(Andina) Los terroristas deben
pagar al Estado 6,767 millones de soles por reparación civil, informó el
procurador para casos de terrorismo, Milko Ruiz, quien aseguró que continuarán
todos los mecanismos legales para hacer efectivos dichos cobros, sin caer en
abusos o persecuciones.
¿Cuál es su reflexión
en esta fecha en que se conmemoran los 25 años de la captura de Abimael Guzmán?
–Es una fecha
importantísima para la paz en el Perú. Tuvimos una lucha y una continuidad de
crímenes terribles cometidos por el terrorismo en las décadas de 1980, 1990 y
2000. Obviamente, el golpe que se dio a la cúpula de Sendero Luminoso (SL), en
setiembre de 1992, marcó la debacle de esa organización criminal. Recordemos
también que al poco tiempo cayó Víctor Polay Campos y significó, además, la
caída de la otra organización terrorista: el MRTA.
Entonces, 1992 es un
año muy importante para la lucha contra el terrorismo. Fueron golpes
definitivos y letales que asestó el Estado. Se descabezó a esos movimientos que
habían llevado sus crímenes a todo el Estado, a toda la Nación.
El daño que ha hecho
el terrorismo al Perú no se puede ni siquiera calcular con la reparación civil
que debemos cobrar, que suma 6,767 millones de soles. Es un daño de cerca de
tres décadas en los que cometieron asesinatos, hicieron estallar coches bomba y
una destrucción que no se puede cuantificar de manera objetiva.
Fue una época terrible
que todos la hemos pasado. Entonces, el día de la captura de Abimael Guzmán fue
un momento de triunfo contra la maldad del terrorismo. Hemos tenido muchas
viudas y huérfanos por la locura de este sujeto y de todas esas personas que ahora
quieren legitimarse como luchadores del Estado y eso obviamente no lo vamos a
permitir. Esto no debe olvidarse. Lamentablemente, a veces los pueblos olvidan
su historia y nosotros debemos evitar eso desde nuestra función, desde nuestro
trabajo.
–Se dice que el Estado
está fallando en hacer conocer a las nuevas generaciones las atrocidades
cometidas por SL y así evitar que caigan en esos movimientos afines al
terrorismo…
–El Estado no está
fallando, está haciendo lo que le corresponde mediante sus diversas
instituciones, es un trabajo necesario en el momento, pero obviamente hay que
reforzarlo. Eso sí es innegable.
A veces escucho voces
que dicen que el Estado no hace nada en los ámbitos político, económico y
normativo, algunos opinan que no hace lo suficiente. El problema del terrorismo
es tan grande que nunca nada será suficiente, pero tengo que decir que el
Estado está haciendo algo en sus diversas instituciones. Es un tema de política
de Estado.
Nuestra función como
procuradores es buscar que se sancionen a los que incurren en el delito del
terrorismo; la función de la Dircote es la prevención, básicamente; la función
de los políticos, Congreso, Gobierno, es la lucha política e ideológica. Todos
tenemos nuestra función y todos estamos haciendo parte de esa función. Ahora,
si consideramos que es suficiente o no, eso queda en cada uno.
–¿Hay plazo para el
pago de las reparaciones civiles?
–No hay un plazo
definido en la norma. La ley establece que si esta persona no paga, ante el
requerimiento del Estado, tiene de 5 a 6 días para abonarla. Si no paga, está
el embargo. Así de sencillo. Si la persona no tiene bienes, la reparación civil
sigue vigente mientras nosotros, como Procuraduría, mantengamos el
requerimiento, y se le va a tener que encontrar en algún momento un bien para
cobrarles dentro de los mecanismos que nos faculta la ley.
Seguiremos aplicando
las normas vigentes para que los terroristas cumplan con sus deudas con la
sociedad. Acá, no hay ningún tipo de abusos ni persecuciones.
En este sentido, no
estoy de acuerdo con esa posición de que se declare insolvente a un terrorista,
porque eso sería darles un premio y es lo que ellos buscan. Me han sorprendido
estas declaraciones. Mi objetivo no es declararlos insolventes, sino cobrar la
reparación civil pendiente.
El cobro de esta
reparación civil tiene varias aristas, es muy difícil y complicado. Los
deudores no tienen dinero; evaden con sus mañas el pago, se cambian de
domicilio para evitar los embargos y la deuda. Aun, así, de manera paciente
logramos descubrirlos y hacer que paguen.
–¿La libertad de la
senderista Maritza Garrido Lecca representa un peligro para la sociedad
peruana?
–Cualquier terrorista
que pise la calle, sea de mando medio, menor o mayor, genera preocupación. Sus
mentes las tienen con ideología criminal, con el llamado pensamiento Gonzalo en
el caso de Sendero, y con ideología del MRTA, en el caso de los emerretistas.
Eso de que salgan
rehabilitados, reformados, arrepentidos, no sucede, lo garantizo. En los
juicios no he visto ni una pizca de arrepentimiento, es más, ni siquiera
confiaría en esos arrepentimientos.
Los terroristas salen
y es una situación lamentable, pues quisiéramos que se queden toda la vida en
la cárcel por el daño incalculable que han hecho, pero la justicia les ha
puesto esa pena y tienen que dejar la prisión.
Lo que estas personas
tienen en la cabeza no se lo van a sacar nunca, pero lo que debemos cuidar como
Estado es que no lleven esa ideología más allá y para eso están las leyes
vigentes.
Vigilancia permanente
–Algunas voces
aconsejan mantener una permanente vigilancia a los terroristas que salgan de la
cárcel, ¿qué debe hacer la Dircote?
–Este es un tema de
inteligencia que lo maneja la Dircote y que tengo entendido está controlado. El
ministro del Interior, Carlos Basombrío, ha referido eso, cuentan con un plan y
lo están aplicando. Obviamente, no hay una ley que diga que se les persiga,
porque sería complicada una norma así, pero una persona que sale de la cárcel y
puede ser un peligro para la sociedad es perfectamente viable y
constitucionalmente válido que pueda ser monitoreada para ver qué es lo que
hace.
–La Procuraduría va a
estar atenta al primer delito que cometan…
–Si cruzan la línea
entre su libertad y el delito, la Procuraduría, el Poder Judicial y Fiscalía
estaremos ahí para procesar y sancionar a estas personas. Su vida en las calles
será muy dura, y es lo que se merecen por el daño que le han causado al país.
Uso de recursos
El pago del total de
la reparación civil financiaría obras como Longitudinal de la Sierra, tramo 4,
cuya inversión suma 464 millones de dólares.
También la
masificación de uso de gas natural en Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín,
Cusco, Puno y Ucayali (350 millones de dólares).
Además, las obras de
cabecera y conducción para el abastecimiento de agua potable para Lima (600
millones de dólares) y el Parque Industrial de Ancón (500 millones de dólares).
El total, 1,914 millones de dólares (6,186 millones de soles).
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