Presidente de esa institución, Duberlí Rodríguez, cansado de
fallos escandalosos e inacción. Procuradores del Poder Judicial advierten de
casos escandalosos.
El
Ministerio Público y el Poder Judicial evalúan realizar cambios drásticos en
los organismos de control para que se sancione rápidamente y con más rigor a
los fiscales y jueces que incurran en fallos que muestren evidencias de estar
direccionados.
El
presidente del Poder Judicial se ha mostrado respetuoso de las decisiones de
los jueces, pero no oculta su preocupación por fallos al menos sospechosos en
varios casos.
Fuentes
del Poder Judicial manifestaron que el
titular Duberlí Rodríguez se encuentra muy mortificado por fallos de esa
naturaleza que afectan la imagen de esa institución y por ello evalúa realizar
cambios para hacer más efectivas las investigaciones de las denuncias contra
los magistrados.
SE QUEJAN
Además de los miles de litigantes, los procuradores del Poder Judicial han detectado resistencias de algunos jueces y fiscales cuando en los procesos tienen que defender los intereses del Estado, frente a mafias y organizaciones que tienen poder económico y suelen prolongar los procesos o archivarlos de acuerdo a su conveniencia.
Uno de los casos que ha
llamado la atención de los procuradores del Poder Judicial y que viene siendo
evaluado por los asesores de Duberlí Rodrígez es el de la magistrada Russy
Arizábal Calderón del 15 Juzgado Civil de Lima, y la especialista de esa sala
Emérita García Solórzano, quienes emitieron resoluciones con firmas que no son
las suyas, tal como se evidencia en el registro de firmas del Reniec.
El caso fue denunciado ante
la Oficina Desconcentrada de Control Interno de Lima del Ministerio Público,
para que abra investigación, pero la rechazó (a través de la resolución
643-2017) argumentando que en la denuncia “no
se precisa el delito cometido”, pese a la notoria diferencia de las firmas
que aparecen en las resoluciones y la firma original de ambas servidoras
públicas que aparecen en la ficha del Reniec.
PELIGROSO
La abogada Cruz Silva del Carpio, del Instituto de Defensa Legal (IDL), al ver las firmas totalmente distintas en la resolución y en la ficha del Reniec, se mostró sorprendida y dijo que “esto es peligroso y lo mínimo que pueden hacer las autoridades es proceder a una investigación que debe llegar a las últimas consecuencias y también se debe revisar el historial de resoluciones suscritas por la magistrada Arizábal, pues en el camino pueden haber muchos litigantes afectados con resoluciones que podrían ser declaradas nulas.
Explicó que el caso no queda
ahí, pues si se comprueba que no es la firma, “entonces hay un presunto delito de falsificación de firma, lo que
sería una falta administrativa y penal”.
La procuraduría del Poder
Judicial manifiesta que este tipo de situaciones no solo se ven en el accionar
de los magistrados sino también a nivel fiscal y una de las modalidades es la demora
para aperturar investigaciones (o no abrirlas nunca) en casos que son
flagrantes.
DOS AÑOS Y NADA
En Puente Piedra, el procurador del Poder Judicial Romel Gutiérrez y también el procurador de la comuna de ese distrito, Camilo Rivera no se explican cómo es que después de dos años, la tercera fiscalía de Puente Piedra a cargo de Gladys González Obando, no resuelve la denuncia contra un grupo de traficantes de terrenos que pretenden apropiarse de terrenos públicos presentando documentos falsos, según los denunciantes.
Romel Gutiérrez manifiesta
que se ha acreditado que el ciudadano Carlos Villalobos presentó una constancia
de posesión del 3 de febrero del 2003 firmada por Nicolás Alvarado Trejo en su
condición de Jefe de Participación vecinal de la Municipalidad de Puente
Piedra; sin embargo Alvarado Trejo declaró ante la policía y el representante
del Ministerio Público que no trabajó en dicha comuna el 2003 y la firma que
aparece en el documento no es suya.
CONGELADA
Advierte que con este documento falso pretenden apropiarse de terrenos del Estado y pese a las evidencias y el testimonio del propio ex funcionario de la comuna de Puente Piedra que asegura que esa no es su firma y que en ese tiempo no trabajó en la comuna, la fiscal González Obando ni siquiera se pronuncia a favor o en contra, es decir, la denuncia simplemente está congelada, favoreciendo de esta forma a quienes mediante esta argucia pretenden apropiarse de terrenos que no les pertenece.
Este caso (2586-2014) se
encuentra ahora en la Sala Civil Transitoria de Lima Norte, que debe resolver
el pedido para revocar la sentencia emitida por el Juez del 1er Juzgado Civil
de Puente Piedra que declaró infundada la demanda de Nulidad de Cosa Juzgada
Fraudulenta y declararla fundada.
ALGO MÁS
Los procuradores del Poder Judicial esperan que los órganos de control realicen una mejor inspección para evitar que algunos malos jueces y fiscales sigan desprestigiando el sistema de justicia en el Perú.
Fuente: DiarioUNO
Publicar un comentario