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¡TRIUNFO LA JUSTICIA!

junio 15, 2025
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La Junta Nacional de la Justicia (JNJ) emitió una resolución histórica al declarar la nulidad de oficio de todo lo actuado en el caso de Patricia Benavides, Fiscal de la Nación.

La decisión retrotrae el proceso a la etapa anterior a la emisión del informe de instrucción, dejando sin efecto las medidas disciplinarias que habían llevado a su destitución. Además, se ordena la designación de un nuevo instructor para continuar el caso.

Esta resolución se enmarca en el análisis de los atropellos sufridos por Benavides bajo la gestión anterior de la JNJ. Según el abogado Humberto Abanto, la nueva Junta evaluó que el proceso anterior había vulnerado los principios del debido proceso, lo que llevo a la decisión de restituir a la fiscal en su puesto.

La JNJ busco rectificar los errores cometidos, subrayando la importancia de garantizar la justicia en todo momento.

Con este pronunciamiento, se restablece el cargo de Fiscal de la Nación para fiscal de la Nación para Patricia de Benavides, permitiendo que el proceso continue de manera adecuada. La resolución también señala que el caso debe avanzar conforme a la legalidad y sin el “aniquilamiento jurídico” que, según Abanto, sufrió la fiscal en el proceso anterior. Esta decisión marca un paso importante en la revalorización de la justicia en el país.

Patricia Benavides, fiscal de la Nación, regresara a su puesto el próximo lunes, luego de la resolución emitida por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que anula las medidas disciplinarias que habían llevado a su destitución.

La noticia fue confirmada por su abogado Humberto Abanto, quien explico que no quedan causas pendientes que impidan su retorno al cargo.

“No queda ninguna causa pendiente”, señaló Abando durante su intervención en Canal N. La decisión responde a un recurso presentado por la Dra. Benavides, en el que se solicitó a la JNJ valorar las nulidades cometidas en su proceso.

La Junta Nacional de Justicia, tras evaluar el caso, resolvió de oficio la nulidad de los actos previos y restituir a Benavides en su función como fiscal de la Nación.

La Dra. Benavides “ha tomado esta decisión con la serenidad que corresponde a alguien que ha sido sometida a una prueba tan fuerte y tan intensa”, indicó Abanto en su declaración.

El retorno al cargo se dará sin ningún obstáculo pendiente, y la notificación de la resolución ya ha sido realizada a todas las partes involucradas.

MARATÓN FAVORECIÓ A LITIGANTES DEL PODER JUDICIAL

agosto 11, 2024
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* Corte de Huánuco ocupa el noveno puesto en el ranking nacional.

* Participaron 36 cortes, La corte de Lambayeque quedo a la cola ocupa puesto 28.

Desde las 00.00 horas del 9 de agosto, los magistrados y servidores judiciales de la Corte Superior de Justicia de Huánuco participaron de manera voluntaria en la Jornada Judicial Extraordinaria 2024.

El objetivo de la actividad fue resolver con celeridad los procesos judiciales y así disminuir la carga procesal existente, la jornada culmino a las 11.59 de la noche hasta esa hora la puerta de la Sede Central Judicial permaneció abierta.

El presidente de la Corte Jaime Gerónimo de la Cruz, felicitó la identificación y compromiso d ellos jueces y servidores quienes participaron de la jornada e informo que la institución huanuqueña realizo 17 mil 125 actos procesales entre sentencias, audiencias, notificaciones, decretos, autos, entre otros.

Esto le ha permitido ubicarse en el noveno puesto de las 36 Cortes que participaron a nivel nacional.

Los casos que se dieron prioridad fueron los de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, omisión a la asistencia familiar, laborales, civiles, entre otros.

Según el reporte estadístico al cierre de la jornada el 1er Juzgado Transitorio de Trabajo de Huánuco, liderado por la magistrada, Roció Fernández Yabar fue el órgano jurisdiccional que alcanzo el mayor número de actos procesales con un total de 1,413.

Cabe indicar que en total participaron 88 órganos jurisdiccionales de toda la Corte huanuqueña, las mismas que tuvieron el apoyo de las áreas administrativas así también del sistema unificado de notificaciones.



ACCESO JUDICIAL A INFORMACIÓN FINANCIERA: UN AVANCE PARA LA JUSTICIA EN PENSIÓN DE ALIMENTOS

julio 28, 2024
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Como inicio a este presente artículo, hay que recordar que, en nuestra legislación, la pensión de alimentos es un sustento económico que se puede establecer en favor de los hijos o de uno de los cónyuges tras ciertas situaciones como puede ser la separación o el divorcio, o incluso en favor de los propios padres cuando la situación así lo amerite.

En ese sentido, tomaremos como ejemplo un caso que es muy común en nuestra sociedad y que se suele llevar a la corte para ser discutido dentro de un proceso judicial; nos referimos a la pensión de alimentos reclamada al padre por los hijos menores de edad.

Cabe señalar que, según las estadísticas, la mayoría de estos procesos corresponden a mujeres, las cuales vienen exigiendo que se cumpla la obligación que tienen los padres de sus hijos respecto a pagar la correspondiente pensión alimenticia. Sin embargo, uno de los muchos problemas a los cuales se enfrentan es que generalmente puede resultar difícil poder acceder a información que no conoce nadie más que el propio padre, como, por ejemplo, cuál es su centro de labores, cual es el monto de sus ingresos, entre otros.

Es entonces que debido a este desconocimiento y por falta de pruebas sobre dicho aspecto, muchas veces se emiten sentencias en las que se ordenan pensiones alimenticias que no reflejan realmente la capacidad económica del demandado. Recordemos que el obligado a pasar alimentos puede sufrir una retención de hasta el 60% de su remuneración a fin de que sea destinado al cumplimiento de la pensión alimenticia.

Pongamos el ejemplo de un obligado a pasar la referida pensión que trabaja de manera independiente emitiendo recibos por honorarios y que, mensualmente percibe un promedio de diez mil soles; en ese caso resulta muy difícil que la demandante o el propio juez a cargo del caso, puedan conocer dicho monto de ingresos y, por ende, emitir una sentencia que refleje como pensión alimenticia una cantidad adecuada conforme a dichos ingresos; ya que es información que casi exclusivamente conoce el demandado.

Con el fin de poder facilitar a los jueces la resolución del proceso en este tipo de situaciones, es que recientemente el Congreso ha promulgado la Ley N°32006, ‘Ley que modifica el Código Procesal Civil, respecto al acceso de oficio a información en línea sobre la capacidad económica del demandado’. Con esta nueva normatividad, lo que se busca es justamente tratar de subsanar esta asimetría en la información con la que cuenta el juez para poder emitir una sentencia justa. La citada norma señala lo siguiente:

* “El juez, de oficio, accede en línea a los sistemas de información automatizados  (planilla electrónica) del Ministerio de Trabajo y Promoción del empleo (Mintra) o a los sistemas de información automatizados de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat) y extrae en tiempo real la información sobre el centro de trabajo del demandado, su remuneración, gratificaciones, vacaciones y cualquier suma de libre disponibilidad que provenga de la relación laboral de este y, de ser el caso, obtiene la información sobre la actividad comercial  o profesional  independiente y sobre la renta mensual que perciba por estas ,así como las declaraciones juradas de renta anual que hubiera realizado por estas actividades”.

* Como se observa, ahora el juez podrá acceder en línea a un sistema interconectado con otras entidades del Estado las cuales contienen información que justamente permite conocer cuál es la capacidad económica del demandado en un proceso de alimentos. Por ejemplo, el juez podrá tener conocimiento si el demandado se encuentra en planilla de una empresa y además a cuánto asciende su remuneración mensual, de igual forma, podrá tener acceso a la información automatizada en la SUNAT.

Todo ello le permite conocer los recibos por honorarios emitidos por el demandado y también el monto de pago del impuesto a la renta, con lo cual resultara fácil hacer el cálculo para conocer sus ingresos mensuales.

Adicional a ello, esta norma también resultara de ayuda para los demandados, puesto que el sistema interconectado también facilitara a los jueces conocer mediante la RENIEC, cuantos hijos tiene en total el demandado, lo cual evidentemente permitirá que el monto                que se fije como pensión alimenticia no resulte perjudicial ni lesione el derecho de otros hijos del demandado, quienes también cuentan con el derecho a recibir una pensión alimenticia. Inclusive, resultará beneficioso para él y la justicia de los pronunciamientos judiciales respecto a la pensión de alimentos. Demandado puesto que así permitirá emitir una sentencia que no perjudique el porcentaje intangible e inafectable de su remuneración.

A modo de conclusión, no cabe duda que el dictado de dicha norma significa un avance importante para la equidad y justicia de los pronunciamientos judiciales respecto a la pensión de alimentos.

Aunque claro, la implementación de este sistema no resultara sencilla y probablemente no se logre su objetivo previsto en el corto plazo, pero dar los primeros pasos para ello resulta importante.

Asimismo, hemos observado que también resultara beneficioso y justo para los demandados ya que esto facilitará dictar una pensión de alimentos que se adecue no solo a la cantidad de sus ingresos mensuales, sino también, en caso sean obligados frente a otros menores, se podrá obtener una sentencia justa.

JUECES Y FISCALES DEBEN SER NOMBRADOS POR ORDEN DE MÉRITOS

enero 20, 2024
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Gladys Echaíz plantea crear Escuela Nacional de la Magistratura


* Sustituirá a la Academia y a la Junta Nacional de Justicia. Para esta reforma se necesita modificar 15 artículos de la Constitución.

* “Lo que se busca es evitar la politización de la justicia o la judicialización de la política, porque ahora se está judicializando todo lo político y eso no es bueno”.

* También eleva a nivel constitucional la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial. Gladys Echaíz señala que, si esta propuesta no funciona, “ya no sabe que se podría hacer”.

¿Qué se puede hacer para mejorar el sistema judicial?

Desde mi punto de vista lo único que podemos hacer es una Escuela que forme a los aspirantes a ser magistrados por un período más o menos largo que sería de dos años.

¿De qué trata el proyecto de ley?

Actualmente un ente externo nombra el recurso humano y lo envía, le da el titulo y la entidad lo recibe, sale bueno, perfecto; sale malo, no hay posibilidad de regreso y se tiene que asumir el activo y el pasivo, también. Si yo capacito a la persona en una Escuela que pertenece al sistema y le va a dar una formación especializada acorde al requerimiento de las plazas, lo va ir formando en el perfil que se requiere para ser un magistrado, y se va tener el tiempo (dos años) no solo de ver sus conocimientos, sino sus aptitudes, valores, su perfil psicológico y si es la persona adecuada.

MERITOCRACIA

¿Sera meritocrática?

El resultado de esta capacitación se va plasmar en una nota, se elaborará un cuadro de méritos, los primeros puestos se ubicarán en las plazas que estén vacantes, pero como provisionales para que sea la entidad receptora de ese recurso humano la que en un plazo de seis meses evalué si el profesional que la institución requiere. Con su nota meritoria de la Academia que debe tener en cuenta la evaluación de desempeño y las quejas en el caso de los ascensos, se nombrara. Sí eso no funciona, ya no sé qué se podría hacer.

¿Será el caso de jueces y fiscales?

Así es. La Escuela dará los títulos los cancelará. El que ingresa, entra a un proceso de evaluación de desempeño permanente; la institución evaluara el trabajo, no con fines de separación del cargo, sino de elevar el nivel competencial, para ir perfeccionando en el camino y va a servir para hacer carrera. Como son instituciones verticales, esto es como una pirámide, serán pocos los que van a llegar arriba, se aspira que sean los mejores, pero no para desanimar esa formación que van recibir dará conocimiento, experiencia y los pondrá por encima del promedio del Foro Nacional, para que estén aptos, si es que no quieren continuar, salir y poder encontrar un trabajo en cualquier otra parte.

¿Cómo se determinarán los ascensos?

El mérito unido a esta evaluación del desempeño y a los informes de control que debe estar, para mí, a cargo de la propia institución, son los que van a determinar finalmente los ascensos y quien seria, en la propia institución, el que asumiría la función de control será la Autoridad Nacional de Control. ¿Por qué? Porque pertenece a la institución, pero es autónoma, no es externa, entonces garantizada la independencia, la autonomía funcional, la imparcialidad de los jueces porque el propio órgano interno será el que se encargue de esta evaluación, de esta investigación cuando se ha incurrido en alguna falta.

SIN POLITIZACIÓN  

¿No habrá politización?

No, y ya no habrá el temor de porque cedió o no tal cosa, vea mañana plasmado en una resolución.

Se deja de lado la politización en el sistema judicial…

Lo que se busca es evitar la politización de la justicia o la judicialización de la política, porque ahora se está judicializando todo lo político y eso no es bueno.

¿Cómo se efectuaría el control?

Reforzamos el órgano de control para que pueda investigar a los supremos; se forma un colegiado de dos supremos elegidos por votación más el órgano de control, son tres; el órgano de control lo preside, actúan en primera instancia.

Hay una segunda instancia que tiene la apelación que sería la Sala Plena o la Junta de Fiscales que también hay que ampliarla.

Es una manera de ordenar el desorden que hay en estos momentos…

Esa es la idea en términos generales, se crea un Consejo de Coordinación institucional con la finalidad de que todas las instituciones involucradas en el sistema en la justicia, coordinen las políticas macro, hay una visión univa, objetivos generarles para todos, los específicos corresponden a cada institución, pero no vamos uno por acá y el otro para allá como es ahora en que todos son autónomos, conversan se saludan, pero no coinciden en los objetivos de gestión.

Sería como en la carrera diplomática…

Al menos esa es la propuesta, creo que solo en carrera, como tienen los diplomáticos, la Policía, Ejercito, los sacerdotes, y todos aquellos que tienen ya una formación, un perfil definido y una especialización en su tema.

SIN INJERENCIAS

Eso solucionaría la crisis que padece el sistema judicial…

Yo creo que eso y de manera objetiva y sin que nadie se tenga que ofender, porque por encima de cualquier cosa esta el país. Necesitamos hacer comprender el rol funcional o constitucional que cada uno tiene, y no pretender asumir funciones de terceros como está ocurriendo ahora: la policía quiere ser fiscal cuando su función es combatir la criminalidad, le delincuencia, perseguirla, investigar y decir cuáles son las causas de estos fenómenos delictivos y atacarlos; no es que investigo el hecho concreto, esto le toca a la fiscalía con el apoyo de la policía.

¿Es la primera vez que se plantea una propuesta de esta naturaleza?

Es la primera vez, ha habido desde hace mucho tiempo esa expectativa, muchos maestros investigadores juristas nacionales siempre han visto la Escuela como la mejor alternativa de solución al problema. El tema ha sido que todo se frenaba por razones de orden presupuestal y creo que invertir en la justicia, es lo mejor que puede hacer el gobierno porque con eso va a tener seguridad jurídica social.

¿Cuál es el procedimiento parlamentario?

Tiene que ser analizada por la Comisión de Constitución porque es una reforma constitucional.

¿Cree que habrá consenso para su aprobación?

Eso depende de cómo se explique, cuanto conocimiento hay del problema porque parece que hay muchas confusiones.

¿Y los intereses políticos? ¿Hay cierto sector que está en la Fiscalía?

Deberán tener argumentos muy fuertes para rebatir esto   que es una propuesta que no va dar un resultado ahorita, sino de aquí a largo plazo porque una reforma toma dos legislaturas y su implementación, hay que trabajar las leyes orgánicas desde ahora y yo ya estoy avanzando por si acaso con la ley orgánica de la Escuela. Luego hay que hacer las modificaciones a la ley orgánica del Ministerio Publico que también ya es obsoleta, adecuar la del Poder Judicial, hay que pulir solamente lo de la carrera y algunas otras cosas de actualización, nada más.

SE SUSTITUYE ACADEMIA Y JUNTA.

Esta Escuela ¿generará gasto?

En este momento la Academia de la Magistratura tiene un presupuesto, tenemos la Junta (Nacional de Justicia) un presupuesto cada una, entonces estos presupuestos serían los que van a sustentar la Escuela de la Magistratura.

¿Cuál se suprimiría?

Se sustituyen los dos por una Escuela que pasa a formar parte del sistema de administración de justicia para la formación, constante capacitación para el ascenso, perfeccionamiento, actualización, ya no hay ratificación porque hay una evaluación.

Seguramente la Junta Nacional de Justicia va a oponerse…

No se trata de defender personas, sino buscar una respuesta o solución a los problemas.

¿En qué ha mejorado el sistema de administración de justicia con el nombramiento, la selección por parte de la Junta, el Consejo o como se llame? ¿No estamos viendo que hay una grave crisis? ¿Quiénes son las personas que están involucradas en los problemas? Los seleccionados por estos consejos. La policía se queja de los fiscales, dicen que no están preparados, pero fueron nombrados por aquellos.    ¿Qué paso? Los jueces sobre todo los nuevos, uno ve la calidad de sus resoluciones y te quedas sorprendido, hay que ser hidalgos en reconocer que no funciona como modelo. No se puede en un acto determinar cuál es el nivel competencia de una persona que tanto expertise tiene como para asumir un cargo de tan alta responsabilidad y que exige conocimientos superiores.

Qué es lo que hace la Junta…

Lógico. En un curriculum, en una revisión, en una entrevista, en una atención psicológica por más que ellos quisieran, no se puede porque nadie puede en un solo acto definir con quien se está hablando, de repente me encuentro con una persona nerviosa que durante la entrevista no sale airoso, pero puede ser un diamante.

Si es aprobada ¿Cuándo se podría hacer realidad esta propuesta?

Todavía está para la próxima legislatura, ratificarla en una próxima, sería un año. Si se aprueba en la primera legislatura, corremos con las leyes orgánicas, el presupuesto esta allí para empezar, el recurso humano lo tenemos en la academia, existe gente especializada en por lo menos del punto de vista de la gestión para hacer el trabajo, es decir mucho (tiempo) tampoco es.

¿Qué artículos de la Constitución se modificarían?

Modificación de los artículos 142, 144, 147, 150, 151, 152, 153, 154, 155,156,157,158,178,182 y 183 de la Constitución Política del Perú.

¿Cuánto tiempo le ha llevado realizar esta iniciativa?

He hecho muchas mesas de trabajo, me ha ayudado Konrad Adenauer, y todos están de acuerdo. Además, todas las comisiones que se han formado por el Ejecutivo, por los colegios de abogados, de la misma Corte Suprema propone la creación de la Escuela CRIAJUS concluyo que la capacitación era la solución del problema.

LA POLITIZACIÓN DE LA JUSTICIA | POR: FERNANDO ROSPIGLIOSI

enero 17, 2020
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“Habrá mucha alharaca y festejos, pero todo indica que la nueva reforma de la justicia será como las anteriores, un fiasco”.

Todo indica que se está repitiendo la historia de siempre: otra reforma judicial que enmascara el intento del Gobierno y un sector político para apoderarse del sistema de justicia. Ese es el motivo principal por el que, desde siempre, la justicia sigue siendo ineficiente y corrupta en el Perú. Los llamados a mejorarla no tienen interés en hacerlo, sino en usar el sistema en beneficio propio y desmedro de sus adversarios.

La nueva comedia de equivocaciones en la que está inmersa la comisión encargada de elegir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia es un ejemplo. Y existen nítidamente intereses políticos, del Gobierno y de la coalición que lo respalda, para poner a algunos y quitar a otros. A eso apunta la consabida difusión de llamadas al inagotable César Hinostroza.

De otro lado, la increíble ponencia del miembro del Tribunal Constitucional (TC) Carlos Ramos considerando legal e impecable el golpe del 30 de setiembre que disolvió el Congreso es otra señal de la lamentable situación de los organismos del sistema judicial.

Algunos piensan que esta insólita ponencia tiene relación con ciertos hechos no tan lejanos. En mayo del 2019 se suscitó un escándalo cuando Ramos fue dado por desaparecido por la policía en Trujillo y en la madrugada se le encontró en un hotel –no en el que se alojaba oficialmente– cercano al club nocturno Scapes al que había ido. El TC amonestó severamente a Ramos y lo separó de varios cargos, según Ricardo Uceda, a instancias de los magistrados Ernesto Blume, José Luis Sardón, Augusto Ferrero y Manuel Miranda, y con los votos en contra de Marianella Ledesma y Eloy Espinosa (“La República”, 10/6/19).

Dice Uceda que el Scapes es un “puticlub” donde “en propicia oscuridad, hay mujeres que ofrecen un show nudista”, pero critica mordazmente la hipócrita moralina de los magistrados sancionadores porque Ramos no cometió ningún delito o falta.

Pero como puntualiza Uceda, la policía filtró la noticia a los medios con el “propósito de desprestigiarlo: [porque] ya conocía su paradero. La policía ya sabía, además, que su integridad siempre estuvo a salvo”.

Lo que rumian algunas fuentes de inteligencia es que Ramos quedó advertido de lo que podía ocurrirle si no se alinea con el Gobierno, porque además habría otras escapadas del magistrado no publicitadas, pero registradas por la policía. Adicionalmente, el mes pasado recibió otra advertencia cuando el fiscal oficialista José Domingo Pérez lo denunció por presuntamente revelar el nombre de un colaborador eficaz.

Su encontrón con los magistrados que lo sancionaron el año pasado –varios presumiblemente tienen una posición distinta– también habría influido en la postura que finalmente adoptó.

Sería una muestra de cómo funciona el máximo organismo de interpretación constitucional.
En suma, habrá mucha alharaca y festejos, pero todo indica que la nueva reforma de la justicia será como las anteriores, un fiasco.

Otrosí digo. Algunos ingenuos bienintencionados me han criticado por defender el derecho de los ciudadanos a adquirir armas. Un reproche absurdo es que pretendo convertir al Perú en una suerte de Lejano Oeste donde todos estén armados para enfrentar a la delincuencia. Esa es una completa necedad. Como he señalado muchísimas veces, la seguridad ciudadana es una tarea que compete al Estado y el Gobierno debería aplicarse en combatir la delincuencia, responsabilidad en la que, como es obvio, viene fracasando clamorosamente. Lo que defiendo es el derecho de aquellos que así lo deseen a adquirir un arma de acuerdo a la ley. Precisamente lo que respaldamos –yo y la Asociación Peruana de Propietarios Legales de Armas de Fuego (APPLAF) que presido– es la vigencia de la Ley 30299 aprobada en el Congreso y promulgada en enero del 2015, que este inepto gobierno pretende cambiar ilegal e inconstitucionalmente con un decreto de urgencia.

En los cinco años que tiene esta ley, el número de licencias vigentes no solo no ha aumentado, sino que ha disminuido drásticamente al invalidarse muchas por no haberlas adecuado los usuarios a la nueva norma. Con esta ley no ha habido una explosión de adquisición de armas, a pesar de la creciente inseguridad.

Esas ridículas y descaminadas imputaciones son producto de la ignorancia y de las ideas preconcebidas de ingenuos que le hacen el juego a un gobierno incompetente que, en lugar de hacer su trabajo y perseguir las armas ilegales que básicamente provienen del contrabando y las fuerzas del orden, intenta demagógicamente desarmar a los civiles favoreciendo a los delincuentes que, naturalmente, no se desarmarán.

MARÍA ISABEL LEÓN: “HAY UN ABUSO DE LA CARCELERÍA PREVENTIVA”

abril 18, 2019
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Titular de la Confiep emplaza al sistema de justicia


No es positivo encerrar en prisión a personas que no son criminales ni asesinos sin respetar su presunción de inocencia, advierte.

(Expreso) El presidente Vizcarra dio un mensaje a la Nación y se dirigió al empresariado con un tono agresivo en el tema de la tributación. Ha exigido que se mantenga la vigencia del Decreto Legislativo 1421, y ha invocado al Parlamento a que tome medidas para evitar posturas que pretenden desconocer el pago de tributos.
Tributariamente nuestro país tiene un gran problema, y es la evasión tributaria. Si nosotros hacemos el cálculo de cuántos miles de millones de soles se van en el pago de impuestos, tanto el Impuesto a la Renta de personas naturales, jurídicas, como del IGV, a nivel nacional llega a siete puntos de PBI. Estamos hablando de aproximadamente  unos 56 mil millones a 57 mil millones de soles al año, es mucho dinero. Y eso se produce por acciones ilegales o por evasión del pago de impuestos que están señalados en las leyes. Contra ello hay que establecer medidas que puedan mejorar esta recaudación…

Y la elusión…
El tema de la elusión es un tema distinto. La Constitución de nuestro país señala que nadie está obligado hacer aquello que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que no prohíbe. Es un tema distinto en el que ciertas empresas utilizan espacios de la ley para pagar, de repente, menos impuestos. Todos los países en el mundo tienen normas antielusivas, estoy de acuerdo en esto. En la norma justamente que se ha trabajado en el ministerio de Economía se está respetando, por ejemplo, el principio constitucional de que no haya retroactividad en su aplicación cuando se apruebe.

¿Pero quieren aplicarlo de forma retroactiva?
La idea es que no haya ni siquiera una responsabilidad de los miembros de los directorios que no la tienen en lo referido al pago de tributos de las empresas; es una función distinta (…), y tampoco la retroactividad. Esas condiciones me parece que son las que se han discutido en el Congreso. Es una responsabilidad de este poder del Estado ponerlo a debate para que esto se pueda dilucidar.

Desde la gestión del exministro de Educación Jaime Saavedra se ha cambiado la orientación de la educación con los temas de género y lectura de nuestra historia. Y se enseña a los púberes hasta temas del sexo anal. ¿No le parece muy aventurado?
Mire, yo lo que pienso en relación a los libros en los textos escolares, y al tema de la educación sobre la educación pública en el país, es que una cosa es enfocar la igualdad de oportunidades, deberes y derechos para niños y niñas, erradicar la crianza machista, inculcando valores desde nuestras casas y en todos los espacios de nuestra sociedad, y otra muy distinta es tratar temas de educación sexual. Mi concepción por lo menos de lo que es igualdad de oportunidades, derechos y deberes de niños y niñas, no incorpora necesariamente el tema sexual. El tema sexual es un tema que debería ser tratado, definitivamente, en el espacio también educativo, pero con el cuidado necesario, porque estamos hablando de niños, estamos hablando de menores de edad, que tienen que tener evidentemente acceso a información, pero información que sea debidamente revisada. Entiendo que el presidente [Martín] Vizcarra ha anunciado ya que estos textos escolares han sido trabajados probablemente sin el cuidado debido, van a ser retirados, y las personas que han hecho estas acciones van a ser sancionadas. Eso está bien, pero yo separaría un poco el tema de esta necesidad de trabajar igualdad de oportunidades, deberes y derechos en niños y niñas, del tema de educación sexual.


Pasando al tema de Las Bambas, desde su posición empresarial, ¿cómo va a enfocar este tema?
Yo lo que veo en el caso de Las Bambas es que la empresa minera ha cumplido con los comuneros, lo cual me da gran satisfacción, porque yo sinceramente soy una empresaria que considera que el generar utilidades resulta muy positivo, pero también lo es beneficiar a nuestros colaboradores y a los espacios sociales donde nos movemos. Entonces yo creo que aquí la empresa minera Las Bambas ha cumplido con la comunidad, con los acuerdos en los que mutuamente han participado. Tenemos aquí un problema más bien que significa la presencia, o tal vez la ausencia que ha existido del Estado para resolver los conflictos que se puedan ir presentando. Necesitamos que la PCM en este caso tenga una mayor influencia desde las oficinas donde trabajan los temas de conflictos que se presentan en el país, para poder enfocarlos de una manera más pronta, no dejar que estos vayan extendiéndose en el tiempo ni menos que impliquen la interrupción de derechos de otras personas, como son el uso de las vías públicas en el país. Estamos viendo con preocupación que es muy fácil para las comunidades o para las personas bloquear las vías, y eso no es legal en nuestro país. Al margen de necesitar fuertemente recuperar valores, necesitamos recuperar también el cumplimiento del principio de legalidad, si no esto va a ser muy caótico.
Las Bambas
¿Cómo evalúa usted la labor del primer ministro Salvador del Solar?
Yo creo que el ministro está haciendo un trabajo importante,  creo también que el diálogo es fundamental para la solución de todo tipo de conflicto en el país, y creo que está haciendo lo correcto, tenemos que dialogar entre peruanos. Pero cuando se presentan problemas, tenemos que atenderlos de manera eficaz y más rápida.

Roque Benavides dijo no hace mucho que hay una campaña de destrucción contra el sector privado, concretamente de parte del Ministerio Público o del sistema de justicia. ¿Cuál va a ser la política suya?
Nosotros somos respetuosos de la función del Poder Judicial. De hecho, las personas que han sido citadas al Poder Judicial, a la Fiscalía, para declarar sobre el tema que esté en investigación [del caso Lava Jato], han acudido puntualmente. Además tengo entendido que Confiep ha puesto a disposición toda la documentación sustentatoria del tema que nos solicitan; nosotros estamos tranquilos y confiados en que las cosas se van a aclarar.


Está bien, sin embargo, el mismo presidente Vizcarra ha dicho que hay un abuso de las prisiones preventivas, y eso me parece que también lo dijo Roque Benavides en la última CADE.
Sí, yo concuerdo con que definitivamente hay un abuso de la cárcel preventiva. La cárcel preventiva debe ser una medida excepcional, no una medida, digamos, habitual. Las cárceles peruanas tienen 80 mil reos, y de ellos, el 40 % aún no tiene sentencia fija, están en proceso de investigación, en proceso judicial, entonces, hay realmente un abuso de la carcelería. Si usted me pregunta mi opinión personal, yo le diría que la carcelería preventiva podría aplicar para asesinos o para personas que hayan cometido crímenes que pongan en peligro a la sociedad, pero existe la presunción de inocencia de las personas, y creo que esto es un derecho sobre el que debemos reflexionar, no es una acción que pueda ser vista como positiva encerrar en la cárcel a las personas de esta manera.

Estamos hablando no solamente de Briceño, estamos hablando de Pedro Pablo Kuczynski, de Keiko Fujimori, entre otros…
Sí, definitivamente. Yo no me refiero a nadie en especial, yo me refiero en términos generales al abuso de la cárcel preventiva. Hay medidas que son menos gravosas que pueden obtener el mismo fin. Nosotros vemos, por ejemplo, que el expresidente Humala estuvo preso con su esposa; mi impresión es que ellos habían entregado sus pasaportes, no había peligro de fuga. Entonces, mientras se lleva adelante un proceso de investigación, lo natural debería ser que las personas lo hagan en libertad, con algunas restricciones de sus derechos, como impedimento de salida, pero no necesariamente con una cárcel preventiva. Y esto porque hacinamos las cárceles y corremos incluso el riesgo de que las personas sean declaradas inocentes y hayan sufrido de una carcelería que al final va a resultar injusta.

Finalmente, ¿cree que como está planteada la reforma política y la reforma judicial, van a funcionar en el país?
Soy una persona positiva y espero sinceramente que se ponga, digamos, todo el empeño para que estos proyectos que están viéndose en el Congreso, sean responsablemente revisados y puedan lograr realmente una reforma que le dé un mejor servicio a nuestro país. Yo siempre tengo fe de que las personas van a poner lo mejor de sí para lograr también los mejores resultados para el Perú, prefiero ponerme en un plan positivo a estar en plan negativo y creo que hay que tener siempre esperanza y fe.

“No soy partidaria de las cuotas de género”
Se lee en las redes sociales que usted llegó a ese cargo por méritos propios y no por las corrientes de la “paridad de género”
Bueno, yo soy una convencida de que los hombres y las mujeres somos diferentes, pero somos complementarios. Biológicamente nacimos con una mochila, pero cuando pertenecemos a una sociedad, tenemos los mismos derechos, deberes y obligaciones. Eso es indiscutible. Una prueba de esta posibilidad de tener los mismos derechos, deberes y obligaciones es lo que yo he alcanzado a lo largo de mi vida, con mi esfuerzo y mi preparación, para ocupar las posiciones en las que yo he querido estar. La vida da oportunidades y hay que aprovecharlas. En todo caso lo que hay que hacer es nivelar la cancha para que esas oportunidades sean iguales para hombres y mujeres, y que quien tenga el talento, tenga la habilidad, tenga el deseo de llegar a diferentes objetivos, pues, tenga la libertad de hacerlo también.

¿Estaría usted de acuerdo con que haya una ley de paridad de género para la política, para la economía, la sociedad y la cultura?
Mire, yo no soy dueña de la verdad absoluta, sería muy presuntuosa de mi parte pretender serlo, siempre me gusta escuchar las posiciones distintas a la mía. Yo creo que en el caso de la política, sinceramente no soy partidaria de las cuotas ni a favor de los hombres ni de las mujeres. Pienso que podrían haber muchas mujeres que, por empate en una cuota, una ley, que pueda tener capacidad para ocupar ciertas posiciones, lo mismo que los hombres. Por lo tanto, en lo personal, no soy partidaria de las cuotas, pero sí entiendo las voces que explican en el tema de la política, estas cuotas, tal vez se necesitan de manera temporal, pero no una paridad, sino, digamos, abrir el acceso para que más mujeres puedan ser miradas y puedan participar en la vida política. Lo entiendo y creo que sería un debate que se debería realizar. En el sector privado, y lo digo con franqueza, no soy partidaria, de ninguna manera, de las cuotas, en absoluto, y creo que las personas deben desarrollarse de acuerdo a su talento en los espacios en los que decidan participar.

Un honor y un reto
Para María Isabel León Klenke, la primera mujer presidenta de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) desde su fundación en 1984, “es un honor y un reto” asumir  el liderazgo de dicha entidad gremial y anuncia que lo hará con valores y con ética. La empresaria, quien reemplaza en el cargo a Roque Benavides, jurará al cargo el próximo 30 de abril.

Avanza el poder femenino
-María Isabel León Klenke, presidenta de la CONFIEP.
-Yolanda Torriani, presidenta de la Cámara de Comercio de Lima.
-Claudia Cooper, presidenta de la Bolsa de Valores de Lima (BVL).
-Cayetana Aljovín, presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP)
-Elena Conterno, presidenta de IPAE.
-Leonie Roca, presidenta de AFIN.

CADE 2017: GOBIERNO TRABAJA PARA DAR SERVICIOS DE JUSTICIA EFICIENTES

diciembre 01, 2017
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Foto: Andina
(Andina) Las entidades del sistema de justicia del país están tomando decisiones importantes con el objetivo de ofrecer servicios eficientes y transparentes, como demanda la ciudadanía, afirmó hoy el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Enrique Mendoza.

Recordó que para enfrentar este problema estructural se lanzó el Acuerdo Nacional por la Justicia, espacio de diálogo y coordinación entre el Poder Judicial, Ministerio Público, Consejo Nacional de la Magistratura, Academia de la Magistratura y el Ministerio de Justicia.
En su presentación en la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE) 2017, en Paracas, refirió que el objetivo del acuerdo es alcanzar una justicia óptima para revertir la caída de los índices de competitividad del país, provocada, entre otros factores, por la corrupción.


Entre las decisiones adoptadas por el acuerdo, destacó el fomento de la informatización de  procedimientos y los mecanismos de interoperabilidad entre las entidades del sistema de justicia.

En paralelo a estas decisiones institucionales se requiere mejorar el capital humando a través de la selección y formación de jueces, precisó.

Enfatizó que con procesos más cortos, jueces bien preparados y un sistema informatizado, se logrará un gran avance en materia de justicia en el país.

Cárceles productivas

De igual modo, destacó las acciones que desarrolla su sector para mejorar el sistema penitenciario, como las asociaciones público privadas para la construcción de nuevos penales, el uso de grilletes electrónicos y el bloqueo de celulares en cárceles.


En cuanto a la resocialización, resaltó los alcances del programa Cárceles Productivas,  a través del cual trabajan 28 mil internos.

El año pasado generaron ingresos por S/ 126 millones mediante la venta de productos principalmente de artesanía.

Adicionalmente, dijo que se está promoviendo la educación en los establecimientos penitenciarios, a nivel técnico y superior y certificados por el Ministerio de Educación. A la fecha, 18 mil internos cursan estudios.

El ministro participó en la sesión “El imperio de la ley en el Perú”, donde también expusieron el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez; el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, y el ministro del Interior, Carlos Basombrío.

MINJUS PRESENTARÁ PROYECTO PARA GARANTIZAR PAGO DE REPARACIONES CIVILES

octubre 17, 2017
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(Andina) El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Enrique Mendoza Ramírez, anunció hoy que presentará un proyecto de ley para garantizar el pago de las reparaciones civiles a favor del Estado, establecidas en las sentencias judiciales.

Según dijo, presentará esta iniciativa ante las recientes excarcelaciones de sentenciados por terrorismo que salieron en libertad al cumplir su condena, pero que no pagaron la reparación civil impuesta como parte de la sentencia.

“Está bien que en el Perú no haya cárcel por deuda, pero por otro lado eso también indica que no se ha cumplido la pena”, sostuvo.

Mendoza Ramírez, asimismo, exhortó al Congreso a aprobar medidas legales orientadas a garantizar el pago de las reparaciones civiles.

La mayoría de sentenciados por delitos de terrorismo, de acuerdo a la Procuraduría Antiterrorista, salen en libertad sin pagar voluntariamente la reparación civil.


Martha Huatay, encargada del destacamento Socorro Popular de Sendero Luminoso salió en libertad ayer, tras cumplir 25 años de prisión y sin haber pagado la reparación civil solidaria de 3,700 millones de soles que debe junto a la cúpula senderista.

Esta situación motivó  también que el ministro del Interior, Carlos Basombrio anuncie que propondrá la creación de un registro de deudores de reparaciones civiles.

El congresista Javier Velásquez Quesquén, por su parte, presentó una iniciativa legal para declarar la imprescriptibilidad del pago de las reparaciones civiles en favor del Estado.
 
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