Velásquez, miembro de la bancada del Apra, insistió en la
necesidad de que el Estado regule ese tema, y desestimó las críticas en contra
de la propuesta para establecer un control de precios.
Según explicó, las medicinas tienen una relación directa con
la vida y la integridad de las personas y, en ese sentido, lamentó que millones
de peruanos de escasos recursos económicos no tengan la posibilidad de acceder
a medicamentos que podrían salvarles la vida.
“Nosotros no queremos decir cuánto va a costar una antalgina,
lo queremos hacer es establecer criterios de precios”, manifestó.
¡Buscamos precios justos¡ Hoy presentaré el proyecto de ley para regular el precio de medicamentos básicos en el Perú; las medicinas tienen una relación directa en la vida e integridad. No se trata de la cerveza o el cigarro y ya existen modelos similares en la región. pic.twitter.com/3ghYkAdrcE— Javier Velásquez Quesquén (@JVelasquezQ) 31 de enero de 2018
Explicó que hay modelos similares en la región, como en
Colombia, así como en otras latitudes, como en el caso del Reino Unido, donde
-aseguró- hay criterios para establecer el control de precios de medicamentos.
Aseguró, en ese marco, estar buscando modelos que puedan
replicarse en el Perú a fin de garantizar el derecho de los ciudadanos de
acceder a medicinas a un precio razonable.
Otro argumento que esgrimió es lo señalado por el artículo
65 de la Constitución, según el cual, el Estado tiene la obligación de velar
por la salud y la seguridad de la población.
El último fin de semana se conoció que el grupo empresarial
Intercorp, propietario de la cadena de farmacias Inkafarma, adquirió el 100% de
las acciones de la empresa Quicorp,, dueña de las farmacias Mifarma, BTL y
Fasa.
Según los críticos de la compra, este grupo empresarial
concentraría la propiedad de la mayoría de cadenas farmacéuticas en el Perú,
hecho que representa riesgo de abuso de posición de dominio en el mercado y de
encarecimiento de medicinas.
El Ministerio de Salud advirtió que esta posición de dominio
en el mercado representaría un potencial riesgo para los usuarios.
Asimismo, el Ministerio de Economía expresó su disposición a
colaborar con cualquier iniciativa que contribuya a preservar los intereses de
los ciudadanos en este tema.
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