“Hay un factor clave
en este tipo de violencia que es la dinámica del ejercicio del poder, y es la
perspectiva de género la que provee las herramientas necesarias para
detectarla”
(ElComercio) Desde hace aproximadamente un año, el hostigamiento
sexual en las universidades viene siendo
visibilizado, con fuerza, como un grave problema que afecta principalmente a
las estudiantes. No se trata de un fenómeno nuevo; por el contrario, estamos
ante interacciones y prácticas normalizadas, de las que hoy se toma conciencia,
que son expresiones de la violencia de género estructural en el país. ¿Qué ha
hecho posible esta visibilización? Estamos viviendo los tiempos del #Metoo,
NiUnaMenos, Se Acabó el Silencio, etc., que nos están permitiendo ver, desde la
perspectiva de las agraviadas, la magnitud, gravedad y antigüedad del hostigamiento
sexual en los espacios de la educación superior. No menos importante
ha sido el efecto de la nueva Ley Universitaria que considera que el hostigamiento
sexual es una falta muy grave y de las recientes modificaciones a la
Ley 27942 que obligan a las universidades públicas y privadas
a crear sistemas para investigar y sancionar el hostigamiento sexual.
No son normas perfectas, pero han tenido un impacto favorable en el sentido de
movilizar a los centros educativos superiores a tomar cartas en el asunto.
Un papel fundamental viene cumpliendo la Sunedu al
supervisar cómo están actuando las universidades frente
al hostigamiento sexual, y también la Defensoría del Pueblo, que ha
venido desarrollando acciones para diagnosticar de manera más precisa la
problemática.
Las características del espacio universitario y la
naturaleza del hostigamiento sexual exigen que los órganos que
investiguen y resuelvan las denuncias sean autónomos para que estén libres de
todo tipo de injerencia política y que sean técnicos-especializados en
violencia de género. Hay un factor clave en este tipo de violencia que es la
dinámica del ejercicio del poder, y es la perspectiva de género la que provee
las herramientas necesarias para detectarla.
En el actual contexto, no se han hecho esperar las
resistencias de ciertos sectores en el interior de las universidades frente
a la sanción del acoso sexual. Con argumentos como el que se está generando un
“pánico sexual” o que estamos asistiendo a una “cacería de brujas”, entre
otros, se ha pretendido socavar los avances en materia de sanción de este tipo
de hechos. De otro lado, las estudiantes tienen miedo a denunciar, sobre todo
cuando quien las acosa es un docente, porque hacerlo puede suponer un costo muy
alto para su futuro profesional, especialmente en aquellos casos en los que el
docente tiene una posición dominante en el mercado de trabajo en el que las
denunciantes pretenden tener un lugar al culminar sus estudios.
Ante este panorama, es muy importante que las universidades destinen
esfuerzos en prevención. La lucha contra el hostigamiento sexual no
puede depender exclusivamente de la punición puesto que estamos ante culturas
institucionales que hay que cambiar y eso solo se logra cuestionando tanto las
prácticas de ejercicio de poder nocivas como las tradicionales maneras de ser
hombres en la academia. La voluntad política de las autoridades universitarias
es la clave, esperemos que estén a la altura de la responsabilidad que les
compete para construir espacios educativos libres de violencia.
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