Erradicación de
cocales es un fiasco, afirma general Longa
Mientras Víctor Quispe Palomino sigue impune, ley para
derribar narcoavionetas aprobada hace tres años, no se aplica porque gobierno
no compra radares.
(Expreso) A pesar de las nuevas normas y anuncios del Gobierno, en los últimos cuatro años ha crecido el área donde se cultiva coca en forma ilegal, y esto seguirá ocurriendo, si no se pasa de las palabras y normas cosméticas a una acción concreta en los ámbitos militar, económico y social en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).
Así lo afirman militares que combatieron exitosamente a
Sendero Luminoso y el narcotráfico: el general EP Leonardo Longa y el almirante
Carlos Tubino, actual congresista de la República.
“En el Vraem y su zona de influencia no solo hay
narcotráfico, sino tala ilegal, campesinos informales, minería ilegal que
contamina, y una población con un sistema económico ilegal”, señala a EXPRESO
Longa, quien fue jefe del Comando Especial Vraem en el 2014, un año clave.
En el año 2013, la Oficina de las Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito (Unodc) señalaba que en Perú había 49,800 hectáreas
cultivadas de hoja de coca. Al año siguiente, se erradicaron 31,206 hectáreas
Ilegales, equivalentes a “240 toneladas métricas de cocaína”, avaluadas
entonces en US$ 7,000 millones en Estados Unidos y Europa.
Para el año 2015, la disminución del área cocalera fue 6.1
por ciento en comparación a 2014, y en resultados reales, de 42,900 hectáreas
pasamos a 40,300.
ERRADICACIÓN EN EL PAPEL
Este avance inicial empezó a revertirse para el año 2016, ya
que llegamos a 43,900 hectáreas, y un año después, a 49,900.
¿Qué había pasado? Una mezcla de medidas del Gobierno de
Ollanta Humala había perjudicado no solo el accionar del Ejército Peruano en el
Vraem, sino toda la cadena comercial formal que se estaba dando en diferentes
zonas.
“Hubo movidas políticas del gobierno que perjudicaron lo que
se había avanzado en la guerra económica contra el narcoterrorismo. En mi
gestión logramos controlar el narcotráfico gracias, entre otras cosas, a que la
arroba de coca pasaba de costar 220 soles a 70, y el producto alternativo valía
50. Entonces, a los campesinos de esta zona le salía a cuenta formalizarse”,
manifiesta Longa.
Si bien no lo dice abiertamente, él fue relevado del comando
especial del Vraem por una reestructuración del Ejército destinada a favorecer
a compañeros de promoción de Escuela Militar de Humala Tasso, como lo comprobó
una comisión investigadora del Ministerio de Defensa en el año 2017.
A esto se le suma la demora en implementar nuevas normas
para enfrentar a las mafias de la coca de una manera integral, debilitando la
acción de militares y funcionarios civiles.
“En el año 2016 se dedicaron a eliminar unas 20,000
hectáreas de sembríos de coca, pero descuidaron los otros aspectos. De 45,000 hectáreas
que había, creían que iban a pasar a 25,000, pero en realidad el área de
sembríos aumentó a 47,000”, señala el general EP.
SIGUEN NARCOAVIONETAS
Según la Unodc, más del 80 por ciento de la producción de
hoja de coca seca va a manos del narcotráfico para elaborar cocaína, y el
porcentaje restante va al mercado tradicional (chacchado, mates y otros
derivados legales).
Otro hecho que ha perjudicado el combate contra las mafias
en el Vraem es que el Gobierno no ejecuta la ley de control y vigilancia del
espacio aéreo, la cual faculta a la Fuerza Aérea del Perú (FAP) a derribar las
aeronaves bajo sospecha razonable de tráfico ilícito de drogas.
Esta norma fue aprobada por el Congreso el 20 de agosto del
2015, y no se ha aplicado una sola vez, señala Carlos Tubino, autor de la
iniciativa.
“Para su aplicación hay dos problemas. Primero: la falta de
radares, y segundo, la posición de Estados Unidos sobre la interdicción. El
Gobierno está comprando recién dos radares, cuando se necesitan seis para
determinar bien la posición de las avionetas y los detalles para su eventual
derribo. No hay verdadero compromiso del Ejecutivo porque está incumpliendo una
ley”.
Respecto al país de Donald Trump, el legislador manifestó
que está aplicando una especie de veto luego de la entrada en vigencia de la
referida ley. Esto se produce por medio de la negativa a vender repuestos para
aviones coreanos ensamblados en Perú, pero cuyas partes son fabricadas en EE.
UU.
Plan Vraem: proyecto incompleto
Desde octubre del año 2018 está aprobado el Plan
Multisectorial denominado Estrategia de Intervención para el Desarrollo del
Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro, o Estrategia Vraem 2021. La Comisión
Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) es la encargada de
coordinar acciones del Poder Ejecutivo, con el objetivo de proponer políticas,
planes, proyectos, programas, actividades y estrategias de intervención
integrales.
“La Estrategia Vraem 2021 es la propuesta multisectorial
para consolidar un valle con oportunidades, sostenible y gobernable hacia el
Bicentenario de la Independencia. El objetivo del plan es que las localidades
del Vraem se constituyan como entornos en los que predominen las oportunidades
de desarrollo social y económico sostenibles de los ciudadanos y sus
comunidades”, es uno de los principios.
Para el general Leonardo Longa, no se puede alabar ni
condenar esta estrategia sin haber visto sus primeros resultados, pero incidió
en que el planteamiento es incompleto, ya que se enfoca en lo que las
poblaciones pueden hacer en la zona, y no en lo que el Estado puede modificar.
“Desde el punto de vista de la relación
Estado-Sociedad-Amenazas, tenemos amenazas empezando por la economía ilegal, la
tala ilegal, la minería ilegal, corrupción y delincuencia común, con amenazas
multidimensionales y prevención de desastres. Devida solo enfoca amenazas y
sociedad, olvidando al Estado. ¿Cómo centrarse en un desarrollo alternativo? Es
un paliativo que no es no constante en el tiempo. No va a las causas, sino a
los efectos”, sugirió.
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