"País
de significativo lavado de dinero", así es la
denominación que ha recibido el Perú en el informe elaborado por el Buró
Internacional para Asuntos Antinarcóticos y de Aplicación de la Ley (INL,
por sus siglas inglés), dependiente del Departamento de Estado de EEUU.
¿Qué significa esto?
Que el Perú es considerado como una de las
naciones en las cuales las organizaciones criminales utilizan el sistema
financiero nacional, transferencias de fondos y hasta actividades y profesiones
no financieras “para consumar transacciones de significativas ganancias
derivadas del narcotráfico internacional”.
Esta 'lista negra' incluye a 85 países.
Diez de ellos son sudamericanos: Perú, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia,
Ecuador, Guyana, Surinam, Uruguay y Venezuela.
¿Por qué Perú figura en esta lista?
Hay varios factores, y estos se dan en medio
de una coyuntura golpeada por el escándalo de Odebrecht, que admitió haber
pagado sobornos a funcionarios peruanos en los últimos tres gobiernos, y para
ello montó un sofisticado esquema de corrupción que implicaba el blanqueo de
dinero, a lo que se suma que los últimos tres expresidentes, Alejandro
Toledo, Alan García Pérez y Ollanta Humala, son investigados por
lavado de activos, al igual que el actual alcalde de Lima, Luis Castañeda, y a
la excandidata presidencial y lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, los
hermanos de esta última, entre otros personajes de la política y del
empresariado. Es decir, casi toda la clase dirigente del país.
De hecho, el último reporte de la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF), adscrita a la Superintendencia de Banca y
Seguros (SBS), señala que, entre enero de 2007 y marzo de 2016, se
"lavaron" más de 2.901 millones de dólares en el Perú. El 42% de
dichos fondos ilícitos tuvo su origen en actividades de narcotráfico, el 34% en
la minería ilegal del oro y el 7% en actos de corrupción gubernamental.
Ante esta realidad, en el capítulo dedicado al
Lavado de Dinero y Crímenes Financieros del informe estadounidense denominado
Reporte Internacional de la Estrategia de Control de Narcóticos, la INL señaló
que el Perú se ha convertido en uno de los centros de lavado de dinero por la
debilidad de su sistema de lucha en contra de este delito.
"El
nuevo gobierno (de Pedro Pablo Kuczynski) aplicó cambios administrativos que
podrían reducir la capacidad del Perú de enfrentar los crímenes relacionados
con en lavado de dinero. La agencia independiente dedicada a los temas de
extinción de dominio ha sido absorbida por el Ministerio de Justicia, limitando
potencialmente su autonomía operacional y su eficiencia. La Comisión Ejecutiva
Multisectorial de Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del
Terrorismo (Contralaft) también ha sido trasladada al Ministerio de
Justicia", indica el reporte.
Así, Estados Unidos recomienda al Perú que se
centre en las nuevas formas no tradicionales que utilizan las organizaciones criminales
para lavar dinero "porque están estrechamente ligados a la industria del
narcotráfico, y los fondos derivados de estas actividades son lavados con las
mismas técnicas que aplican los narcotraficantes".
Una evidente corrupción gubernamental
Uno de los mayores obstáculos para la lucha
contra el lavado de activos en el país es la corrupción gubernamental.
"La corrupción endémica entorpece las
investigaciones y los enjuiciamientos de casos de narcotráfico relacionados con
crímenes de lavado. La corrupción en el sistema judicial puede retener el
avance de los procesos. Figuras políticas y congresistas han sido implicados en
casos de lavado, lo que ha impedido que avancen las reformas. Y la corrupción
dentro la fuerza
policial arruina las investigaciones", se lee en el documento.
Esto tampoco es novedad y un ejemplo claro fue
la oposición de la bancada fujimorista, el 21 de setiembre de 2016, a que la
UIF tuviera acceso directo al secreto bancario y tributario de los sospechosos,
con el propósito de combatir eficazmente el lavado.
"Los avances en el combate al lavado y
la capacidad de investigación no se han traducido en el aumento de
enjuiciamientos y sentencias. Perú ha condenado a solo 21 personas por lavado
de dinero", menciona el informe.
Y no toda la culpa es de los congresistas, el
reporte también le 'jala las orejas' a la "insuficiencia de fiscales
dedicados a investigar el lavado de dinero y porque carecen de capacidad para
organizar y defender casos".
Lo más preocupante: exportación de oro de
origen ilegal
El Departamento de Estado norteamericano ha
enfatizado su preocupación, dentro de los delitos mencionados, en la
exportación de oro de origen ilegal hacia Estados Unidos.
Uno de los principales exportadores de este
metal en el Perú es Pedro Pérez Miranda, empresario conocido como Peter
Ferrari, actualmente preso e investigado porque se sospecha del origen
ilegal de las 14 toneladas de oro que envío a EEUU entre 2012 y 2013, a través
de cuatro empresas vinculadas a él, que representaron una ganancia de 636
millones de dólares.
En la última década ingresaron en el país
alrededor de 4.400 millones de dólares, sospechosos de vinculación con la
minería ilegal. "Al año, las transacciones con oro de procedencia ilícita
en el Perú alcanzan los 2 mil 600 millones de dólares", subraya el
reporte.
Daño a la imagen del Perú
Al respecto, el ex fiscal Avelino Guillén
sostuvo que la inclusión del Perú en esta ‘lista negra’ dañaría la imagen del
país. Agregó que la situación se agrava porque nuestro sistema penal no combate
eficazmente el lavado de activos. “Si
bien la Unidad de Inteligencia Financiera y las instituciones bancarias hacen
una buena labor al detectar operaciones sospechosas y reportarlas a las
autoridades, cuando estas llegan al Ministerio Público y al Poder Judicial se
crean verdaderos cuellos de botella”, anotó.
Según dijo, del total de condenas en la historia judicial del Perú por el delito de lavado de activos solo figuran 12 sentencias.
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