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| Sucesos |
Como si ello no fuera suficiente,
un nuevo bloqueo al proyecto minero Las Bambas por parte de las comunidades
campesinas de Pisaccasa, Mara, Pitic y Yuricancha en Cotabambas (Apurímac)
recuerda la precariedad de la gestión social alrededor de este proyecto minero
donde el Poder Ejecutivo en febrero del 2017 anunció la ejecución de 300 obras
del Plan de Desarrollo de Cotabambas.
Hace seis meses, la Presidencia
del Consejo de Ministros (PCM) promulgó el Decreto Supremo n° 022-2017-PCM con
el cual modificó su Reglamento de Organización y Funciones, y crea el
Viceministerio de Gobernanza Territorial de la cual dependen la Secretaría de
Descentralización, la Secretaría de Demarcación Territorial y la Secretaría de
Gestión Social y Diálogo, que reemplaza a la Oficina Nacional de Diálogo y
Sostenibilidad (ONDS).
La justificación para la creación
de este Viceministerio, al igual que pasó con la ONDS el 2012, es un nuevo
enfoque para afrontar los conflictos, con mayor visión más estratégica,
proactividad y sobre todo para prevenir los conflictos sociales en el país. En
esta Secretaría que reemplazó a la ONDS, se crearon 3 subsecretarías. Una de
Prevención y Conflictos, que debía crear un sistema de información que
sistematice casos que afecten la gobernabilidad y contrastar con los sectores
el estado de situación de los compromisos. Otra fue la Subsecretaría de Gestión
de Conflictos que atendiera los casos que estallen, y, finalmente, la Subsecretaría
de Diálogo que atienda las mesas constituidas.
La PCM ha destinado recursos
importantes, sobre todo en personal para esta nueva Secretaría (Portal de
Transparencia de la PCM) con el propósito de que prevenga las protestas
sociales. Por ejemplo, han colocado de forma permanente una abogada cusqueña en
el distrito de Challhuahuacho, provincia de Cotabambas (Apurímac), donde se
encuentra el proyecto minero Las Bambas, como una “muestra” de la prioridad que
le dan a esta operación.
Sin embargo, algo ha ocurrido con
esta estructura, que en la práctica pareciera que no está dotando de
información oportuna, inteligente y estratégica a las autoridades que deben
tomar decisiones. En varios casos, según los ministerios, esta Secretaría que
ve el seguimiento de los conflictos y el Viceministerio de Gobernanza
Territorial aparecen distantes o ausentes de estos procesos.
En mi columna de mayo en Sucesos (08.05.17)
afirmé que la creación de este Viceministerio es un “combo” potente para
atender estos procesos sociales territoriales, pero que otra cosa era la
eficacia de su gestión en los territorios del país con este nuevo mandato. Y
nos hacíamos una pregunta: ¿se establecerán consensos territoriales
(gobernanza) con visión común del desarrollo, que se adelante a la
conflictividad? Al parecer, es otra ausencia.
Una muestra de ello es el
conflicto que reaparece alrededor del proyecto minero Las Bambas en Apurímac
con el conocido argumento de que transitan más de 500 vehículos de esa empresa
que provocan contaminación, por lo que plantean un acuerdo (económico) con la
minera por derecho de vía.
No hay zona en al país que, en
materia de gestión social estatal, haya merecido mayor atención que los
territorios alrededor de Las Bambas. Presencia de ministros, viceministros y
funcionarios en el anterior gobierno; y en el actual, el primer vicepresidente
de la República condujo personalmente el diálogo con los distritos y
comunidades donde opera el proyecto Las Bambas, que derivó en el Plan de
Desarrollo de Cotabambas.
Al final, las conclusiones son
las mismas. Mesas de diálogo en esta zona el 2012, 2014 y 2015 y compromisos
pendientes de concluir, y conflictos que reaparecen en la provincia de
Cotabambas. Seguramente, reaparecerán en otras zonas, si no hay cambios institucionales
alrededor de este Viceministerio que debiera promover la gobernanza
territorial, que no es otra cosa que consenso territorial y visión común del
desarrollo.
<Sin un órgano rector que jerárquicamente se relacione con los sectores, las mesas de diálogo seguirán siendo mesas para mecer y dejarán de ser oportunidades para generar desarrollo en los territorios.>
El Parlamento también tiene
responsabilidad. Desde diciembre del 2016 se encuentra el proyecto de ley que
crea el Sistema de Gestión de Conflictos en el sector público y nadie ha movido
un dedo al respecto.
Sin un órgano rector que
jerárquicamente se relacione con los sectores, las mesas de diálogo seguirán
siendo mesas para mecer y dejarán de ser oportunidades para generar desarrollo
en los territorios. Sin este sistema, también exponemos al presidente de la
República a que se involucre en solución de protestas como la huelga
magisterial, con los precedentes que ello implica, porque algunos no hicieron
su trabajo.
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