En
mayor o menor medida, ha sido una práctica constante permitida por autoridades
corruptas en el financiamiento de los proyectos de la Interoceánica, Olmos,
Chaglla, los peajes de Lima…
¿Cuánto ha invertido la constructora brasileña Odebrecht
y su consorciada peruana Graña y Montero en la ejecución fallida de la
tercera etapa del proyecto agroenergético Chavimochic III?
(Expreso) Esa es
la pregunta precisa que debió responder en su momento tanto la Comisión Lava
Jato del Congreso, como las entidades de control y de la Fiscalía de la Nación.
Lo
único que está claro, incluido en los resúmenes de la mencionada comisión
congresal, son las partidas con las cuales el Estado debía retribuir los
avances de obra logrados por la concesionaria con dinero de todos los peruanos,
conseguidos mediante dos operaciones de endeudamiento externo en la Corporación
Andina de Fomento (CAF).
Desde
el 4 de mayo de 2014 en que se firma el contrato con la Concesionaria Chavimochic
SAC, conformada por dos empresas de Odebrecht y Graña y Montero, esta última
con 26 % del accionariado, el monto referencial del financiamiento fue
definido en un “marco referencial” de US$ 715’447,020.00.
De este
monto, el Estado solventaría la cifra de US$ 373’813,112.00 a través del
gobierno regional de La Libertad, y el aporte privado del concesionario fue
establecido en US$ 341’633,908.00 para la segunda etapa.
De este
última cifra, la verdad sea dicha, Odebrecht y su socia local Graña y Montero
no pusieron ni un dólar o ni un sol en la obra propiamente dicha.
Los más
de 341 millones de dólares estaban allí para el marketing político y mediático
o para insumo de los gurúes que, año tras año, desfilan en las reuniones
anuales de ejecutivos de la CADE hablando de las bondades de la inversión
privada y de las asociaciones público privadas (APP).
Como hemos leído y releído el informe final de
la Comisión Lava Jato y no encontramos la cifra precisa de aporte
de la concesionaria, recurrimos al legislador Víctor Andrés García
Belaunde (AP).
Y él se
encargó de confirmar nuestras sospechas: “Su aporte ha sido cero, no han puesto
ni un sol”, fue su respuesta después de revisar la información técnica que
maneja como integrante de la Comisión Investigadora Multipartidaria que se
encargó de investigar las concesiones, obras y proyectos adjudicados a las empresas
brasileñas Odebrecht, Camargo Correa, OAS, Andrade Gutierrez, Queiroz Galvao
y otras que firmaron contratos con el Estado peruano.
Para
reconfirmar nuestras sospechas, porque parecidos eran los esquemas de
financiamiento en las Intereoceánicas, Olmos y Chaglla, incluidos los peajes de
Lima, tomamos contacto con la titular de la Comisión Lava Jato,
Rosa María Bartra (FP), y su respuesta no desmintió nuestras sospechas. Sólo
guardó silencio por entrar en semana de representación.
LAS PISTAS
Al
final de cuentas esta es la paradoja: la concesionaria trabaja con nuestra
plata, mejor dicho con la deuda que todos los peruanos pagamos al exterior y
que debe estar consignada en las cifras globales de las leyes anuales de
presupuesto y de endeudamiento; es decir administran nuestros recursos con el
que pagan las obras y el personal de Chavimochic III y también su expertise.
¿Cuál es entonces la “inversión privada””
que pone el concesionario? Nada de su bolsillo o de sus créditos
nacionales o extranjeros sino de nuestro dinero del fisco que sale, según el
contrato de concesión, por una serie de obligaciones de pago a los señores de
Odebrecht y Graña y Montero, como detallamos a continuación.
Ellas
están en la página 990 del referido informe final del Congreso donde hay un
esquema que da la pista del supuesto “aporte privado” de la concesionaria. Y no
es otra cosa que los diferentes mecanismos de pago que le deben depositar las
autoridades regionales a nombre del Estado por la “recuperación de [sus]
inversiones”.
Nos
referimos en primer lugar a la “Retribución
Anual máxima por recuperación de inversiones del concesionario”, más
conocida como RPI, cuyo monto anual –según el contrato firmado– sería hasta US$
39’478,715.00.
Otro
ítem acordado, siempre por contrato, es la “Retribución
Anual máxima por operación y mantenimiento”, cuya cifra anual sería hasta
de US$ 10’311,777.00.
Asimismo
una “Garantía Soberana” por una
cantidad no precisada y finalmente otro pago por concepto de “Fondo de reserva”
que debería depositar la región La Libertad en el fideicomiso de la concesión
“por un monto anual de US$ 8’000,000.00”.
La suma
que deberíamos pagar cada año los peruanos, aparte del monto no precisado de
“garantía soberana”, sería por alrededor de US$ 57’790,492.
Y como
el contrato es por 25 años de vigencia, tendríamos una hipotética suma de US$
1,444’762,300.00, esto sin que las empresas Norberto Odebrecht SA, Odebrecht
Partipacoes e Investimentos, y Graña y Montero S.A.A., hayan invertido nada,
más allá de su ‘expertise’.
ACTAS DELATORAS
¿Cuánto ha puesto Graña y Montero en
Chavimochic III según confesión propia?
Ese dato está en el “Acta de Junta General de Accionistas de Graña y Montero SAA”, de
fecha 28 de febrero de 2017, donde consignan que “nuestra inversión en el
mencionado proyecto –a la fecha– asciende a la suma aproximada de USD 8.6MM
[millones] en calidad Capital Social”.
“Adicionalmente, la Concesionaria ha
emitido una Carta Fianza de Fiel Cumplimiento por la suma de USD 35.7MM (de los
cuales aproximadamente USD 9.5 MM corresponden a Graña y Montero S.A.A.)”.
Así
está en blanco y negro en la página 334 del libro de actas de dicha
constructora legalizado por el notario Eduardo Laos de Lama.
Es decir,
su aporte en inversiones en Chavimochic es el “capital social” que plasmó en la
constitución del consorcio, que no es más que una cifra que no implica ningún
aporte de dinero, menos aún para la obra.
Otro “aporte” es la parte que a Graña y
Montero le correspondía apoquinar en la mencionada carta fianza, que tampoco es
una inversión sino dinero muerto que le es devuelto a la concesionaria cuando
entrega la obra.
Para
las confesiones sinceras como la de Graña y Montero los abogados tienen una
frase poco feliz: a confesión de parte, relevo de pruebas.
Abogado de Nadine afirma que se insiste en difamarla
Otra
carta notarial dirigida a este diario por el abogado de Nadine Heredia y su
esposo Ollanta Humala, Wilfredo Pedraza, afirma que nuestras últimas portadas y
algunas imágenes de sus patrocinados son evidencia de que dichas publicaciones
no se limitan a resumir el informe del caso Lava Jato del Congreso sino que
insisten en endilgar “responsabilidades de mis patrocinados que no la tienen”.
Los
hechos anteriores, añade Pedraza,
“afectan su honor, buena reputación e imagen, lo que configura el delito de
difamación previsto en el artículo 132º del Código Penal” que reprime a quienes
lo infringen “con pena privativa de la libertad no menor de uno ni mayor de
tres años…”.
De
forma que los Humala-Heredia se reservan “el
derecho de acudir a la autoridad judicial correspondiente solicitando incluso
las medidas cautelares que correspondan”.
LA REGIÓN
NO ENTREGÓ LOS TERRENOS EXPROPIADOS A CONCESIONARIA
El precio de una improvisación sospechosa
Odebrecht tiene todas las de ganar en arbitraje internacional.
Si el 9
de mayo de 2014 se firmó el contrato de concesión, en el gobierno nacionalista
de Ollanta Humala Tasso, efectivamente por un periodo de 25 años, es decir
prácticamente hasta el 2039, se debería trabajar las obras de la primera fase
de la Tercera Etapa, siempre según el contrato, con la inversión pública de US$
373’813,112.00.
En esta
tercera etapa lo más importante de Chavimochic es la construcción de la presa
de Palo Redondo que asegura el agua en circunstancias en que –por el cambio
climático– hay cada vez menos recurso hídrico.
¿Qué dice Graña y Montero sobre los avances
de obra?
Sobre esta primera fase, que se financia con
desembolsos trimestrales de recursos públicos de los 373 millones de dólares, principalmente
para la Presa Palo Redondo, que surtirá de agua al proyecto, “a la
fecha, se ha ejecutado el 70 % de las Obras de la Primera Fase y están
pendientes de aprobación valorizaciones de la concesionaria por un aproximado
de US$ 16MM (millones de dólares)”.
Estos
datos corresponden a la información del Acta de Junta General de Accionistas de
Graña y Montero SAA de fecha 28 de febrero de 2017.
Las
obras de la segunda fase, referidas principalmente a las obras del canal madre
en el tramo Moche-Chicama-Urricape, que tiene una longitud aproximada de 130
km, financieramente es de responsabilidad exclusiva del concesionario con la
“recuperación de inversiones a través del pago de la remuneración por inversión
(RPI)”.
Pero el
avance es cero, según el informe Lava Jato.
Es así,
según la misma Graña y Montero, porque “para
el inicio de la construcción de las Obras de la Segunda Fase, el Concedente [es
decir la región] debe cumplir con la Entrega de los terrenos, lo que no se ha
cumplido hasta la fecha”.
Se
refiere a las expropiaciones que debían hacerse efectivas en el área de
influencia del proyecto Chavimochic para avanzar en las obras.
Por eso
se ha paralizado la obra, según esta versión, “lo cual está estipulado como un incumplimiento grave de las
obligaciones contractuales del Concedente, siendo esto una causal de caducidad
por causas imputables al Concedente conforme a lo previsto en el literal b),
numeral 111.1, Literal c) de la Cláusula 15.1del Contrato de Concesión”.
¿Qué habría pasado para el abandono de la
obra?
Según los expertos que conocen el tema,
resulta que gobiernos como el de Ollanta Humala firmaron las concesiones “al guerrazo” sin los saneamientos
físicos de los terrenos que debían entregar a Odebrecht y Graña para hacer, por
ejemplo, el citado canal madre.
De
paso, en los proyectos y contratos dejaban vacíos para ser llenados por las
adendas que elevaban el costo de los mismos, como se ha visto en la
Interoceánica y otros, para de esa forma favorecer a las constructoras en
sospechosos actos colusorios.
Entretanto,
esos saneamientos de tierras necesitaban otros presupuestos del fisco, pero
hasta en esto hubo desidia del gobierno regional, en ese momento encabezado por
César Acuña Peralta, motivando que los abogados de Odebrecht plantearan la
resolución del contrato, y, por si fuera poco, demandaran al Estado en un nuevo
arbitraje internacional que empezó el 22 de febrero de 2017 para resolver la
controversia.
Obviamente
tiene todas las de ganar, amén de las penalidades de incumplimiento, sin haber
puesto un sol en la inversión de la obra.
Ni con esas…
Mediante
la Ley 30458, el gobierno de Humala Tasso aprobó, el 14 de junio de 2016, el
financiamiento para la expropiación de las tierras identificadas del proyecto
Chavimochic III, por una partida doble de 50 millones de soles para el 2016 y
otra de 50 millones de soles para el 2017. Ni con esas.
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