(Andina) El expresidente Alejandro Toledo no es un prófugo de la
justicia, está fuera del país, aseguró hoy el abogado Heriberto Benítez,
defensor legal del exmandatario peruano en proceso de extradición desde Estados
Unidos.
Argumentó su particular “lectura técnica” de la situación
legal de su patrocinado en el hecho de que cuando el exmandatario salió del
país no tenía vigente una orden de captura.
“Yo diría que está fuera del país, es la lectura técnica
que le doy, el Ministerio Público y los procuradores seguramente no coinciden
con eso”, aseveró en Radio Nacional.
Dijo que su patrocinado no viene al país no porque tenga
miedo, sino porque no hay garantías para que enfrente las investigaciones en su
contra por el caso Ecoteva y el pago de coimas de la empresa Odebrecht por la
carretera Interoceánica.
En su opinión, al expresidente le han dado una prisión
preventiva sin escucharlo, lo que representa una condena anticipada.
Indicó que el proceso de extradición en Estados Unidos en
contra de su patrocinado se encuentra en una primera etapa, de revisión de
peligro procesal, tras lo cual se pasará al tema de fondo del pedido de
extradición.
Benítez refirió también que la defensa del expresidente en
Estados Unidos entregó al juez precedentes de otros casos en ese país en los
cuales se concedió la libertad bajo fianza para casos de mayor gravedad de su
patrocinado, por lo que estimó como posible que se le conceda la libertad bajo
fianza.
Respecto al hábeas corpus denegado por el Tribunal
Constitucional (TC)para anular el acuerdo del Consejo de Ministros que pide
la extradición de Toledo, Benítez consideró como lamentable este fallo que no
ha valorado los argumentos planteados por la defensa.
Indicó que la resolución suprema para la extradición se
aprobó sin que existe documento de imputación contra su patrocinado y con
vulneraciones al debido proceso.
Sostuvo que en el TC todavía falta resolver un pedido para
anular la prisión preventiva contra Alejandro Toledo y su esposa Eliane Karp,
ambos investigados por las adquisiciones de propiedades a través de la empresa
Ecoteva, con recursos que sería producto del pago de sobornos de la empresa
Odebrecht.
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