Mientras que el
expresidente PPK se desempeñaba como ministro, una empresa suya asesoraba a
Odebrecht para financiar el proyecto de irrigación. En el mismo periodo, el
Estado firmó adendas y emitió decretos que hicieron más fácil para la
constructora acceder a financiamiento.
(ElComercio) Cuando Pedro Pablo Kuczysnki (PPK)
era ministro del gobierno de Alejandro Toledo, una de sus empresas –Westfield
Capital, administrada por Gerardo Sepúlveda– brindaba asesoría financiera a
Odebrecht en la estructuración del proyecto Olmos. Además, con PPK
en el Ministerio de Economía (MEF) y en la Presidencia del Consejo de Ministros
(PCM), el Estado firmó adendas, emitió un decreto supremo y suscribió contratos
de garantía que le permitieron a la constructora tomar deuda barata para
financiar la obra de irrigación.
A su vez, para la procuraduría ad hoc del caso Lava Jato
(adscrita al Ministerio de Justicia), los pagos de Odebrecht por la asesoría
financiera habrían encubierto presuntas compensaciones ilícitas para PPK. Esto,
según la denuncia hecha por el procurador ad hoc Jorge Ramírez el año pasado,
que incluye a PPK, Sepúlveda y dos empresas vinculadas a ambos: Westfield
Capital y First Capital. En la denuncia, a la que accedió El Comercio,
se solicita a la fiscalía el inicio de diligencias preliminares en el caso
Olmos por el presunto delito de colusión.
Aunque PPK no respondió a las solicitudes de entrevista de
El Comercio, en declaraciones a la Comisión Lava Jato del disuelto Congreso
dijo que él delegó la administración de Westfield a Sepúlveda y que existía una
“muralla china” entre sus actividades como funcionario público y como directivo
de la compañía, y las de Sepúlveda, quien según él realizaba las asesorías y
coordinaba con los clientes por cuenta propia.
En el interrogatorio al que estaba citado y al que no
asistió, pese a que se ha reprogramado ya dos veces– Sepúlveda debía responder
por la investigación que se les sigue a él y a PPK –entre otros– a raíz de los
pagos de Odebrecht a Westfield en dos proyectos: Olmos y la
Interoceánica Sur (tramos 2 y 3). Este es el detalle de la participación de PPK
en el primero de ellos.
FECHAS SUPERPUESTAS
Para entender el caso es necesario identificar una serie de
fechas a lo largo de dos años y medio, detalladas en la denuncia de la
procuraduría ad hoc. El 17 de febrero del 2004, PPK fue nombrado por segunda
vez ministro de Economía durante el gobierno de Alejandro Toledo. Exactamente
un mes después, el 17 de marzo, Westfield Capital –empresa de su propiedad–
suscribió un contrato de asesoría financiera con Odebrecht.
La idea era que
Westfield ayudara a la constructora a financiar el proyecto de irrigación
Olmos, ubicado en Lambayeque.
Dos meses después, el 17 de mayo, ProInversión –cuyo consejo
directivo presidía PPK, por ser ministro de Economía– otorgó la buena pro del
proyecto a Odebrecht. El 22 de julio, se firmaron los contratos de concesión y
prestación del servicio de la obra de irrigación. Pero luego, el 3 de enero del
año siguiente, se firmó una primera adenda al documento en la que el Estado
adquiría un compromiso adicional: se obligaba a obtener una garantía de riesgo
parcial de la Corporación Andina de Fomento (CAF).
El 31 de marzo del 2005, Westfield le comunicó a Odebrecht
que dejaría de brindarle consultoría financiera. El año pasado, Sepúlveda
declaró a la fiscalía que la conclusión de la asesoría ocurrió porque PPK había
asumido la titularidad del MEF por segunda vez.
Sin embargo, la suspensión de dicho servicio se dio más
de un año después de su ingreso a la cartera. Y luego el servicio pasó
a manos de First Capital, empresa de propiedad de Sepúlveda que también ha
tenido relaciones comerciales con PPK.
El 16 de agosto del 2005, luego de una breve crisis
política, PPK dejó el MEF y pasó a presidir el Consejo de Ministros. Cuatro
meses después, el 2 de diciembre, se firmó una segunda adenda: el
Estado se comprometía a garantizar en su totalidad el pago del servicio de
trasvase de agua de Olmos, que originalmente debía asumir solo el gobierno
regional de Lambayeque, hasta por
US$401 millones. El 10 de febrero del 2006, PPK refrendó el DS 014-2006-EF, que
aprobaba “diversas garantías” para Olmos, derivadas de esta adenda.
Tres días después,
según la denuncia de Ramírez, este decreto permitió la firma de dos contratos
de garantía: una soberana, en la que el Estado aseguraba el pago del servicio
de Olmos, y una parcial con la CAF, por US$28 millones, para respaldar al
Estado. El 28 de julio de ese año, con el fin del gobierno de Toledo, PPK dejó
su cargo al frente del Consejo de Ministros y se alejó de la función pública.
LA HIPÓTESIS DEL RESPALDO FINANCIERO
Ya con las fechas en mente, es necesario entender los
cambios que se hicieron en la estructura de financiamiento del proyecto. Como
toda obra de Asociación Público-Privada (APP), Olmos contemplaba un ‘cofinanciamiento’ en el que el Estado asumía
US$77 millones. Del otro lado, Odebrecht aportaría de su capital y tomaría
deuda para financiar más de US$100 millones. La deuda a adquirirse por la
constructora sería pagada mediante las utilidades de la operación de la obra de
irrigación.
La operación estaba garantizada por un formato conocido como
‘take or pay’. Esta modalidad, según la
procuraduría ad hoc, le aseguraba a Odebrecht que el Gobierno Regional de
Lambayeque "le pagaría una retribución mínima independientemente del
volumen de agua trasvasado”. Ese monto –asegura la denuncia– era suficiente
para “cubrir el costo de la operación y mantenimiento del proyecto, así como
[para] recuperar su inversión”. En el contrato, la constructora estaba
representada por la Concesionaria Trasvase Olmos.
El problema, sin
embargo, era que Odebrecht no
tenía una calificación crediticia adecuada para obtener deuda barata. Según la procuraduría ad hoc, cuando se
publicaron las bases del concurso de Olmos, Odebrecht tenía una nota que iba
desde el BB- hasta el B+, lo que implica un rango que va desde el “grado
de no inversión” hasta el “especulativo”. Esta nota hacía que los prestamistas
vieran a la constructora como un riesgo, y que esta tuviera que asumir un costo
financiero elevado al ‘levantar’ financiamiento para la obra.
Por eso, Odebrecht contrató la asesoría de Westfield. El
objetivo era que esta empresa la asesorara en la colocación de acciones y bonos
para financiar el proyecto. Para ello, sin embargo, la constructora necesitaba
una garantía que convenciera al mercado de que prestarle el dinero a tasas baja
era un buen negocio. Es decir, de que el pago de la deuda no estaría en riesgo.
Y esa garantía, según la denuncia de Ramírez, la encontró en las adendas, el
decreto supremo y los contratos que firmó el Estado.
En resumen, todo el paquete normativo hizo que el
gobierno central garantizara el pago del servicio de trasvase de agua mediante
el cual Odebrecht iba a recuperar su inversión (y, por ende, también
pagar su deuda). Y a su vez, el Estado asumió riesgos de la operación que antes
recaían solo en el Gobierno Regional de Lambayeque.
La garantía le
permitió a Odebrecht –a través de la Concesionaria Trasvase Olmos– realizar una
emisión más barata de bonos por US$100 millones, según la procuraduría ad
hoc. Y el aporte que Odebrecht
hizo más allá de esta emisión fue de solo US$20 millones. Estos
beneficios, además, no estuvieron a disposición del resto de postores del
concurso de Olmos, quienes podrían haber realizado ofertas distintas sabiendo
que su costo de financiamiento sería menor.
“Con las
modificaciones y garantías generadas a favor de la Concesionaria Trasvase
Olmos, sin duda el modelo de equilibrio financiero económico diseñado
originalmente varió, recayendo en el Estado la mayor parte del riesgo [...].
Esas no fueron las condiciones en las que se lanzó este concurso y estas
ventajas no estuvieron al alcance de los otros postores”, dice la procuraduría
ad hoc en su denuncia. Luego de la emisión del decreto supremo y la firma de
los contratos de garantía, la nota para emisiones de Odebrecht pasó ser de AAA,
dice el documento.
EL ESQUEMA DE PAGOS
Dada la superposición de las fechas y el efecto de los
instrumentos legales firmados por el Estado, la procuraduría ah hoc pide en su
denuncia que se abra investigación preliminar contra PPK, Sepúlveda, Westfield
y First Capital por el presunto delito de colusión. Sobre PPK, dice que “en
su calidad de funcionario público habría intervenido en la generación del marco
legal que favoreció a la Concesionaria Trasvase Olmos [...] para conseguir el
financiamiento del proyecto”.
Sobre Sepúlveda, a su vez, dice que es quien “habría
negociado los contratos de asesoría financiera a favor de la concesionaria [de
Odebrecht]”. La denuncia también detalla seis visitas de Sepúlveda a la PCM y
el MEF en el periodo en que PPK era funcionario público y en el que se
generaron las adendas, el decreto supremo y los contratos de garantía. También
destaca que First Capital –empresa a la que pasó el servicio de asesoría financiera
luego de que Westfield lo dejó– es propiedad de Sepúlveda.
“Gerardo Sepúlveda, a través de su propia empresa continuó
con las gestiones a las que se había obligado Westfield Capital”, asegura el
documento. Y luego, la procuraduría ah hoc indica que “en la investigación
[fiscal] deberá determinarse si es que dichos pagos [los realizados a First
Capital luego de que asumiera el servicio] eran en realidad parte de la
contraprestación que debía abonarse por el favorecimiento generado a partir de
la intervención del Sr. Kuczynski Godard para el financiamiento de la
concesión”.
PPK no respondió a las solicitudes de entrevista de El
Comercio. Sin embargo, en su declaración a la Comisión Lava Jato del Congreso
disuelto, dijo que él se había desvinculado totalmente de Westfield cuando
asumió el MEF y la PCM. Agregó que quien se encargaba de administrar y tomar
las decisiones en la empresa era Sepúlveda y que las leyes de La Florida,
Estados Unidos –donde PPK tenía la empresa–, indican que las sociedades tienen un
“principio de responsabilidad limitada de los propietarios”.
El expresidente señaló, además, que esto permitía blindar a
los propietarios ante cualquier responsabilidad por acciones realizadas en su
ausencia (en este caso, por Sepúlveda). Ello porque PPK todavía
aparecía como directivo de Westfield en el reporte anual que la compañía
presentó el 2005 ante el estado de Florida. PPK también dijo que no
tuvo nada que ver con First Capital, de propiedad de Sepúlveda, que asumió el
servicio de asesoría financiera luego que Westfield lo dejara.
Sin embargo, el año pasado el portal Ojo-Público reveló que
First Capital transfirió US$609.950 a la cuenta de PPK y su secretaria, Gloria
Kisic, en los últimos 15 años. En el mismo periodo, Westfield les transfirió
US$2.3 millones.
El último miércoles, luego de que el excongresista César
Villanueva fuera detenido preliminarmente acusado del presunto delito de
tráfico de influencias, PPK tuiteó: “Las vueltas que da la vida. César
Villanueva, asiduo impulsor de mi vacancia, acusándome de actos de corrupción
sin ninguna prueba. Sin embargo, yo perdono. Me da mucha tristeza y le deseo lo
mejor”.
El expresidente hoy cumple arresto domiciliario por la
investigación que se le sigue por el presunto delito de lavado de activos en pagos
vinculados a Olmos y a la Interoceánica Sur. La denuncia hecha por la procuraduría ad hoc, por su parte, generó que
el 5 de julio pasado la fiscalía le abra una investigación específica por el
caso Olmos.
El Comercio también se comunicó con el abogado de Sepúlveda,
Percy García Cavero, pero no obstuvo respuesta. El empresario chileno no acudió
al interrogatorio programado para hoy, pese a que este ya se había reprogramado
dos veces antes. Según pudo conocer El Comercio, la fiscalía levantó un acta de
inconcurrencia
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