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| Fotos: Internet/Medios |
Durante esta semana, en redes sociales se ha discutido
ampliamente sobre los vínculos que ha tenido la empresa brasileña Odebrecht con
periodistas y comunicadores durante los últimos años. En este debate
intervinimos el martes con un post en este espacio. Este debate ha tenido
matices de todo tipo, así como, por cierto, el uso de la información para darle
de alma al rival ideológico de turno y, claro está, para intentar bajar la
llanta a los medios que vienen investigando sobre el caso Lava Jato.
A continuación, algunas reflexiones finales sobre algunos de
los tópicos discutidos en esta semana.
EL CASO IPYS
Como ya es conocido, Odebrecht donó una suma importante de
dinero al Instituto Prensa y Sociedad para la realización de la primera edición
de los Premios Nacionales de Periodismo. El contrato se rescindió en 2015 de
mutuo acuerdo entre las partes, una vez que se conoció la magnitud del
involucramiento de la constructora en los casos de corrupción investigados en
su país y que también comprenden a funcionarios peruanos.
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| Foto: ElComercio |
Esta semana, Gustavo Gorriti y Augusto
Álvarez Rodrich, expresidente y actual presidente del IPYS respectivamente,
escribieron columnas de opinión en torno al caso. A diferencia de quienes han
querido ver oposición entre ellas, creo que ambas tocan puntos importantes que
se complementan.
La columna del jueves de AAR en La República aclara algunas
cuestiones importantes sobre la participación que tuvo Odebrecht en los PNP: el
contrato se publicó en forma transparente en la web de la entidad, se formó un
comité de premios y se colocaron bases que impedían algún tipo de cortapisa en
la presentación de temas y los recursos fueron utilizados tanto para los
premios en efectivo como para la organización del certámen. Esta explicación fue
complementada ayer en RPP TV con una entrevista hecha por Patricia
del Río a Álvarez Rodrich y Ricardo Uceda, director de la entidad no
gubernamental.
En términos estrictamente legales, sin duda, la explicación
deja en salvaguardia a IPYS, dado que los fondos han sido empleados
correctamente y porque el otorgamiento de los galardones se dejó a cargo de
jurados (varios de ellos provenientes del extranjero) que no tenían, en
principio, vínculos con la empresa brasileña. Asimismo, como ha mencionado
Uceda, algunos de los periodistas premiados han investigado a Odebrecht o a
obras de la referida compañía, por lo que no existiría un filtro a favor de la
cuestionada entidad. En estos aspectos, le doy la razón a Augusto.
Gorriti se enfoca, sobre todo, en los aspectos éticos de la
donación. La posición de Gorriti es que no se pueden aceptar regalos,
honorarios, pasajes, consultorías de empresas o realizar servicios de media
training para las mismas, salvo circunstancias bastante excepcionales. Para el
director de IDL - Reporteros, existía un conflicto de interés al recibir una
donación de Odebrecht y, por ello, decidió que ninguno de los reportajes de su
equipo se presentaría al PNP, debido a que ya existían investigaciones serias
sobre la empresa brasileña.
Coincido con Gustavo en que recibir la donación de Odebrecht
fue un error. Ya existían informaciones claras sobre los casos de presunta
sobrevaloración de obras y la fama de la empresa era, para 2013 - 2014,
bastante mala. De hecho, ya en la campaña de 2011 se discutió mucho sobre la
cercanía de constructoras brasileñas a los entornos de Alejandro Toledo y
Ollanta Humala, aunque, como ha podido conocer este blog, personajes como Jorge
Barata se acercaron a todas las tiendas políticas, sin discriminación. Este
mismo motivo hizo que otros periodistas declinaran presentar sus trabajos a los
PNP.
También concuerdo con Gorriti cuando señala que es necesario
preservar al IPYS como entidad encargada de la protección de la libertad de
expresión e impulso del periodismo de investigación, razón por la cual se
necesitan reformas y recambios. La salida de Mabel Cáceres e Iván Garcia ante
este caso, así como la puesta en conocimiento de la lejanía que, desde hace
algún tiempo, mantienen Gorriti y Rosa María Palacios de la entidad, abre una
coyuntura clave para ello. Al margen del examen sobre personas y
responsabilidades en este caso, la entidad debería tener una política por
escrito sobre la posible recepción de donaciones privadas y, en caso las
acepten, cuáles son los montos tope y el tratamiento a darle a estos donativos.
CONSULTORIAS Y ASESORIAS
En su edición de ayer, Hildebrandt en sus Trece presentó
un informe en el que, gracias a informantes de Odebrecht, pudo reconstruir y
contrastar información sobre algunos periodistas y comunicadores que realizaron
consultorías y asesorías para la empresa.
Pedro Tenorio, actual conductor de noticias en Latina y
columnista en El Comercio, reconoció haber realizado trabajos en asesoría de
prensa para una obra puntual de la compañía, cuando no se encontraba trabajando
para ningún medio. Mientras que el informe de Eloy Marchán también
registra que Alfonso Baella hizo servicios sobre redes sociales para Odebrecht
entre 2009 y 2014, cuestión que habíamos señalado en este blog el pasado martes.
Luego de semanas sobre no pronunciarse sobre este tema, que ya era tocado en
redes sociales, Baella dio el siguiente mensaje a través de su página en
Facebook en la tarde de ayer.
Más complicada es la situación del periodista Enrique
Castillo, a quien el semanario indica como asesor de Jorge Barata, el alto
representante de la compañía en Perú, quien viene declarando para acceder a los
beneficios de la delación premiada en Brasil y se acogerá a la colaboración
eficaz en nuestro país. Según nuestras fuentes, Castillo negó a directivos de
Canal N cualquier vínculo con Odebrecht. El también columnista de Perú.21 se
excusó en declarar para HEST porque estaba por emprender un viaje.
También se hizo alusión a los vínculos de la empresa ADN
Consultores con Odebrecht. El periodista Mario Saldaña, socio de la misma, no
recordó si había hecho servicios puntuales para la misma, pero el semanario
indicó que sus fuentes dentro de Odebrecht referían la prestación de servicios
para la licitación de la planta de tratamiento de Taboada. En entrevista ayer
con Nicolás Lúcar, Saldaña negó haber prestado servicios para la controvertida
compañia y refirió que lo había hecho “su exsocia”, sin mencionarla. Este blog
registró en 2009 que la comunicadora Laura Cáceres Friedman, la exsocia de
ADN, nos reconoció ser la encargada de relaciones públicas externas de
Odebrecht para este tema. En aquellos años, Cáceres era pareja del
periodista Aldo Mariátegui, entonces director de Correo.
Finalmente, se mencionó a Juan Carlos Valdivia, columnista
de Correo y del portal El Montonero, quien fue asesor para Odebrecht en
relaciones institucionales entre 2010 y 2016, quien dejó dichos servicios por
los escándalos de corrupción. Valdivia no se ha pronunciado al respecto.
Tampoco lo ha hecho Raúl Vargas, director de RPP Noticias, quien colaboró en
dos publicaciones editadas por los brasileños y fue jurado en el premio
“Peruanos Construyendo Futuro”, organizado por la empresa.
En todos los nombres mencionados, hasta el momento no se
registra ninguna colusión con actividades ilegales. Es decir, algún tipo de
favorecimiento indebido o complicidad directa con los delitos realizados por
directivos de la empresa en el Perú y en el extranjero.
Sin embargo, sí corresponde hacer una evaluación ética, no
solo por la vinculación con una empresa que, como hemos mencionado anteriormente,
ya tenía serios problemas de imagen desde, por lo menos, fines de la década
pasada, sino también por este tránsito entre el periodismo y las consultorías.
Creemos que, al igual que en otras profesiones liberales
como el Derecho, aquellos comunicadores que asesoran en diversos planos a
empresas tienen la atribución de escoger a sus clientes. Y ello implica, por
cierto, tener un filtro ético claro para saber elegir a las empresas con
quienes se vinculan.
En el caso de aquellos columnistas que son consultores de
empresas, resulta indispensable que sean claros en indicar que se dedican a
dicha actividad y, en la medida de lo posible, referir su lista de clientes.
Asimismo, sostengo que deberían evitar referirse a sus clientes o a aquellos
proyectos de inversión en los que están involucrados. El full disclosure es lo
mejor en estos casos.
Pero en el caso de quienes están comprometidos
contractualmente con un medio - sea por laboralmente o por contrato de
servicios - sí creo que no se puede estar en una pantalla o teclado y, al mismo
tiempo, hacer labores de asesoría para empresas privadas y organizaciones no
gubernamentales. Si bien para algunas se ha convertido en una fuente
alternativa por los sueldos que paga el periodismo, creo que se debe apostar a
la mejora de los sueldos en las empresas periodísticas, que deben colocar en
sus códigos de ética que quienes tengan vínculo con ellas no se dediquen a este
tipo de actividades, así como vigilar su observancia. Estar en los dos lados
del mostrador es, a mi criterio, insostenible.
Sostengo que este caso nos debe servir para pensar aquello
que Gorriti alguna vez sostuvo: esta suerte de mezcla entre asesores de
empresas, periodistas, consultores de imagen y spin doctors empresariales y
políticos. Es una mala práctica iniciada en el Perú durante los años 2000 que
debe terminar para siempre.
Finalmente, creo que es mejor la transparencia en todos
estos casos.
UN COMENTARIO FINAL
No me cabe duda que estas reflexiones son pertinentes. Pero
también es cierto que el caso, como ha señalado Augusto Álvarez Rodrich, ha
sido aprovechado por algunos partidos políticos - como el APRA y el Fujimorismo
- asi como por sus simpatizantes y columnistas afines para tratar de demoler a
varias personas que, desde hace tiempo alertan sobre este tipo de casos. O para
intentar distraer la atención de sus propios vínculos con Odebrecht y otras
empresas brasileñas.
De hecho, el día de ayer, el columnista de un diario en el
que he colaborado, vía Twitter, intentó vincularme con estas empresas, con
el sibilino “está circulando la versión que”. Como lo sostuve al responderle y
ahora reitero aquí, no he tenido ningún vínculo con Odebrecht, ni con las
empresas privadas comprometidas con el caso Lava Jato. Tampoco brindo servicios
de asesoría de imagen o consultorías a entidades públicas o empresas. Y tampoco
he participado en libros o foros auspiciados por Odebrecht o constructoras
brasileñas.
Por nuestra parte, esta reflexión acaba por ahora. Creemos
que es importante, en este momento, apuntar a que las investigaciones en el
caso Lava Jato se lleven a cabo con la mayor pulcritud y, sobre todo, que todos
los culpables caigan, sin importar la tienda política.
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