El juez Jorge Luis Chávez Tamariz declaró fundado el pedido
de la Procuraduría Ad Hoc para el caso Odebrecht para ampliar de US$ 8 millones
a U$S 20 millones de dólares el monto de reparación civil para la exalcaldesa
Susana Villarán por los delitos de lavado de activos, asociación ilícita y
otros en agravio del Estado peruano.
En la resolución se señala que, según el avance de las
investigaciones del Ministerio Público, para la campaña del No a la revocatoria
se destinó US$ 6 millones de dólares ( US$ 3 millones de Odebrecht y
US$ 3 millones de OAS), y por la reelección municipal US$ 4 millones, con lo
cual la suma total recibida asciende a US$ 10 millones.
Ello, se indica, constituye razón suficiente para estimar la
petición de la Procuraduría y acoger el razonamiento que aplica el duplo de la
suma materia de lavado de activos y asociación ilícita, pues se desarrolla
sobre la base de la función preventiva y se dirige a desincentivar las
operaciones de lavado de activos .
En una audiencia del último 18 de setiembre, el
procurador Miguel Ángel Chero argumentó que el pedido para aumentar el
monto obedecía a los nuevos hechos observados en este caso por parte del
Ministerio Público y al incremento del número de investigados.
Chero dijo que la reparación civil toma en cuenta las
utilidades obtenidas por las personas implicadas en estas irregularidades y los
daños sufridos por el Estado peruano.
Esta reparación equivalente al doble del monto obtenido,
añadió, busca ser un elemento disuasivo, una prevención a futuro frente a
quienes pretendan incurrir en algo así.
En la investigación por el financiamiento para las campaña
del No a la revocatoria y reelección municipal, además de Villarán también
están implicados, José Miguel Castro, Gabriel Prado, Domingo Arzubialde,
Cecilia Lévano y José Adelmario Pinheiro Filho.
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