Según Transparencia
Internacional
(Gestion) Los países más
afectados por pagos de sobornos son Venezuela (donde un 50% asegura haber
pagado), México (34%) y Perú (30%). Costa Rica, con sólo un 7%, aparece en el otro
extremo de la clasificación.
Más de la mitad de
los ciudadanos en América Latina y el Caribe cree que la corrupción está
aumentando y que su gobierno no hace lo suficiente para combatirla,
especialmente en Venezuela, República Dominicana y Perú, según un estudio de la
ONG Transparencia Internacional (TI) publicado este lunes.
La edición regional del décimo Barómetro Global de la
Corrupción, una encuesta a más de 17,000 personas de 18 países, apunta que el
53% de los interrogados cree que en los últimos doce meses ha empeorado la
situación, una tasa algo inferior al 62% del muestreo anterior, publicado en
2017.
Además, un 85 % de los encuestados mantiene que la
corrupción en el Ejecutivo es un “gran
problema” y un 57%, que los gobiernos no están haciendo un buen trabajo
atajando esta lacra. Sólo uno de cada cinco dice tener “confianza” en su gobierno.
“Lo que nos dicen es que la situación no mejora, más bien
que sube la preocupación. Pero no sólo por la corrupción, también por las
dificultades de los gobiernos para dar una respuesta al problema, una respuesta
coherente con sus discursos contra la corrupción”, explica en una entrevista a
Efe la directora ejecutiva de TI, Patricia Moreira.
El estudio revela asimismo que el 20% ha
tenido que pagar un soborno para acceder
a un servicio público básico, del agua
y la electricidad a la sanidad y la educación.
Los países más afectados son Venezuela (donde un 50% asegura haber
pagado), México (34%) y Perú (30%). Costa Rica, con sólo un 7%,
aparece en el otro extremo de la clasificación.
Las malas prácticas están además estrechamente ligadas con
las elecciones, según se desprende de esta encuesta. Un 65% piensa que sus
representantes están influidos por “intereses
privados” y un 25% asegura que se le ha ofrecido dinero a cambio del voto.
El estudio también pone de relieve que la corrupción afecta
especialmente a las mujeres. Ellas se ven forzadas en más ocasiones a pagar
sobornos por servicios sanitarios y educativos. Además, una de cada cinco
denuncia haber sufrido una extorsión de carácter sexual.
“Es muy importante
estudiar en profundidad el vínculo entre corrupción y género. La corrupción es
un tabú en muchos sitios; y la discriminación sexual, también. La corrupción
contra la mujer es por tanto un doble tabú. Por eso es importante darle espacio
y visibilidad a este asunto. Si no, no se puede contrarrestar”, explica
Moreira.
Aunque no hay una clasificación de la situación por países,
el barómetro sí que detalla los resultados nacionales de la macro encuesta.
Destaca el
porcentaje de venezolanos que creen que la corrupción ha aumentado en el último
año, un 87%, muy por encima de los resultados en otros países. Le siguen
República Dominicana (66%) y Perú (65%). Venezuela es
asimismo el país donde más encuestados aseguran haber pagado una mordida en los
últimos 12 meses, un 50%.
Los venezolanos son también quienes más pesimistas se
muestran sobre la actuación de su gobierno: el 91% cree que lo está haciendo
mal, seguidos por los ciudadanos de Panamá (79%) y República Dominicana (72%).
Sobresalen en sentido contrario México, donde el 61% piensa que su Ejecutivo lo
está haciendo bien en la lucha contra la corrupción.
“Lo que está pasando
con Venezuela no es aceptable ni sostenible”, apuntó Moreira.
La compra de votos, por su parte, aparece como endémica en
México, donde el 50 % asegura que se le ha ofrecido dinero para respaldar a un
partido o candidato, seguido por República Dominicana (46%), Colombia y Brasil
(40%).
“Algo muy llamativo
es la compra de votos en México. Es un caso excepcional, el país más destacado
en este apartado. Otro dato preocupante es que uno de cada cuatro de los que se
le ha ofrecido dinero dice haber sido amenazado para votar realmente por lo que
se le pagó”, señala la directora ejecutiva de TI.
La policía aparece en general como el servicio más corrupto
(a quienes dicen haber pagado el 24% de los interrogados), seguido por los
proveedores de servicios básicos (19%), los emisores de documentos de identidad
(15%), los colegios (12%), los juzgados (11%) y los centros sanitarios (10%).
El barómetro también señala que tres de cada cuatro
encuestados cree que denunciar la corrupción les conllevará “represalias” (especialmente en El
Salvador, Honduras, Jamaica y Venezuela). No obstante, el 77% confía en que cualquiera
puede “marcar una diferencia” en la
lucha contra estas malas prácticas.
Sobre estos resultados, TI insta a los gobiernos a castigar
la compra de votos, a reforzar la transparencia financiera de partidos y
candidatos y a mejorar la eficiencia de los servicios públicos. También pide
que se garantice la independencia de la Justicia, que se proteja a los
denunciantes y que se reconozca la extorsión sexual como una forma de
corrupción.
El informe llama también a implementar el Compromiso de
Lima, que contiene 57 acciones para reforzar la acción de los gobiernos contra
la corrupción, y difundir públicamente los avances en este ámbito.
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