Gobiernos locales administrarán 213.6 millones de soles para
entregar alimentos a familias necesitadas
(Andina) Las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de
Funcionarios (Fecof) realizarán acción preventiva para evitar irregularidades
en el uso de los 213.6 millones de soles que el Gobierno autorizó a utilizar a
las municipalidades, durante la emergencia nacional por coronavirus, para
distribuir víveres entre las familias en situación de pobreza.
Así lo dispuso el coordinador nacional de las Fecof, Omar
Tello Rosales, mediante un oficio circular remitido vía WhatsApp a los 124
jefes de despachos fiscales provinciales que cumplen, de forma rotativa, el
servicio de turno en cada una de las 42 sedes anticorrupción del Ministerio
Público.
"Corresponde que las Fiscalías Especializadas (…) que
se encuentren de turno se mantengan en alerta permanente ante cualquier
eventual acto de corrupción que se pueda propiciar en los gobiernos locales”,
refiere el oficio.
COMUNICACIÓN PERMANENTE
La disposición establece también que las Fecof deberán
mantenerse en comunicación permanente con la Fiscalía Superior Coordinadora
Nacional, a efectos de realizar actividades conjuntas con la Contraloría
General de la República en el marco del estado de emergencia.
“Esta atribución para vigilar y prevenir cualquier práctica
ilícita por parte de un funcionario o servidor público que haga mal uso del
presupuesto transferido ante la emergencia nacional, es parte de las funciones
que las Fecof cumplen en mérito a la Ley Orgánica del Ministerio Público y al
Reglamento de las Fiscalías Especializadas”, precisa una nota de prensa.
"Con esta facultad, respaldada por la Fiscalía de la
Nación, los fiscales anticorrupción de turno, en coordinación con la
Contraloría, la Policía Nacional y la sociedad civil, velarán para que los
alcaldes y demás funcionarios municipales cumplan de forma honesta y
transparente con la adquisición y distribución de las canastas básicas para las
familias más necesitadas”, continúa el documento.
“Es una oportunidad para adelantarnos a un hecho delictivo
porque podremos acopiar elementos para una intervención eficiente",
sostuvo el fiscal superior Omar Tello.
EXHORTACIÓN A ALCALDES
El magistrado exhortó a los burgomaestres a actuar en el
marco de la ley, y precisó que, de lo contrario, podrían incurrir en el delito
de peculado, penado con 8 a 12 años de privación de la libertad.
El Decreto de Urgencia N° 033-2020 establece que, una vez
realizada la entrega de los productos de primera necesidad, se deberá publicar
en la página web de cada municipio el nombre del titular de la familia
beneficiaria. Esta información deberá consignarse también en lugares públicos.
El Presidente de la República, Martín Vizcarra, explicó
recientemente que los alcaldes tendrán la obligación de informar sobre el costo
de cada producto que integre la canasta básica, con el fin de que esa
información sea contrastada.
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