“Yo no vivo de la
política, tengo muchas empresas, no veo un delito que un político sea
empresario”, respondió Richard Acuña tras ser cuestionado sobre un
conflicto de intereses. Nos preguntamos que hace entonces en el congreso. ¿Se dedica a hacer lobbys para su
universidad en la Sunedu? ¿Debería ser desaforado por conflicto de intereses?
¿Comisión de Ética debe investigar de inmediato?
(InformatePerú) Presunto
conflicto de intereses. El pasado 15 de abril, en horas de oficina, Richard
Acuña de Alianza para el Progreso, ingresó a las instalaciones de la
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), para
realizar gestiones a favor de la Universidad Señor de Sipán, centro de estudios
de la que él es accionista, miembro del directorio y apoderado.
Richard Acuña Peralta, sostuvo una reunión con altos
funcionarios de la Sunedu, el ente regulador del Estado, que evalúa
entregarle o no el licenciamiento a la Universidad Señor de Sipán.
Aunque la Constitución señala que un congresista no puede
ser un apoderado de una empresa, ni miembro de un directorio y mucho menos
representarla ante entidades estatales, Acuña Perales ha manifestado que “no ve nada malo” en ser un empresario
y congresista.
Sin embargo, esta no es la primera vez que el parlamentario
tiene acusaciones o denuncias en su contra. En noviembre de 2016 fue denunciado
por apropiación ilícita de un terreno en Trujillo, en el que hubo incluso
falsificación de documentos. Sin embargo, el proceso no avanza porque el
Congreso de la República no levanta su inmunidad parlamentaria desde hace más
de 3 años.
“Panorama” detalló que Acuña fue nombrado apoderado de la
Universidad Señor de Sipán en el 2018, cuando ejercía funciones como
parlamentario de la bancada de Alianza para el Progreso. Su familia es dueña de
las universidades César Vallejo, Autónoma del Perú y Señor de Sipán.
El artículo 19 del reglamento del Parlamento señala que el
cargo de congresista es incompatible con la condición de gerente, apoderado,
representante, accionista o miembro del directorio de empresas que tienen con
el Estado contratos de obras, de suministro o de aprovisionamiento, que
administran rentas o prestan servicios públicos, o que durante su mandato
obtengan concesiones con el Estado.
Tras la denuncia, Acuña se volvió a pronunciar, esta vez
mediante Twitter: “Panorama lo único que confirma es lo que dije: asistí a una
reunión técnica a solicitud de Sunedu y no he realizado ningún trámite”.
El secretario general de Transparencia, Gerardo Távara,
aseguró que un congresista no puede realizar gestiones ante el Estado a favor
de los intereses de su empresa.
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