* Líderes ambientales denuncian acoso constante por parte de traficantes de terrenos que buscan invadir sus tierras.
Comuneros y defensores del medio ambiente de localidades
como Chaparrí, Cañaris, Motupe, Penachí, Olmos, entre otras, realizaron una
movilización por las principales calles de Chiclayo para denunciar el abandono
y desprotección del Estado ante estas amenazas. La marcha conto con el respaldo
de organizaciones como Amnistía Internacional, ONG Bienestar, Junta de Usuarios
Chancay-Lambayeque y ciudadanos que se unieron a través de las redes sociales.
Caso emblemático
La comunidad campesina Muchik santa catalina,
administradora de la Reserva Ecológica de Chaparrí en Chongoyape ha estado
exigiendo protección contra los traficantes de terrenos desde 2016.
Chaparrí es la primera Área de Conservación Privada (ACP)
constituida en Perú y alberga especies en peligro de extinción como la pava
aliblanca y el oso de anteojos.
“Hemos venido a Chiclayo para informar a la población
sobre como las autoridades manejan la justicia, aparentemente coludidas con
organizaciones criminales que han intentado quitarnos la vida. Al no lograrlo,
ahora buscan privarnos de nuestra libertad y destruir nuestra reserva de
Chaparrí”, declaro Edivar Carrasco, presidente de la comunidad chongoyapana.
Es importante recordar que el 30 de diciembre del 2017,
Napoleón Tarrillo, teniente gobernador de la reserva de Chaparrí, fue
estrangulado en su casa. La organización criminal ‘El Gran Chaparral’
sigue siendo investigada por su asesinato. Para Edivar Carrasco, es inaceptable
que “han pasado siete años y las autoridades no investigan, ni muestran interés en descubrir quien asesino a nuestro compañero”
Carrasco también detallo que, desde el 2016 hasta la
fecha, cinco defensores ambientales han sido asesinados en Lambayeque, en las
comunidades de Salas, Batangrande y Chaparrí. Hasta ahora, solo el caso de
Salas ha resultado en una sentencia condenatoria contra los homicidas.
Preocupación por la minería
Otra preocupación para Carrasco y su comunidad es que “el
gobierno actual y sus instituciones están autorizando a las empresas mineras a
explorar nuestros territorios. Todos sabemos que las minas traen personas de
dudosa reputación que vienen a invadir nuestros territorios, y para ellos, que,
si cometen delitos, no están las autoridades. En cambio, a los comuneros que
crearon la reserva de Chaparrí nos denuncian como invasores”.
Respaldo de la comunidad agrícola
Por primera vez, en esta movilización se sumaron
representantes de la Junta de Usuarios Chancay -Lambayeque, quienes, debido a
su trabajo agrícola y de producción, reconocen la importancia de preservar la
flora y fauna de Lambayeque.
“Tenemos muy claro que dependemos del medio ambiente para
tener disponibilidad de agua, y sabemos que los comuneros defienden nuestra
tierra en la parte alta para que no hagan una explotación irracional de los
minerales, y mucho menos talar indiscriminadamente. Por eso hacemos fuerza
común contra la criminalización que se ejerce contra los lideres ambientales”, sentencio
Ramon Ríos Asenjo, representante de la Junta de Usuarios del Valle
Chancay-Lambayeque.
Audiencia Judicial
La movilización culmino en el Poder Judicial, donde
estaba programada la audiencia de juicio oral contra ocho comuneros fundadores
de Chaparrí por el presunto delito de alteración del ambiente para lo cual la
Fiscalía Ambiental pide cuatro años de prisión preventiva. El proceso, iniciado
en 2017, tuvo la audiencia reprogramada para el 17 de marzo de 2025 por la
ausencia de uno de los abogados.
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