Un investigado por tráfico de cocaína en 2010 forma parte de los 286 mineros informales inscritos en el Reinfo que operan en tres distritos de Huánuco, La Libertad y Puno, en los que el año pasado aumentó el área de cultivos de coca ilegal.
Los vínculos entre la minería ilegal del oro y el narcotráfico en nuestro país son cada vez más evidentes, al punto que estos dos negocios criminales no solo conviven, sino que se retroalimentan y fortalecen entre sí a lo largo de nuestro territorio.
Un ejemplo de esta simbiosis se pudo conocer cuando el 25 de junio, los agentes del Departamento de Operaciones Tácticas Antidrogas de Tingo María se adentraron en el corazón de la selva del caserío Alto Alianza para destruir dos dragas artesanales utilizadas para la extracción aurífera ilegal y un laboratorio rústico de Pasta Básica de Cocaína ubicado a menos de un kilómetro de allí.
El hallazgo no dejaba lugar a las dudas; la minería ilegal y el narcotráfico habían formado su propio ecosistema ilegal en este caserío ubicado en la provincia de Leoncio Prado.
No es casualidad que en esta misma provincia no solo operen 27 mineros informales, según el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), sino que también haya aumentado a 451 hectáreas la superficie de cultivos ilícitos de hoja de coca en 2024, según el último informe de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida).
Este fenómeno no solo ocurre en Huánuco, pues en regiones como Puno o La Libertad también se puede observar la presencia de mineros con Reinfo activo en distritos donde se incrementó el cultivo de coca.
ONGÓN ENTRE LA COCA Y EL ORO
En el distrito de Ongón, el más grande de la provincia de Pataz (La Libertad), conviven los mineros con Reinfo y los sembríos ilícitos de hoja de coca.
De hecho, el informe de monitoreo de cultivos de coca de Devida evidenció que, en 2024, el área de cultivo ilegal de esta planta, utilizada como materia prima en la elaboración de droga, alcanzó las 124 hectáreas. Y según el Reinfo, en Ongón operan 112 mineros en vías de formalización.
Precisamente uno de estos mineros es un personaje con un
pasado vinculado al narcotráfico en el Huallaga.
Se trata de Miguel Marcelino López Atencia, quien según el atestado policial del “Caso Eclipse Huallaga” dirigió un clan familiar dedicado al tráfico de cocaína al extranjero en 2010.
Al menos cuatro testigos protegidos identificaron a López Atencia alias ‘Dionisio’ como uno de los capos de la droga más importantes del Valle del Monzón (Huánuco) y responsable del envío de entre 100 y 200 kilos mensuales de cocaína a Brasil.
Estos no fueron los únicos cuestionamientos hacia Miguel López Atencia, pues de acuerdo con el atestado policial también financió al Sendero Luminoso de Florindo Flores alias ‘Artemio’ con la suma de US$2,500 mensuales, ropa, medicinas, municiones y armas para sus huestes.
El día en que la Dirandro y la Cuarta Fiscalía Penal Supraprovincial ejecutaron el operativo “Eclipse Huallaga”, se le clasificó como no habido e incluso llegó a figurar en la lista de los más buscados del país, ofreciéndose S/50,000 por información que lleve a su captura en 2018.
Sin embargo, en 2023, el Poder Judicial absolvió a 98 detenidos en este caso, quedando libres de las imputaciones.
El excongresista Luis Simeón Hurtado, quien ejerció la defensa legal de los acusados del Caso Eclipse Huallaga para conocer los detalles de la absolución de López Atencia, y aunque dijo que nos haría llegar la información requerida, esta no nos fue dada al cierre de esta nota.
A pesar de su pasado, Miguel López Atencia ha solicitado permiso al Instituto Geológico Minero y Metalúrgico del Ministerio de Energía y Minas (Minem) para iniciar la explotación minera en una zona de 400 hectáreas ubicada en el distrito de Shunte, provincia de Tocache, en la región San Martín.
ALERTA EN EL SUR
Pero la convergencia entre los mineros informales y la hoja de coca ilegal no solo cubre las fronteras de Ongón. En el distrito puneño de San Gabán este patrón se repite.
En esta localidad, golpeada históricamente por el narcotráfico y que concentra la décimo segunda superficie más grande de cultivos ilegales de coca del país, hay 87 Reinfos activos inscritos.
Según el último informe de Devida, en 2024 los cultivos de coca abarcaron 1,294 hectáreas de San Gabán, llegando a cubrir zonas en las que ya se había erradicado la presencia de esta planta. La resiembra afectó al Parque Nacional Bahuaja Sonene, en donde también se desarrolla la minería ilegal.
Este problema está lejos de solucionarse, pues este mismo informe indica que hay una expansión de sembríos de coca hacia el distrito de Aguaypata, otra zona depredada por los mineros.
Y, además, el coordinador de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental, Frank Almanza, advirtió que San Gabán estaba entre las zonas más críticas de Puno en los que la extracción ilegal de oro se estaba llevando a cabo.
La exprocuradora antidrogas, Sonia Medina, explicó que el vínculo entre estas dos economías ilegales se gesta a través del lavado de dinero del narcotráfico mediante la compra de oro ilegal. “Son estructuras criminales que se retroalimentan”, señaló.
En esa línea, el exministro del Interior Rubén Vargas señaló que los cárteles del narcotráfico internacional también están lavando su dinero en el Perú con la compra de oro “porque tiene mucho menos costo que en los paraísos financieros”.
Incluso, Vargas Céspedes indicó que ya se están dando casos en los que el dinero del narcotráfico se utiliza para financiar a la minería ilegal y viceversa.
Sin embargo, el también exjefe de Devida apuntó a una tercera economía ilegal que completa el círculo de logístico del narcotráfico y la minería ilegal; el contrabando.
“Hay una simbiosis no solo entre el oro ilegal y la cocaína, sino también una relación constante con el contrabando porque es la economía ilegal que controla territorialmente las fronteras, por ejemplo, en el sur, donde entra el mercurio, la dinamita y los insumos químicos utilizados tanto por el narcotráfico como por la minería ilegal”, sostuvo.
Por ello, la exprocuradora Sonia Medina consideró que el Ejecutivo debería suspender los Reinfos que estén activos en las zonas del país que tengan altos índices de criminalidad.
También advirtió sobre el riesgo de que el dinero de estas economías ilegales se infiltre en las campañas políticas de las elecciones de 2026, señalando que las bandas criminales buscarán acrecentar su modelo de negocios.
Fuente: Perú 21
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