“La mayoría del Congreso parece dispuesta a no ceder a la
demanda del presidente Martín Vizcarra de adelantar las elecciones al 2020.
Pugnan varios intereses hasta ahora irreductibles”
La mayoría del Congreso parece dispuesta a
no ceder a la demanda del presidente Martín Vizcarra de
adelantar las elecciones al 2020. Pugnan varios intereses hasta ahora
irreductibles. En caso del Parlamento, la ambición de los congresistas de no
perder un año de su mandato, sobre todo si el Gobierno les ha quitado la
ilusión de una posible reelección. Y segundo, la fantasía del keikismo que con
un año más podría mejorar su situación política y electoral y tentar el poder
en el 2021. La encuesta de Ipsos que coloca en un lugar expectante a Fuerza
Popular y a su lideresa alienta ese espejismo. (El Comercio, 19/8/19). En
realidad, la campaña de demolición del antifujimorismo ha sido eficaz y han
liquidado las posibilidades electorales de Keiko Fujimori, por lo menos para
los próximos dos o tres años.
El presidente Vizcarra está aislándose
rápidamente después de su monumental fracaso con el proyecto Tía María, que ha
incentivado los desórdenes en todas partes, incluyendo su natal Moquegua.
La coalición vizcarrista está crujiendo, como lo revelan por
ejemplo las opiniones de exfuncionarios de los gobiernos de Ollanta Humala y
PPK, que hasta hace poco endiosaban y adulaban a Vizcarra, y ahora
se muestran críticos y empiezan a saltar de un barco que hace agua. En parte,
eso es consecuencia de la iniciativa del propio Vizcarra de
adelantar las elecciones: ahora no es negocio estar cerca de él y es mejor
tomar distancia para poder embarcarse en otra nave.
Eso reforzará la decisión de Vizcarra de
adelantar las elecciones. Pero además, ya propagó la idea y los que creen que
podrán obtener algún beneficio la están promoviendo entusiastamente, como
muestra el pronunciamiento de los gobernadores regionales. Amén de tres cuartas
partes de los ciudadanos que ilusamente quieren ‘que se vayan todos’.
La oposición, equivocándose nuevamente, está jugando sus
cartas al supuesto liderazgo de la vicepresidenta Mercedes Aráoz, suponiendo en
sus quimeras que podría reemplazar a Vizcarra en caso de que
este sea vacado o renuncie. Esto, por supuesto, no va a ocurrir. Vizcarra ni
va a renunciar ni puede ser destituido por un Congreso con un
rechazo abrumador.
Pero en el supuesto negado que eso sucediera, un gobierno de
Aráoz sería, sin duda, desastroso. No solo porque su trayectoria es tan o más
sinuosa que, por mencionar un nombre, la de Daniel Salaverry, sino porque su
gobierno sería aún más débil que el actual. Sin partido, sin bancada, sin
equipo y sin la popularidad que Vizcarra ha obtenido atacando
al Congreso, sería rápidamente devorada por el descontento popular
y los desórdenes promovidos por los radicales, que la catalogan –con razón o
sin ella– como una agente de la Confiep. No sería un salto al vacío sino
directamente a las fauces del caos.
En una entrevista antes del primer intento de vacancia de
PPK, en diciembre del 2017, planteé el adelanto de elecciones como
una salida de la crisis. Allí sostuve que la suerte del presidente estaba
echada: “No veo ninguna posibilidad de que [PPK] pueda culminar su mandato al
28 de julio del 2021”. Y que era inviable un gobierno con cualquiera de sus
vices: “Las condiciones no cambiarían para cualquiera de los dos
vicepresidentes en tres años y medio de mandato que le resta a este gobierno.
La férrea oposición del fujimorismo continuaría en el Parlamento. Sería
insostenible en el tiempo mantener este gobierno con esa precariedad”. La
alternativa: “Que se adelanten las elecciones presidenciales para abril del
próximo año [2018]” (“Fernando Rospigliosi: ‘Elecciones deben adelantarse a
abril de 2018’. Exministro avizora un escenario complicado e irreversible, y
señala que salida de PPK es inminente”. “Correo”, 15/12/17).
Esa opción habría sido la menos mala para el país. Y también
para PPK y el fujimorismo.
Los que arguyen interesadamente que el tiempo es un factor
insuperable no recuerdan que Valentín Paniagua asumió la presidencia un 22 de
noviembre, y en abril del año siguiente se realizaron elecciones limpias y
competitivas, en una situación de fenomenal crisis y podredumbre de las
instituciones.
Ahora esa opción, que tiene inconvenientes y defectos pero
es la menos mala, es posible. Pero nuevamente los intereses de grupos e
individuos pueden frustrarla. Las alternativas, un caballazo de Vizcarra que
disuelva el Congreso con cualquier pretexto o la continuación
de su mandato hasta el 2021 –o sea, la prolongación del desgobierno– son mucho
peores.
Por: Fernando
Rospigliosi
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