–¿Como titular de la Comisión de Justicia, ¿cuál es el trabajo
que se proyecta para esta legislatura?
–En lo que va de la actual
legislatura hemos centrado nuestro trabajo en dos grandes ejes: el derecho
humano de las personas más vulnerables y la reforma puntual de algunos aspectos
del tema de justicia, que consideramos los más urgentes.
Entonces, en el primer eje ya
contamos con la aprobación de dos dictámenes que ayudan al trabajo de la
judicatura y del Ministerio Público para enfrentar la violencia contra la
mujer. También aprobamos otro dictamen en el que se mejora la normativa para
luchar contra la trata de personas, que es el principal flagelo en materia de
derechos humanos que existe en el país y lo que más nos interpela como
sociedad.
–Me habló de iniciativas para apoyar el sistema de justicia, ¿en
qué consisten estas reformas?
–En el ámbito de la reforma
de justicia hemos aprobado un dictamen para frenar el abuso de los [pedidos de]
amparos y habeas corpus que, considero, será fundamental y ayudará a bajar la
carga procesal del Poder Judicial.
De igual modo, aprobamos una
iniciativa para institucionalizar el espacio de coordinación creado por el
gobierno del presidente [Pedro Pablo] Kuczynski, denominado el Acuerdo Nacional
por la Justicia, en un espacio que se llamará InterJusticia, en la que participan
el fiscal de la Nación, el presidente del Poder Judicial, del Tribunal
Constitucional, el ministro de Justicia, del Consejo Nacional de la
Magistratura y de la Academia de la Magistratura.
¿Cuál es la idea? Crear este
espacio en el que se reunirán de manera obligatoria y tomarán acuerdos para dar
un mayor impulso a la reforma del sistema de justicia. Para que esto sea
posible, es necesario contar con un esquema institucionalizado de colaboración
entre los organismos.
–¿Cuándo podría crearse este nuevo espacio denominado
InterJusticia?
–Ya tenemos el dictamen,
ahora lo que necesitamos es que sea aprobado por el pleno del Congreso y
esperamos que esto ocurra antes de que acabe la legislatura. Lo que ocurrirá es
que se institucionalizará el Acuerdo Nacional por la Justicia y se cambiará el
nombre, pero por iniciativa del Ministerio de Justicia, porque este es un
proyecto presentado por este sector y que nuestra comisión priorizó.
Además, es muy interesante
porque es apoyada por los demás sectores que integran el Acuerdo Nacional por
la Justicia y existe un consenso. Por eso, ante un proyecto de ley consensuado
entre todo el sistema de justicia, nosotros hemos decidido darle prioridad.
–Pero, ¿el Acuerdo Nacional por la Justicia no estaba institucionalizado?
–Esta instancia dependía de
la voluntad de las autoridades; entonces, nosotros tenemos ahora autoridades
comprometidas con este trabajo y esta visión de colaboración que debería estar
siempre presente en el Estado, pero, claro, cambian las autoridades y no
sabemos si esa misma voluntad existirá en el futuro. Lo que permite
InterJusticia es la obligación como institución de estar en este espacio.
–¿Qué otro tema priorizará en esta legislatura la Comisión de
Justicia?
–Un tema adicional que es importante
destacar tiene que ver con lo referido a la prescripción de los delitos de
violación a menores.
Este es un tema de mucha
vigencia, no solo en el Perú, sino también en el mundo, hay un debate a nivel
de sociedad y de congresos en diferentes partes del mundo sobre qué hacer.
¿Por qué razón? Porque el
problema es que un niño o una niña que sufre de abusos sexuales, que además
ocurren en un esquema de confianza o de jerarquía, como puede ser en un
colegio, en su familia o en algún otro espacio, el tiempo que pasa para que
pueda procesar lo ocurrido y denunciarlo excede el tiempo de la prescripción
del delito, es decir, cuando el chico ya es joven y decide denunciar, no hay
nada que pueda hacer la justicia porque este delito ya prescribió, lo que es injusto.
Además, es interesante porque
en la experiencia comparada vemos el caso de Australia, donde se creó una
Comisión Nacional para investigar el abuso de menores, y ellos llevan tres años
de trabajo con cerca de 700 audiencias.
Una de las conclusiones a las
que llegaron es que el tiempo promedio que le toma a un menor de edad hacer la
denuncia del abuso es de 33 años. Entonces, si uno ve los plazos de
prescripción de los delitos de abuso sexual, el máximo, con todos los
agravantes, es de 30 años y, claramente, acá sin querer se favorece a los
abusadores.
–¿Cuáles son las propuestas presentadas para evitar esta
impunidad?
–Existen proyectos de ley
presentados por Peruanos por el Kambio, que es de mi autoría, de Fuerza Popular
y Nuevo Perú, para cambiar esta situación y a lo que estamos apuntando es o a
la imprescriptibilidad del delito o a que la prescripción empiece a correr
desde el momento en que la persona es mayor de edad.
Pero sea cual fuere la
decisión que vamos a tomar, y lo haremos en las próximas semanas, se acabará
con este manto de impunidad que tienen los abusadores sexuales de menores.
–¿Cómo va el consenso en este tema?
–Es muy bueno, creo que la
discusión estará en la fórmula legal exacta, pero el concepto y la idea de
acabar con una prescripción tan benévola para los abusadores existe en todas
las bancadas.
Otras modificaciones
–Coméntenos el acuerdo de la comisión para acabar con el abuso
de los amparos y habeas corpus.
–Aprobamos un dictamen con
modificaciones al Código Procesal Constitucional, y uno de los más importantes
es la restricción a la competencia de los jueces con las demandas de amparo o
habeas corpus contra resoluciones.
A partir de esta modificación,
solo serán competentes los jueces del lugar donde se emitió la resolución
judicial firme, acabando de esta manera con la cuestionada práctica de
interponer habeas corpus o amparos en un distrito judicial distinto a donde se
emitió la sentencia.
También aprobamos la
posibilidad de que los ciudadanos comuniquen sus demandas en su idioma
originario.
El otro lado
El parlamentario, elegido por
el partido Peruanos por el Kambio (PPK), es abogado de profesión, cuenta,
además, con estudios en el Perú y en el extranjero.
Asimismo, laboró en diversas
instituciones privadas y esta es su primera experiencia en la política.
En la actual legislatura del
Congreso de la República ocupa la presidencia de la Comisión Ordinaria de
Justicia y Derechos Humanos, e integra la de Relaciones Exteriores.
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