“Los ciudadanos no piden milagros, sino reglas
que se cumplan. El Perú ya demostró que puede prosperar cuando respeta sus
propias normas”.
Todos
los días se repite que la inseguridad ciudadana es el principal problema del
Perú. Los precandidatos se presentan como adalides de la lucha contra el
crimen, proponiendo aumentar penas y ejercer mano dura. Pero pocos miran la
raíz: el deterioro institucional. La inseguridad es la consecuencia visible de
un Estado que ha dejado de hacer cumplir sus propias reglas. Cuando desde la
cúspide del poder se transgreden las normas sin sanción, el mensaje es
devastador: si ellos pueden, todos pueden. Esa erosión ha corroído la base de
nuestro crecimiento económico.
La economía institucional lo explica con claridad. Douglas
North definió las instituciones como “las reglas del juego en una sociedad”
y sostuvo que el desarrollo depende de que esas reglas reduzcan la
incertidumbre. Cuando las normas se aplican arbitrariamente, los costos de
transacción aumentan y la inversión se retrae. James Buchanan advertía que, sin
límites ni controles, el poder tiende a capturarse en beneficio propio. De allí
la necesidad de normas claras, contrapesos y rendición de cuentas. Daron Acemoğlu
y James Robinson demostraron que las sociedades que prosperan logran
instituciones inclusivas, donde el poder se distribuye y la ley se aplica
generalmente. Las naciones en instituciones extractivas terminan en trampas de
bajo crecimiento y desconfianza.
El Perú conoció la diferencia. Desde 1993, se construyó un
marco que permitió tres décadas de estabilidad, apertura comercial y expansión
de inversión. Fue un círculo virtuoso: reglas claras, confianza y crecimiento.
Pero en los últimos años ese edificio se ha venido abajo. La politización de la
justicia, la captura del Congreso y la impunidad han convertido al Estado en
fuente de incertidumbre. El deterioro no es abstracción: se siente en el día a
día. Un empresario duda invertir; un emprendedor desiste de formalizarse; un
propietario pierde su terreno; un ciudadano percibe que las sanciones nunca
alcanzan a los poderosos.
No se puede normalizar lo inaceptable. Debemos preservar la
confianza que es capital económico. Cuando la institucionalidad se resquebraja,
no hay política fiscal ni monetaria que compense la pérdida de credibilidad. La
inversión privada necesita certidumbre jurídica. Y cuando esta desaparece, se
paraliza el crecimiento y se debilita la esperanza. Por eso, antes de prometer “mano
dura”, los aspirantes al poder deben comprometerse con una verdadera agenda
de reconstrucción institucional. El Perú no necesita más improvisación ni
discursos populistas. Necesita volver a creer en su propio Estado. Necesita
instituciones que funcionen, que protejan al ciudadano honesto y sancionen al
corrupto, sin excepciones.
Como recordó North, “las instituciones determinan el
desempeño económico de las sociedades”. Y como advierten Acemoğlu y
Robinson, las naciones fracasan cuando las reglas se pervierten. El desafío no
es solo crecer, sino reconstruir la base moral e institucional que haga posible
ese crecimiento. Los ciudadanos no piden milagros, sino reglas que se cumplan.
El Perú ya demostró que puede prosperar cuando respeta sus propias normas. Toca
ahora demostrar que también puede desarrollarse cuando las cumple.
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