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| BBC |
Despertaron
a la fuerza a su esposo Zósimo Tenorio, en ese entonces de 27 años, y les
dijeron a ambos que eran "terroristas", según cuenta Adelina a BBC
Mundo.
Se referían
a que los consideraban miembros de Sendero Luminoso, uno de los grupos más
violentos de Sudamérica, de ideología "marxista-leninista-maoísta",
que inició su "lucha armada" en Ayacucho en mayo de 1980.
"Les dije que si
fuéramos terroristas, mi esposo estaría por ahí, haciendo otras cosas, que
ahorita estamos en nuestra casa descansando, que mi esposo trabajaba en nuestro
taller, teníamos un taller de carpintería metálica", agrega Adelina.
"Además,
él no quería pertenecer a ningún partido, era totalmente inocente".
Pero los
soldados los golpearon, Adelina se desmayó y cuando recuperó la conciencia, su
esposo ya no estaba.
"Salí
gritando a la calle, pero ya se lo habían llevado en un carro los
militares", recuerda.
Lo habían
trasladado al cuartel militar Los Cabitos como sucedió con otras 137 personas,
entre las que había menores de edad.
Estas
víctimas fueron "secuestradas, torturadas o asesinadas y desaparecidas por
agentes del Estado en Los Cabitos y en la sede de la Unidad de Inteligencia
conocida como "la Casa Rosada", en 1983 y 1984", según la
Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) de Perú.
Los hechos ocurrieron
durante el gobierno de Fernando Belaúnde Terry.
Los
crímenes fueron cometidos en el contexto de la "lucha contra subversiva
del personal militar", según la CVR, y la mayoría había quedado sin
castigo hasta ahora.
El
viernes en la madrugada, la Sala Penal Nacional de Perú sentenció a dos de los
militares del estado mayor de Los Cabitos, por la tortura y
desaparición de 24 de las víctimas.
Una de
ellas es el esposo de Adelina.
"(Después de la
detención) le pregunté a un ex militar (por Zósimo) y me dijo que lo habían
golpeado, pero que en 15 días iba a salir libre", dice la mujer, ahora de
53 años.
"Yo
esperanzada, esperé, pero nunca más (volvió)", señala. "Lo sigo
buscando".
Torturas en Los Cabitos
La
detención de Zósimo cumple con el patrón que seguían los apresamientos de la
época.
"Una
de las modalidades... era el ingreso violento de policías y/o militares en las
viviendas... para buscar material o elementos subversivos", detalla la CVR
en un informe presentado en 2003.
Estas operaciones
solían ejecutarse de noche o de madrugada y los captores iban encapuchados,
"no se identificaban" y "portaban armas largas".
Golpeaban a
las víctimas y se las llevaban a la fuerza "a lugares desconocidos".
Cuando
Adelina iba a preguntar por su esposo a la policía, dice que le respondían que "seguramente es terruco
(terrorista), por eso se lo llevaron…".
La CVR
explica que una vez en Los Cabitos o en "la casa rosada" los
victimarios torturaban a los detenidos con la intención de que
"confesaran" que eran senderistas o que delataran a otros supuestos
senderistas.
Según el
informe, ataban a las víctimas "con los brazos hacia atrás" y las
colgaban con sogas y poleas.
Volvían a golpearlas.
Las apaleaban en todo el cuerpo y las sumergían en un cilindro de agua.
Además,
"se les aplicaba electricidad en diferentes partes del cuerpo y,
particularmente, en los genitales", agrega el informe.
Esteban Canchari, una
de los detenidos en Los Cabitos, dijo a la CVR que en un momento, mientras lo
golpeaban, vio que "en una viga colgaban varias cadenas y sogas, había
cables de corrientes... un cilindro con agua...".
Los
presos no comían ni tomaban agua durante días o recibían "desperdicios de comida en
recipientes antihigiénicos".
A veces
"se les mostraba fosas donde podían ver restos humanos" o "se
les hacía escuchar los gritos de dolor de algún familiar cercano que estaba
siendo torturado".
Las
autoridades hallaron en Los Cabitos fosas clandestinas y un horno de incineración, según dijo Gloria
Cano, de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) y abogada de los
familiares de las 53 víctimas, a BBC Mundo, "para quemar cuerpos y que no
fueran hallados".
Para Cano,
la sentencia es histórica: "Marcan una condena a este tipo de políticas
contrasubversivas (que están) al margen de toda ley y toda dignidad
humana".
El proceso
La sentencia por el
caso de 24 de las víctimas llegó luego de seis años de juicio oral, que empezó
en 2011.
La acusación
original pedía condenas para 9 militares y el ministro de Guerra de la época
por la desaparición de 53 personas.
Pero la
Sala Penal Nacional dijo que el resto de casos no estaban "lo
suficientemente probados", según explicó Cano a BBC Mundo.
Los
familiares de las víctimas denunciaron los hechos en 1983. Pero en ese entonces
los casos se archivaron.
Se
reabrieron en 2004, a raíz del informe de la Comisión de la Verdad y
Reconciliación de Perú, presentado en 2003.
Desde entonces,
Adelina y otros familiares esperaban oficialmente una sentencia.
"Porque
hasta el momento no hemos podido enterrar, dar cristiana sepultura (a mi
esposo), ese es nuestro dolor", dice. "Hace ya 34 años que siempre me
pregunto si estará vivo o estará muerto".
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