana se cumple el plazo para que las
organizaciones políticas que quieran participar en las elecciones
regionales y municipales de octubre se inscriban en el Registro de
Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones. Los partidos de
aspiraciones regionales deberán luego presentar una fórmula de candidatos a
gobernador, vicegobernador y miembros del consejo regional.
El largo
proceso de descentralización ha traído el acercamiento de la política y de las
decisiones públicas a la población de todo el país, y eso es positivo. Sin
embargo, también se ha encontrado con varios retos. Uno de ellos es la
capacidad y calidad de ejecución de la obra pública. El año pasado, las autoridades
regionales y localesfueron responsables por más de S/29 mil millones del
presupuesto nacional para inversiones. Diez años antes, esta cifra apenas
llegaba a los S/10 mil millones.
Sin
embargo, durante el 2017, los gobiernos regionales en conjunto
ejecutaron apenas el 65% del presupuesto de inversión, y cinco de ellos no llegaron
al 50%. En comparación, en el gobierno nacional –básicamente
ministerios– el ratio de ejecución fue poco más de 80%. En parte por este
motivo y por las necesidades de la reconstrucción del norte, el presupuesto del
2018 tiene una reasignación de parte del gasto hacia el gobierno
nacional.
Aparte de
la capacidad de ejecución, otro reto fundamental de los votantes en las
siguientes elecciones es el freno a la corrupción. Según la
Unidad de Análisis de Información de la Procuraduría Especializada en Delitos
de Corrupción, en todas las regiones existen gobernadores y ex gobernadores con
procesos por corrupción en la fiscalía y en el Poder Judicial. A junio del año
pasado, había además 270 procesos contra alcaldes provinciales y 782 contra
alcaldes distritales.
En este
contexto, ¿cómo se perfilan las próximas
elecciones de
octubre?
Si las
trayectorias de los candidatos a gobernadores regional es son
preámbulo, la situación es preocupante. Hace poco más de una semana este Diario
publicó un informe en el que daba cuenta de los posibles postulantes en nueve
regiones. Entre ellos se encontraban simpatizantes de la minería ilegal,
denunciados por alteración del ambiente (contaminación), acusados por
corrupción y por apropiación ilícita de aportes, condenados por peculado, etc.
Hay, así, pocos motivos para pensar que la elección de este año tendrá mejores
resultados que la elección del 2014.
El Congreso sesiono para discutir la ley que
impida la postulación de sentenciados por delitos de terrorismo, narcotráfico,
corrupción y violación sexual. No obstante, los plazos son demasiado ajustados.
Según la asociación civil Transparencia, “si hasta el 10 de
enero esta ley no ha sido publicada [en “El Peruano”], no será aplicable en
las elecciones del
2018”.
En otras palabras, luego de un ciclo de cuatro años para mejorar el sistema de elecciones regionales y locales, el Congreso debate hasta el último día posible –quizá infructuosamente– una reforma a lo mejor parcial. Sobre los otros problemas del proceso electoral próximo –falta de representatividad de los partidos locales, fiscalización del financiamiento de campaña, democracia interna, etc.–, se hizo poco o nada.
En otras palabras, luego de un ciclo de cuatro años para mejorar el sistema de elecciones regionales y locales, el Congreso debate hasta el último día posible –quizá infructuosamente– una reforma a lo mejor parcial. Sobre los otros problemas del proceso electoral próximo –falta de representatividad de los partidos locales, fiscalización del financiamiento de campaña, democracia interna, etc.–, se hizo poco o nada.
Así,
mientras la ciudad capital aparece sumida en la coyuntura política que se gestó
a finales del año pasado, en el resto del país la vida política avanza
velozmente y a espaldas de muchos –incluidas, aparentemente, de las autoridades
legislativas responsables del proceso–. Si en cuatro años las cifras de
ineficiencia y corrupción locales permanecen iguales o peores que hoy, los
votantes no serán los únicos responsables.
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