(Correo) Aproximadamente pasaron 4 años de vencerse el convenio
firmado con el Sistema Metropolitano de la Solidaridad (Sisol), la actual gestión municipal presentó una demanda de desalojo (del “Paseo de los Héroes de José Olaya”) por ocupante precario.
De acuerdo al expediente N° 1639-2019 del Tercer Juzgado
Civil, la demanda fue interpuesta el pasado 25 de julio contra Abel Eduard
Chavarry Isla, exdirector del Hospital de la Solidaridad y actual director del
Hospital Regional de Lambayeque, y contra Gloria Becerra Corvacho, gerente de
la Municipalidad Metropolitana de Lima; el alcalde Jorge Muñoz Wells, y la
también funcionaria de esta comuna, la procuradora Mariela Gonzáles Espinoza.
Antes de la demanda, el Sistema Metropolitano de la
Solidaridad (Sisol) fue convocada a lograr un acuerdo con el municipio de
Chiclayo, esto no fue favorable y el municipio decidió presentar la demanda de
desalojo argumentando que el convenio firmado con Sisol durante la gestión del
encarcelado exalcalde Roberto Torres Gonzáles venció en 2015.
Según Raúl Porturas
Quijano - Procurador de la MPCH, el Hospital
de la Solidaridad funciona desde entonces sin la autorización correspondiente, además de estar en calidad de ocupantes precarios.
Municipio alega
que no cuentan con licencia de
funcionamiento y tampoco registran algún pago de arbitrios por el terreno
usado por Sisol y donde inicialmente funcionaba el parque Paseo de los Héroes.
La municipalidad solicita el pago de una indemnización por más de S/100,000 por el tiempo que
utilizaron el área sin mantener ningún convenio vigente.
Además, el procurador agregó que otra de las pretensiones es realizar un peritaje, posterior al desalojo,
para determinar los daños provocados en
la superficie, columnas, veredas y otras estructuras del parque Paseo de
los Héroes.
Se tiene pensado solicitar una evaluación -a través del
Ministerio de Salud y la entidad prestadora de los servicios de saneamiento
(Epsel)- sobre los efectos generados en la salud de los vecinos del pueblo
joven José Olaya.
RESIDUOS
BIOCONTAMINANTES
En 2018, Contraloría
emitió informe de acción simultánea que advirtió
deficiencias en el manejo de los residuos biocontaminantes.
Ese año, el órgano de control detectó un inadecuado
almacenamiento de las medicinas, limitaciones en la infraestructura y un
inadecuado manejo de los residuos sólidos.
Además, los vecinos de José Olaya sostienen que el riesgo
permanece por la eliminación de los residuos biocontaminantes.
“No es posible que
veamos inyecciones, placenta y la sangre que botan del hospital. Son dos
meses que el alcalde (Marco Gasco) dijo que iba a dar la firma para que puedan
desalojarlos. En realidad ese es un
parque para nuestros hijos”, mencionó Karen Ordoñez.
Además los pobladores insistieron que el Hospital de La Solidaridad no puede
continuar funcionado a pocos metros del colegio “Abraham Valdelomar” al que
asisten alumnos de los niveles de educación
primaria y secundaria.
Los pobladores también cuestionaron que a pesar de no tener
un convenio vigente con la Municipalidad Provincial de Chiclayo, el hospital de
la Solidaridad aún cuente con el servicio de luz y agua potable.
Tal como reconocieron los funcionarios de la MPCh, el
hospital cuenta con baños portátiles a pesar de que su permanencia se ha
prolongado desde las últimas cuatro gestiones municipales.
Aunque evitaron identificarse, los representantes de Sisol
que ayer acudieron al municipio indicaron que intentarán conversar con los
pobladores de José Olaya.
“Estamos tomando acciones. Sí o sí tienen que irse. Tarde o
temprano. Y tampoco tienen licencia de funcionamiento”, puntualizó el gerente
municipal.
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