“La democracia demanda
garantías, no excusas”. Requiere transparencia, no silencios. Exige
responsabilidades, no simplemente continuidad.
El Perú enfrenta hoy una
grave herida abierta en su democracia. No es una metáfora, tampoco una
exageración ¡El 6!79% de los limeños- alrededor de 608,000 ciudadanos-no
pudo votar el domingo pasado! Cifra que, por si sola, sería suficiente para
alterar cualquier resultado electoral. Es un volumen de votos sobradamente
capaz de definir quién gobierna y quien no. Sin embargo, nuestra nación viene
siendo forzada a aceptar esta anomalía como si fuera algún contratiempo menor.
¡Pero no lo es!¡Hablamos de un quiebre institucional!
La explicación es conocida: Un
numero inaceptable de mesas en Lima-la principal plaza electoral del exalcalde Rafael
López Aliaga-no consiguió instalarse a tiempo -o no se instaló en absoluto.
La jornada empezó con cinco horas de retraso en numerosos locales y acabo con
centenares de miles de ciudadanos retornando a sus hogares, sin haber podido
ejercer su derecho a votar. No hablamos de percepciones: las cifras oficiales
lo confirman. En 2016, con un padrón menor, la abstención limeña fue de 13.35%.
Hoy, con mayor número de electores
se disparó a 20.14%. ¡Este salto no es atribuible al azar! Es el
resultado directo de un sistema electoral que fallo en su función esencial.
El impacto político es evidente. Si
ese 6.79% adicional hubiera podido votar, entonces el candidato López
Aliaga habría sumado-según sus propios cálculos alrededor de 120,000
votos adicionales. ¡votos que nunca se materializaron porque el estado
no garantizo las condiciones mínimas para el sufragio! En toda democracia consolidada,
semejante hecho sería suficiente para suspender el proceso, abrir una
investigación y exigir responsabilidades carcelarias para los funcionarios
electorales culpables.
¡Pero el Perú no vive
tiempos de normalidad institucional! Desde
los 2016 amplios sectores de la ciudadanía perciben que nuestro país
opera bajo un esquema de control político que combina influencia estatal,
intereses económicos privados y un ecosistema mediático dividido, con una parte
del muy corrompida. En dicho contexto, lo ocurrido el 12 de abril no
aparece como un accidente, sino como el síntoma de un deterioro más profundo:
un sistema electoral que ya no puede asegurarnos igualdad alguna de condiciones
ni menos aun la integridad del voto.
La gravedad del episodio no estriba
solamente en la magnitud del daño, sino en su significado. Cuando más de medio
millón de ciudadanos son impedidos de votar, el problema deja de ser técnico y
se convierte en constitucional. La democracia no puede sostenerse sobre la
exclusión masiva de electores. Mucho menos debe legitimarse a un proceso que
deja afuera a una parte del pueblo que debió decidir su propio destino
político.
El Perú no puede normalizar el
operativo de Piero Corvetto, funcionario de la ONPE responsable de un
operativo que, en otros países, derivaría en fraude electoral. No puede
permitir que quienes administraron este desastre sigan al frente del sistema
que fallaron en proteger. La democracia demanda garantías no excusas. Requiere transparencia,
no silencios.
Exige responsabilidades, no simple continuidad.
Publicar un comentario