Las medidas dispuestas en la
ley para asegurar dicho pago son la suspensión de las transferencias al
exterior, la adquisición y retención del precio de venta en el fideicomiso de
retención y reparación, la retención de importe a ser pagados por las entidades
del Estado y la anotación preventiva.
Estas medidas aplican, según
la norma, para las personas jurídicas con sentencia firme por
delitos contra la administración púbica, lavado de activos o delitos conexos; o
equivalentes cometidos en otros países en agravio del Estado peruano.
También para los funcionarios
o representantes de las personas jurídicas que hayan sido condenados con
sentencia firme en el Perú o en el extranjero por la comisión de los delitos
contra la administración público, lavado de activos o delitos conexos, o
equivalentes cometidos en el extranjero en agravio del Estado peruano.
Igualmente, aplica para las
personas jurídicas que, directamente o a través de sus representantes, hubiesen
admitido o reconocido la comisión de delitos contra la administración pública,
lavado de activos o delitos conexos, o equivalentes ante autoridad nacional o
extranjera competente.
La ley aplica de la misma
manera para todos aquellos vinculadas a las personas jurídicas.
El texto del dispositivo
legal incluye también acciones restrictivas contra lossocios, asociados o
consorciados de las personas vinculadas a actos de corrupción.
En ese marco, los socios o
consorciados tendrán la obligación de constituir un fideicomiso
de garantía que coadyuve al pago de la reparación civil;
suspender las transferencias al exterior implementar un programa de
cumplimiento y revelar información a las autoridades encargadas de la
investigación.
La Ley 30737 fue
promulgada luego de su aprobación por mayoría en el Pleno
del Congreso, tras haber sido dictaminada por las comisiones de Justicia
y de Economía de este poder del Estado.
Según el Ejecutivo, esta
norma permite que los proyectos de inversión no se paralicen y, al mismo
tiempo, sancionar los casos de corrupción.
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