Embajador uruguayo Carlos Barros a la espera de
decisión de su gobierno sobre el asilo de su huésped, el ex presidente Alan
García.
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| Embajador ingresa a la residencia el lunes 19 a 445 de la tarde. De inmediato entraron hijos de García |
(Caretas) El compás de espera podría durar pocos días. Un aprista de primera
fila mide las posibilidades de que Uruguay le otorgue el asilo político al
expresidente Alan García como de 60% a favor, 40% en contra.
En el país de 3.5 millones de habitantes las posiciones las marcan
dos personajes del opositor Partido Colorado. El expresidente Julio María
Sanguinetti considera que “el asilo inicial prima facie hay
que darlo porque esa es la tradición del país” y que más adelante se evaluarán
las circunstancias. En cambio, el precandidato de ese partido para las
elecciones del próximo año, Ernesto Talvi, aclara que “en principio” no es el
caso de un perseguido político, pues “está siendo indagado en la justicia
peruana por presunta corrupción en licitaciones públicas”. Otros parlamentarios
de oposición e incluso del gobernante izquierdista Frente Amplio piensan
parecido.
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| Carla García sale de la casa de su padre el lunes 19 a la 10-30 de la noche. |
El presidente Tabaré Vásquez, registran los principales diarios,
se ha encontrado con un foco inesperado de presión.
Es la tensión del cambio de tiempos en la región, definido en
buena medida por el caso Odebrecht.
García debió tener en la cabeza la posibilidad de un asilo cuando
en semanas anteriores emprendió su embestida a lo que consideró un golpe de
Estado en ciernes.
La
acusación no tenía pies ni cabeza. El presidente Martín Vizcarra, de padre
aprista, se ha referido muy poco a García y no puede considerarse su enemigo.
La actual vicepresidenta Mercedes Aráoz fue una ministra estrella de su segundo
gobierno.
Pero con su partido
disminuido a 5 congresistas, García acentuó en los últimos años la cercanía con
el fujimorismo.
La situación no es pues, ni remotamente, similar a la de 1992,
cuando se asiló en Colombia tras una interrupción constitucional en serio, con
tanques en la calle y orden ilegal de arresto en su contra.
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| Despliegue policial horas antes en inmediaciones de residencia del embajador. |
El Perú es una democracia que atraviesa el trance de Lava Jato,
enfrentada a los actos de corrupción millonaria en los que se vieron envueltos
políticos y empresarios. Aludir al enfrentamiento entre el Ejecutivo y el
fiscal de la Nación Gonzalo Chávarry ignora que, al final, no se ha destituido
a nadie por debajo de la mesa. Los poderes podrán llevarse mal, incluso por
dentro como ocurre en la Fiscalía, pero se encuentran separados.
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| García el jueves 15, tras conocer solicitud de impedimento de salida. |
COLABORADOR INTERRUMPIDO
García
llegó de Madrid en la mañana del jueves 15 para responder a un nuevo
interrogatorio del fiscal José Domingo Pérez, que ya había suspendido la
diligencia sobre el caso del Metro de Lima el mes anterior (CARETAS
2562).
Esta
vez el fiscal la volvió a suspender tras dos horas. Casi de inmediato solicitó
el impedimento de salida del país del ex presidente por 18 meses al juez Juan
Carlos Sánchez del Segundo Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria del
Sistema Anticorrupción. Esa misma mañana, IDL Reporteros había publicado que
Odebrecht pagó con fondos encubiertos de su contabilidad paralela, la Caja 2,
los US$ 100 mil que García percibió por una conferencia ofrecida al gremio de
industriales de Sao Paulo en 2012 (ver recuadro). La información venía siendo
trabajada por la Fiscalía como una carta bajo la manga (CARETAS
2565).
La
pregunta es si se trata de la única carta.
“Ahora sí se le va a investigar como corresponde al
ciudadano Alan García por haber recibido dinero de la empresa
Odebrecht”, anunció el fiscal en la audiencia del
sábado en la que el juez accedió a su pedido. García se allanó y unas horas
después tocó a la puerta del embajador Carlos Barros.
Según
actores apristas, en esas horas recibieron filtraciones de la Fiscalía que
alertaron de una inminente detención preliminar y una serie de allanamientos.
“Tenemos ojos y oídos donde no sospechan”, desafía una fuente.
Otra
versión se refiere a que el ex abogado del ex viceministro Jorge Cuba, Luis
Peña Terrones, comunicó a la cúpula aprista que, tras tres amplias
declaraciones en las que Cuba no había involucrado al expresidente, se disponía
a hacerlo esta semana, “quebrado” por la presión de la Fiscalía para retomar su
colaboración eficaz.
La investigación ha
continuado y en octubre el juez Richard Concepción Carhuancho ordenó la captura
de Jesús Munive y Magdalena Bravo, exintegrantes del comité de licitación del
Metro.
A
inicios de ese mes, los fiscales Rafael Vela, coordinador del Equipo Especial,
y José Domingo Pérez interrogaron en Sao Paulo a Carlos Nostre, exdirector de
contratos de Odebrecht. Nostre cifró en US$ 24 millones las coimas por el tren,
mucho más que los US$ 10 millones que terminaron en las cuentas de Cuba y otros
funcionarios. Montos depositados en cuentas de Andorra y que, muy
llamativamente, no fueron movidos en casi 10 años. Como de costumbre, Nostre
dijo que los detalles del resto de los sobornos los tenía Barata.
En
el primer intento de colaboración, durante la jefatura de Hamilton Castro en el
equipo Lava Jato, Cuba narró su amistad de larga data con Roxanne Cheesman,
pareja de García, y Enrique Cornejo, quien fuera su jefe como titular de
Transportes y Comunicaciones.
Cuba
describió un sistema de coimas que involucraba al llamado Club de la Construcción
con comisiones del 2.5% por obra, que se repartía entre los actores políticos y
técnicos. Pero sobre los detalles derivó a Nostre y Barata.
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| “Ahora sí se le va a investigar como corresponde por haber recibido dinero de la empresa Odebrecht”. La danza recién empieza. Izquierda, ex viceministro Jorge Cuba. |
Hasta ahora, el exmandamás de la constructora en el Perú no ha
podido ser nuevamente interrogado. Si el acuerdo de colaboración eficaz con
Barata se firmaba en estos días, como estaba contemplado, los fiscales estaban
listos para viajar de nuevo a Brasil. Pero no se ha logrado coordinar con los
procuradores federales brasileños una fecha anterior al inicio de vacaciones
del Poder Judicial en Brasil, que comienza el 15 de diciembre. Por eso se
espera tomar la declaración en la segunda semana de enero.
LA PRISIÓN PREVENTIVA
García sí ha emplazado un argumento con habilidad. Una cosa es que
en el Perú se hable tímidamente de los excesos de la prisión preventiva, y otra
que se traslade a la arena del debate internacional.
Ahí está el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
publicado en septiembre del año pasado, y terminado dos semanas antes que el
Poder Judicial aprobara la detención preventiva del expresidente Ollanta Humala
y su esposa Nadine Heredia.
Allí se lee que “respecto a
Perú, la CIDH manifiesta su preocupación por el incremento en la duración de la
prisión preventiva, contemplada en el Decreto Legislativo No. 1307 de enero de
2017, que modifica el Código Procesal Penal “para dotar de medidas de eficacia
a la persecución y sanción de los delitos de corrupción de funcionarios y de
criminalidad organizada”. En particular, con dicha modificación, el plazo
límite de la prisión preventiva para los “procesos
de criminalidad organizada” se extiende a 36 meses la prisión preventiva,
prorrogable hasta por 12 meses. La referida modificación se diferencia de lo
estipulado anteriormente en el Código Procesal Penal, que únicamente establecía
un plazo máximo de 18 meses en casos de “procesos
complejos”, que podía ser prolongado por un plazo adicional de 18 meses.
Sobre dicha prolongación, organizaciones de la sociedad civil y la Defensoría
del Pueblo del Estado peruano han manifestado su oposición… La Comisión
considera que esta modificación resulta contraria a aquellas acciones que
buscan racionalizar el uso de la prisión preventiva de conformidad con
estándares internacionales en la materia”.
García también pretende que se tome en cuenta el oficio de la
Superintendencia Nacional de Migraciones, remitido el 15 de noviembre, en el
que se advertía a la Jefatura Zonal de Migraciones de Tumbes sobre la solicitud
de impedimento de salida del país contra García, el exministro Enrique Cornejo
y Oswaldo Plasencia, exautoridad del Tren Eléctrico.
El hecho que la advertencia se hiciera dos días antes de que el
juez comunicara su decisión es, para la defensa de García, una muestra de
parcialidad del gobierno.
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