* El congreso promulga ley con la cual se gastarán s/274 millones al año por este concepto, pese a que el parlamento no tiene iniciativa de gasto.
* Congresistas incurren en “demagogia e
irresponsabilidad”, señalan García Belaúnde y Humberto Abanto. TC podría anular
medida por ser inconstitucional.
* Jueces especializados recibirán s/7,200, jueces de paz
letrados s/4,600. pero esto no disminuirá la carga procesal.
* A pesar de críticas por juicios eternos y liberación de
delincuentes, y de observación del MEF, le entregan s/ 274 millones a Poder
Judicial.
Mientras el Perú entero observa como el Poder Judicial
demora casi cuatro meses para decidir solamente una medida cautelar en un caso
emblemático “Waykis en la sombra”, el Congreso de la Republica ordeno
desembolsar más de 274 millones de soles para aumentar los ingresos
de 3,160 jueces titulares.
Con el título de “Ley 32164 que extiende la
bonificación adicional mensual a los jueces titulares”, se dispone estos
aumentos en la práctica.
El argumento es “en reconocimiento de su labor y
dedicación al servicio publicó conforme a la Ley 30970”.
En el artículo tres de la norma se señala como se calcula
este bono. La fórmula lleva a que cada magistrado superior reciba 9,360 soles
cada mes, sin descuento alguno, que debe sumarse a su sueldo de S/14,506.11.
*En el caso de los jueces especializados y/o mixtos
titulares, el adicional es de S/7,254 cada mes, que se suma su sueldo
mensual de 12,40031 soles.
*Para los magistrados de paz letrados, el cálculo les
permitirá cobrar (o seguir cobrando) 4,680 soles, además de la
remuneración mensual de S/7,800.98.
La bonificación adicional mensual no tiene carácter
remunerativo, no está afecta a cargas sociales y no es de naturaleza
pensionable ni forma parte de los beneficios laborales, señala la Ley 32164.
PALACIO DE GOBIERNO SE HA OPUESTO
La bonificación prevista se financiará con los saldos de
partidas presupuestarias del Poder Judicial del año fiscal 2024 o “con
cargo a su presupuesto institucional del año fiscal 2025, sin demandar recursos
adicionales al tesoro público”. Así se lee en el documento firmado por el
acuñista Eduardo Salhuana y Patricia Juárez, presidenta y vice presidenta del
parlamento respectivamente.
¿Por qué firma el acuñista y la fujimorista, en vez de la
presidenta de la república Dina Boluarte y los ministros de Economía o de otro
rubro complementario?
Resulta que el Poder Ejecutivo había observado la propuesta, planteada inicialmente por la congresista María Acuña hermana de líder de Aliana para el Progreso, César Acuña, el 19 de septiembre del año pasado.
Eduardo Salhuana - Pdte. Congreso
Palacio de Gobierno se había opuesto porque el mismo
Ministerio de Economía había que no se podía haber señalado que no se podía
trasladar la partida presupuestaria sin afectar otros sectores. Esto poco le
importo a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General del Poder Legislativo.
¿Y quién preside este grupo de trabajo?
Lady Camones, también del partido de Alianza para el
Progreso, en lo que no sería una coincidencia.
EFECTO ESPEJO
“El otorgfamiento de la bonificacion adicional a los
jueces titulares del Poder Judicial-irrogaría un costo anual estimado de S/274’257,552”,
se advierte, además de que, por tener una categoría remunerativa similar,
los fiscales exigirían el mismo bono.
“De aprobarse la referida medida, su repercusión por el
efecto espejo a favor de los fiscales titulares del Ministerio Publico
generaría un costo estimado de S/300’790,152.00 anuales”, es otro punto
al cual el congreso no dio mayor importancia.
SINDICATO
Para el Sindicato Mixto de la Unidad de Trabajadores
del Poder Judicial de Lima, esto es una injusticia. En ese sentido,
llamaron a todos los servidores a unirse para exigir mejoras económicas
postergadas hace años.
“A unos la prensa los ha bautizado como los
‘mochasueldos’ y a otros como los ‘cuellos blancos’, pero al final se unen y
logran mejoras económicas para ellos, sin importarles que la ley lo prohíba”,
indicó el gremio.
“Este empleador está acorralando a los trabajadores y
dejando sin varios derechos, como, por ejemplo, su pase a indeterminado a los
728 y CAS”, entre otros, precisó la directiva sindical.
* EX CONGRESISTA BELAÚNDE
Existen condiciones como la escala salarial que deben
mejorarse para los jueces, fiscales, Policía Nacional, pero este tipo de
iniciativas no corresponden al Congreso, sino al Ejecutivo.
El Congreso no puede aprobar ese tipo de cosas, no se puede aprobar gastos fuera del presupuesto.
Víctor Andrés García Belaúnde - Congresista
“DEMAGOGIA BARATA”
Víctor García Belaunde califico la aprobacion de estos
bonos mensuales para jueces como una “demagogia barata” por parte de los
legisladores, quienes buscarían congraciarse con el Poder Judicial.
“Los Congresistas piensan que esa donación o atención
especial hacia los jueces los va librar de todos los juicios que tienen”,
apuntó.
* HUMBERTO ABANTO VERASTEGUI
El abogado constitucionalista en materia constitucional,
mostró una postura similar a la del excongresista García Belaunde. En ese
sentido, apuntó a la necesidad de una reforma en la política salarial de
instituciones como el Poder Judicial y Ministerio Público.
Sin embargo, remarcó que esta debería ir de la mano con una mejora del servicio de justicia en el país. “Eso de darle esos aumentos sin que mejore la justicia es nada más que tirar la plata al rio”, agregó.
Dr. Humberto Abanto Verástegui - Constitucionalista
DEMANDA CONSTITUCIONAL
Abanto, señaló un problema de inconstitucionalidad en
esta bonificación aprobada en el parlamento, toda vez que el Poder Legislativo
no tiene iniciativa de gasto, según la Constitución Política. En esa línea, el
abogado advirtió que esta norma podrá ser sometida a una demanda de
inconstitucionalidad.
“Los Congresistas que se han opuesto, que no deben ser
pocos, pueden reunirse y poner una demanda de inconstitucionalidad contra esta
ley. Es más, el propio Poder Ejecutivo, que había observada esta norma, puede
promover la inconstitucionalidad de esta ley, esto no es el final”, señaló.
IRRESPONSABILIDAD FISCAL
Abanto también acuso al Parlamento de “una grave
irresponsabilidad fiscal” al aprobar este tipo de propuestas, así como una
falta de “sensibilidad” frente al “pésimo servicio de justicia”, que
padecen los ciudadanos peruanos.
“(También) muestra
una falta de respeto a sí mismo, porque son permanentemente agraviados por el
desafío injustificado del Poder Judicial a las leyes que aprueba el Congreso”,
concluyó el letrado.
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