El reciente pronunciamiento de la Asociación Nacional de Magistrados del Perú, en respuesta a las publicaciones sobre la nivelación remunerativa aprobada por el Congreso para los jueces titulares del Poder Judicial, nos da la oportunidad de reafirmar nuestra posición.
Como medio de
comunicación comprometido con los valores democráticos y la justicia, aclaramos
que no estamos en contra de que los magistrados tengan una remuneración digna,
acorde con su responsabilidad. Por el contrario, creemos que un sistema
judicial solido requiere jueces debidamente retribuidos para garantizar su
independencia y eficacia.
Sin embargo,
nuestra preocupación va más allá de los estrictamente económico. Lo que
cuestionamos es el contexto y los criterios con lo que se extiende esta
nivelación a un sistema que, lamentablemente, está marcado por deficiencias,
señalamientos de corrupción, falta de transparencia y, en algunos casos, un
desempeño cuestionable.
No es posible
ignorar que el país atraviesa un momento de profunda desconfianza hacia las
instituciones, incluido el Poder Judicial. Muchas veces hemos sido testigos de
casos en los que algunos jueces han priorizado intereses personales o
ideológicos por encima de la ley, afectando la percepción pública de la
justicia. Esto no significa que todos los jueces estén bajo sospecha, pero sí
que la imagen del sistema judicial requiere medidas que vayan más allá de la
nivelación salarial para recuperar la confianza de la ciudadanía.
Reconocemos que
la Ley N°32164 Responde a derecho constitucionalmente respaldados y que, como
señalan los magistrados, tienen sustentos en sentencias emitidas por el propio
Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. Sin embargo, consideramos que
cualquier mejoría salarial debe de ir acompañada de un compromiso firme por
elevar los estándares éticos y profesionales dentro del sistema judicial.
Los incentivos
económicos, si bien justos, no pueden desvincularse de una evaluación
meritocrática y de un esfuerzo por garantizar que quienes administran justicia
estén libres de cuestionamientos que afecten su credibilidad.
El
pronunciamiento también aborda la situación de los fiscales y trabajadores
administrativos del Poder Judicial y el Ministerio Publico, quienes enfrentan
una clara disparidad en su remuneración. En este punto, coincidimos plenamente
con la Asociación de Magistrados: urge que se atienda la situación de estos
servidores, quienes son fundamentales para el correcto funcionamiento del
sistema de justicia. La equidad en la distribución de recursos y la
dignificación de todos los niveles del sistema judicial son aspecto clave para
avanzar hacia una justicia más eficiente y accesible.
En lugar de
percibir nuestro análisis como malicioso, invitamos a la Asociación Nacional de
Magistrados a reflexionar sobre las preocupaciones legítimas de la ciudadanía.
Solo con apertura al diálogo y el compromiso de todas las partes lograremos
construir un sistema judicial que no solo sea digno, sino también integro y
eficaz en la tarea de imprimir justicia.
