La reciente condena a 15 años de prisión contra el
excongresista Guillermo Bermejo, nada menos que por afiliación a Sendero
Luminoso, no sólo marca un hito judicial, sino que desnuda una falla
institucional de proporciones alarmantes. El fallo de la Tercera Sala Penal
Superior Nacional, que acredita su participación en diversos campamentos
subversivos entre 2008 y 2009, debió haber sido suficiente motivo para que se
activen los mecanismos de defensa democrática que, según mandato
constitucional, el Estado está obligado a ejercer.
Sin embargo, mientras Bolivia ha dado claras señales de ruptura con el
totalitarismo populista, en nuestro país se permite que un reo por terrorismo
postule a la vicepresidencia de la República. ¿Cómo es posible que la máxima
autoridad electoral, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), ¿admitiera
la inscripción de una fórmula encabezada por Vicente Alanoca —defensor de
idearios de regímenes totalitarios— con Bermejo como su primer vicepresidente?
¿Qué filtros fallaron? ¿Qué omisiones se toleraron? ¿Qué intereses primaron
para los integrantes del JNE?
La respuesta no es la ignorancia. La investigación de la Dircote duró dos
años y fue pública. Ahí están las declaraciones de Bermejo despreciando la
democracia: “No aceptamos que ustedes vengan a imponer sus huevadas de
género, aborto, de tanta vaina” —calificándola de “pelotudeces inútiles”— (…)
“Nuestra intención es instaurar un proceso revolucionario y quedarnos con el
poder, instaurando un proceso revolucionario”. No eran susurros clandestinos;
eran proclamas abiertas. Su proyecto político fue claro: capturar el poder para
desmantelar el orden constitucional desde dentro. ¡Pero el sistema electoral
los habilitó, manteniendo su inscripción! ¡Y la Fiscalía no solicitó proscribir
a la agrupación que lo acogía! ¿Por qué? ¿Qué intereses manejan la Fiscalía y
el JNE?
El problema no es solo Bermejo. Es el sistema de permisividad, matonería,
crimen y desfachatez que rodea al Estado. Es esta normalización del discurso
antidemocrático bajo la etiqueta de una impresentable “justicia social”.
Es la complicidad —por acción u omisión— de instituciones que debieran ser
guardianas del orden constitucional, no sus sepultureras; sin que,
inmediatamente, la verdadera Justicia caiga sobre ellas.
La tardía sentencia judicial es una insuficiente victoria del Estado de
derecho. La democracia no se defiende solo en los tribunales. También en las
urnas, los medios, las aulas y los organismos electorales. El JNE debe
cambiar sus protocolos de admisión de candidaturas. Y nuestra Fiscalía, asumir
un rol más proactivo. Asimismo, la sociedad debería exigir coherencia. No
podemos tolerar que quienes desprecian la democracia consigan gobernarla.
El caso Bermejo no es una advertencia ni una anécdota judicial, es una grieta
estructural. Si no se corrige, mañana será otro —más perspicaz— quien logre lo
que Bermejo no pudo: destruir la democracia desde dentro, con votos prestados y
complicidades institucionales.
¡Nuestra democracia no debe darse el lujo de repetir este crimen! La
sentencia ha hablado. Una vez más, los jueces —en este caso supremos— salvaron
al país. Toca al Estado actuar con la misma firmeza. Simultáneamente, el
Legislativo necesita remover y denunciar a los culpables de tan abyecta
rendición ante el terrorismo.
Publicar un comentario