EJECUTIVO... Y MINISTRO DEL INTERIOR BRILLAN POR SU AUSENCIA
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| Foto: Internet/Medios |
Malhechores ahora tienen en la mira a autoridades, apedrearon al exministro Daniel Urresti y
asaltaron propiedad de congresistas Lizbeth Robles y Marisa Glave.
(Expreso) El país está secuestrado por la delincuencia y ha puesto al
descubierto que el gobierno del presidente Martín Vizcarra, junto
al titular del Ministerio del Interior (Mininter), Carlos Morán, no saben cómo
actuar frente a esta crisis, que involucra la incapacidad de diferentes
entidades como el Poder Judicial y el Ministerio Público.
La inseguridad no solo tiene como rehén a los ciudadanos de
a pie, pues ahora ha puesto la mira en altas esferas del Estado. La noche del
sábado, José Andrés Olivares Canchari (41), director de Sedapal, fue atacado
por dos criminales de nacionalidad venezolana cuando regresaba a su hogar,
ubicado en la cuadra 2 de la Av. Roca y Boloña (Miraflores).
Después de retornar de un viaje a Estados Unidos, Olivares
se dirigió a su casa, junto a su esposa Karina Giovana Seminario Hurtado (42),
y su bebé de ochos meses en un taxi por aplicativo de placa AY0589.
Cuando llegaron a su destino, descendieron del vehículo y
dos criminales a bordo de una moto lineal los emboscaron con la intención de
arrebatarles sus pertenencias. Los llaneros apuntaron con su arma de fuego a
sus víctimas, sin importar que la fémina tuviera entre sus brazos a su bebé
recién nacido, y lo primero que le quitaron al funcionario público fue su reloj
marca Rolex.
Olivares puso resistencia y clamó para que no les hicieran
daño, que recapacitaran por la presencia del nene. En ese momento, el vigilante
del edificio, identificado como Lulio Arce Selgueron (36), interfirió para
frustrar el atraco, pero desató la ira de los delincuentes que a diestra y
siniestra comenzaron a disparar.
En un abrir y cerrar de ojos, se escucharon más de cinco
proyectiles y gritos de desesperación. Los responsables del ataque decidieron
escapar al ver las consecuencias de sus actos. La escena era desgarradora,
Olivares Canchari terminó con un disparo en el tobillo izquierdo, su esposa con
una perforación en el pie izquierdo y el vigilante con dos balas en el cuerpo,
uno en el abdomen y otro en muslo. Algunos vecinos se asomaron por sus ventanas
y vieron cómo tres cuerpos estaban perdiendo sangre, mientras el bebé lloraba
desconsoladamente.
A las 10:50 p.m., la pareja ingresó a una clínica privada.
En paralelo, el agente de seguridad del edificio fue trasladado al Hospital
Nacional José Casimiro Ulloa, donde su estado es crítico por las lesiones que
tuvo y la cantidad de sangre que perdió.
Según fuentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), los
facinerosos son parte de la organización ´Los malditos relojeros´, integrada
por ciudadanos venezolanos y dedicados a sustraer relojes de cotizadas marcas
para luego venderlas en el mercado negro. Aunque la PNP capturó a nueve de este
peligrosa banda, aún hay cuatro extranjeros que están libres y en plena
identificación.
Ante ello, la unidad de investigación de las fuerzas del
orden investigó quién conducía el taxi por aplicativo (AYO589) a fin de
descubrir si se trataba de un cómplice. El auto color marrón nogal figura como
propiedad de Elías Joel Mendoza Izahuirre (27), pero era conducido por Roberto
Pedro Vargas Mamani (34). Las autoridades continúan indagando este crimen.
Para la opinión pública estos actos delincuenciales no son
novedad, pues sufren diferentes agresiones en la ciudad. Sin embargo, es
evidente que esta crisis se ha desbordado ya que también están siendo afectados
funcionarios públicos.
OTRAS AUTORIDADES
Un hecho similar se registró en Los Olivos, donde el gerente
de seguridad ciudadana del distrito y ex titular del Interior Daniel
Urresti fue agredido por “mafias que cobran cupos a los comerciantes
de la zona”. El exministro fue golpeado con una piedra en la cabeza, que dejó
una herida abierta y tuvo que ser controlada con puntos, mientras dos agentes a
su cargo terminaron con cortes en la pierna y en la mano.
Hay antecedentes conocidos y algunos desconocidos sobre lo
sucedido a otras autoridades y congresistas, incluidos familiares, como el
asalto, en Cañete, al negocio de propiedad de legisladora Lizbeth Robles (C21)
a mediados de diciembre del año pasado. En ese entonces el sobrino de la
parlamentaria resultó herido de bala.
Antes, en mayo de 2017, la congresista Marisa Glave (NP)
quedó impactada por el asalto de la casa de su señora madre, en Miraflores.
Algo parecido sucedió con la progenitora del entonces ministro Milton Von Hesse
en agosto de 2015, y antes con las hijas de los excongresistas Fernando Andrade
y Renzo Reggiardo y el asalto al entonces congresista nacionalista José
Urquizo.
Frente a esta situación, el país se pregunta dónde está la
presencia del Ejecutivo, encabezado por el presidente Martín Vizcarra y cuyo
objetivo en estos momentos es adelantar las elecciones; el Ministerio del
Interior (Mininter), ya que según la Contraloría General de la República hay
graves deficiencias en las comisarías; el Congreso, donde hay tres proyectos de
ley para mejorar el panorama y no lo han aprobado por estar ocupados en el
enfrentamiento con el jefe de Estado.
Y dónde está el Ministerio Público, que libera a los
malhechores cuando la Policía los atrapa, y el Poder Judicial, cuyos magistrados
han sorprendido al aceptar pedidos de algunos fiscales contra los efectivos de
la PNP que han utilizado su arma de reglamento en intervenciones.
CIFRAS ALARMANTES
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en el proyecto de
ley del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2020 que envió al
Legislativo, indico que destinará S/ 11,003 millones al sector de Orden Público
y Seguridad, de los cuales el 62.2 % será utilizado en reducir los niveles de
inseguridad ciudadana, así como los niveles de tráfico ilícito de drogas.
En dicho proyecto, se cita la Encuesta Nacional de Programas
Presupuestales (Enapres) del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática
(INEI), el cual indica que los hechos delictivos cometidos con armas de fuego
se han incrementado de 5.9 % en el año 2011 a 9.2 % en el año 2018; mientras
que el porcentaje de hogares en cuya zona o barrio se ha adoptado alguna medida
de seguridad para prevenir la delincuencia ha pasado de 27.1 % en el 2014 a
29.6 % en el 2018.
“Atendiendo este contexto, el presupuesto [para el programa
‘Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana’] será de S/
5,084 millones en el año 2020, donde el 63.9 % se asignará a la actividad
´Patrullaje Policial por Sector´ (S/ 3,246 millones) y el 27.7 % a la actividad
´Operaciones Policiales de las Unidades Especializadas para Reducir los Delitos
y Faltas´ (S/ 1 408 millones)”, argumenta el dispositivo legal.
Asimismo, el Sistema Integrado de Estadística de la
Criminalidad y Seguridad Ciudadana del INEI, muestra que los puntos con mayor
número de denuncias son: Callao (5669), Lima (41619), Lambayeque (7176), La
Libertad (6447), Piura (5900), Arequipa (6142), Cusco (4058), Ica (4300), Junín
(3927) y Ancash (3721).
En ese sentido, la Contraloría General de República, en su
operativo ´Seguridad Ciudadana 2019´, identificó que el 29.8 % de comisarías a
nivel nacional no ejecutarían el servicio de Patrullaje Integrado con la
municipalidad de su jurisdicción, lo cual afectaría el alcance e impacto de las
actividades de patrullaje que de forma independiente realizan ambas entidades.
También que “el 55.1 % de comisarías a nivel nacional no
contarían con el ‘Plan de Patrullaje Integrado’ para el año 2019, situación que
denotaría la ausencia de acciones articuladas e integradas entre las comisarías
y municipalidades y la posible subutilización de los recursos no dinerarios que
deben destinarse para fines de seguridad ciudadana”.
“Los efectivos policiales que realizan patrullaje motorizado
y a pie, no contarían con el equipamiento completo que requiere la ejecución de
dicha actividad, lo cual afectaría la eficacia del servicio a la ciudadanía y
la integridad física de los propios policías. [Y] el 30.9% de los vehículos
motorizados que se destinan al patrullaje se encontrarían inoperativos,
situación que afectaría la cobertura del servicio de patrullaje e incrementaría
la percepción de inseguridad entre los ciudadanos de la jurisdicción de las
comisarías”, revela dicho estudio.
De otro lado, el ministro del Interior, Carlos Morán,
anunció ayer la firma de un convenio con una ONG venezolana para poner una
línea telefónica y un correo electrónico donde los mismos llaneros puedan
denunciar a sus compatriotas si comenten delitos. ¿Se necesita un convenio para
ese tipo de medidas?
Finalmente, hoy, el titular de la Comisión de Relaciones
Exteriores del Legislativo, Carlos Tubino, recibirá al canciller Néstor
Popolizio para que explique las medidas del Ejecutivo sobre el control de
ingresos de extranjeros al país, en especial de Venezuela.
El país está secuestrado por la delincuencia y ha puesto al
descubierto que el gobierno del presidente Martín Vizcarra, junto al titular
del Ministerio del Interior (Mininter), Carlos Morán, no saben cómo actuar
frente a esta crisis, que involucra la incapacidad de diferentes entidades como
el Poder Judicial y el Ministerio Público.
La inseguridad no solo tiene como rehén a los ciudadanos de
a pie, pues ahora ha puesto la mira en altas esferas del Estado. La noche del
sábado, José Andrés Olivares Canchari (41), director de Sedapal, fue atacado
por dos criminales de nacionalidad venezolana cuando regresaba a su hogar,
ubicado en la cuadra 2 de la Av. Roca y Boloña (Miraflores).
Después de retornar de un viaje a Estados Unidos, Olivares se dirigió a su casa, junto a su esposa Karina Giovana Seminario Hurtado (42), y su bebé de ochos meses en un taxi por aplicativo de placa AY0589.
Después de retornar de un viaje a Estados Unidos, Olivares se dirigió a su casa, junto a su esposa Karina Giovana Seminario Hurtado (42), y su bebé de ochos meses en un taxi por aplicativo de placa AY0589.
Cuando llegaron a su destino, descendieron del vehículo y
dos criminales a bordo de una moto lineal los emboscaron con la intención de
arrebatarles sus pertenencias. Los llaneros apuntaron con su arma de fuego a
sus víctimas, sin importar que la fémina tuviera entre sus brazos a su bebé
recién nacido, y lo primero que le quitaron al funcionario público fue su reloj
marca Rolex.
Olivares puso resistencia y clamó para que no les hicieran
daño, que recapacitaran por la presencia del nene. En ese momento, el vigilante
del edificio, identificado como Lulio Arce Selgueron (36), interfirió para
frustrar el atraco, pero desató la ira de los delincuentes que a diestra y
siniestra comenzaron a disparar.
En un abrir y cerrar de ojos, se escucharon más de cinco
proyectiles y gritos de desesperación. Los responsables del ataque decidieron
escapar al ver las consecuencias de sus actos. La escena era desgarradora,
Olivares Canchari terminó con un disparo en el tobillo izquierdo, su esposa con
una perforación en el pie izquierdo y el vigilante con dos balas en el cuerpo,
uno en el abdomen y otro en muslo. Algunos vecinos se asomaron por sus ventanas
y vieron cómo tres cuerpos estaban perdiendo sangre, mientras el bebé lloraba
desconsoladamente.
A las 10:50 p.m., la pareja ingresó a una clínica privada.
En paralelo, el agente de seguridad del edificio fue trasladado al Hospital
Nacional José Casimiro Ulloa, donde su estado es crítico por las lesiones que
tuvo y la cantidad de sangre que perdió.
Según fuentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), los
facinerosos son parte de la organización ´Los malditos relojeros´, integrada
por ciudadanos venezolanos y dedicados a sustraer relojes de cotizadas marcas
para luego venderlas en el mercado negro. Aunque la PNP capturó a nueve de este
peligrosa banda, aún hay cuatro extranjeros que están libres y en plena
identificación.
Ante ello, la unidad de investigación de las fuerzas del
orden investigó quién conducía el taxi por aplicativo (AYO589) a fin de
descubrir si se trataba de un cómplice. El auto color marrón nogal figura como
propiedad de Elías Joel Mendoza Izahuirre (27), pero era conducido por Roberto
Pedro Vargas Mamani (34). Las autoridades continúan indagando este crimen.
Para la opinión pública estos actos delincuenciales no son
novedad, pues sufren diferentes agresiones en la ciudad. Sin embargo, es
evidente que esta crisis se ha desbordado ya que también están siendo afectados
funcionarios públicos.
DEBATIR Y PROMULGAR
En el Congreso se debe debatir los proyectos de Ley de
Defensa Propia de los congresistas Jorge del Castillo y Carlos Tubino. Asimismo
el Ejecutivo debe promulgar las autógrafas de Protección Policial y de
Seguridad Cibernética aprobados por el Legislativo.
MOTOS LINEALES
Según el coronel de la PNP Juan Olivera García, las motos
lineales se han convertido en los vehículos favoritos de los criminales. “Estos
motorizados van a una velocidad de 150 kilómetros por hora, y en la congestión
de Lima pueden emprender sus huidas y salir victoriosos. Los distritos en los
que más se registran robos con motos son Villa El Salvador, San Juan de
Miraflores, Ate, San Juan de Lurigancho, Los Olivos y Comas y Callao”.
LOS DE MÁS DENUNCIAS
Lima Provincias, Callao, Arequipa, Ica, Cusco, Junín,
Ancash, La Libertad, Lambayeque y Piura son las regiones con mayor número de
denuncias de la actividad criminal en lo que va el 2019.
Hay incapacidad del Gobierno, advierten expertos
Se debe hacer una verdadera redistribución de personal y
eliminar el 24×24, proponen.
El exministro del Interior Remigio Hernani culpó al gobierno
de Martín Vizcarra y al actual titular Carlos Morán del desborde de la
inseguridad ciudadana, pues se están preocupando por temas netamente políticos
en vez de aplicar una estrategia contra la delincuencia, que afecta
directamente a la ciudadanía.
“El Presidente no tenía idea de lo que es inseguridad
ciudadana, no tiene idea de lo que es combatir la delincuencia. El mandatario
está ensimismado de ver sus reformas políticas y judiciales, que hasta el
momento no han dado resultados positivos. A este gobierno no le interesa la
seguridad, que es lo que más daña a las personas. Mientras que parece que el
ministro Morán solo está haciendo consignas de anteriores titulares del
sector”, manifestó.
Para el general (r) PNP Eduardo Pérez Rocha, se debe
redistribuir la cantidad de oficiales que están en actividad para patrullar y
eliminar el sistema de trabajo 24×24 en la Policía, con el objetivo que los
efectivos trabajen de manera exclusiva en el Estado y no en entidades privadas.
“Son 130 mil agentes activos, de los cuales 41 mil están en
comisarías, que son los únicos que patrullan. Tenemos 5 mil que no son
policías, sino contadores, médicos, entre otros profesionales asimilados. Acá
viene lo interesante, hay 46 mil que están en unidades administrativas. Por
eso, se debe hacer una verdadera redistribución y sacar gente a la calle, así
como eliminar el 24×24 para que no trabajen en entidades privadas”.
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