“Muchas
personas están hoy día en prisión por mucho menos de lo que se acusa a los
ministros de Vizcarra”.
(ElComercio) El respaldo del presidente Martín Vizcarra a
dos ministros con acusaciones de corrupción muestra nuevamente el doble rasero
con que actúa el Gobierno. A los adversarios o a los amigos incómodos no duda
en echarlos a la hoguera ante la más mínima sospecha, pero a los que quiere
proteger los defiende pasando por alto las más serias denuncias.
El presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zevallos,
quien es el que por orden de Vizcarra ha dado el espaldarazo a
los cuestionados funcionarios, también habló antes de la presunción de
inocencia que debe tenerse en cuenta en el caso de sus compañeros de
Gabinete. La afirmación sería digna de ser tomada en cuenta si se aplicara a
todos por igual, pero eso, por supuesto, no es cierto. Muchas personas están
hoy día en prisión –no solo despedidas de un cargo público– por mucho menos de
lo que se acusa a los ministros de Vizcarra. Para ellos no funciona
la presunción de inocencia sino la de culpabilidad.
Tampoco sirvió, por ejemplo, cuando Vizcarra despidió
por Twitter al entonces ministro de Justicia, Salvador Heresi, a los pocos
minutos de revelarse unas conversaciones inocuas que había mantenido con César
Hinostroza. El asunto es, como se comprobó después, que Vizcarra necesitaba
en ese ministerio a alguien más flexible –por no decir obsecuente– como Zevallos.
En el caso de Carlos Lozada, Rocío Barrios y
Susana Vilca, Vizcarra, además de mostrar otra vez que utiliza la
lucha anticorrupción en función de sus intereses políticos y no como una
estricta norma de conducta, está desafiando abiertamente al nuevo Congreso, que
tendrá que recibir al Gabinete para otorgarle –o no– el voto de confianza.
En el caso de Lozada hay una poderosa razón
para que Vizcarra lo defienda. Cuando era jefe de
Provías, Lozada le pagó irregularmente a Obrainsa, una empresa
del ‘club de la construcción’ con una larga relación con Vizcarra,
13 millones de soles el 31 de diciembre del 2018.
El asunto es que Obrainsa, en sociedad con Odebrecht,
construía una carretera en Islay, Arequipa. Cuando estalló el escándalo Lava
Jato, Odebrecht salió del proyecto y Obrainsa quedó a cargo de la obra que está
siendo investigada a paso de tortuga por la fiscalía provincial. Luego la
empresa alegó que había tenido gastos adicionales que no estaban en el contrato
original. La controversia fue a un tribunal arbitral. Pero ya con Vizcarra como
presidente, Obrainsa desistió de la demanda y a los pocos días Lozada gentilmente
le pagó los 13 millones, a pesar de que había informes legales que sustentaban
que la empresa no tenía derecho a esa retribución.
Obrainsa tiene una larga relación con Vizcarra,
que a través de su empresa constructora fue socio de ella desde el 2003. Luego,
cuando fue gobernador de Moquegua, entregó una obra de irrigación por 81
millones de soles a Obrainsa que nunca funcionó. Y cuando fue ministro de
Transportes, Obrainsa se adjudicó obras millonarias en ese sector. (“Expreso”,
26/2/20).
En suma, hay razones de peso que explican por qué Vizcarra defiende
a Lozada, quien benefició a Obrainsa.
Pero la presunción de inocencia no se
aplica en otros casos. Como señala César Romero, ahora el mecanismo es el
siguiente: se detiene a alguien sin evidencia alguna. Luego los fiscales
consiguen de otra persona, a la que también han detenido, una declaración que
precisamente confirma la tesis de la fiscalía. Y, aunque no hay ninguna prueba
que confirme lo que dijo el testigo o colaborador, el detenido va a la cárcel
un largo período. Es el caso, dice Romero, de Yehude Simon y muchos otros (“La
República”, 5/3/20). Obviamente, Simon debe ser investigado, al igual que Luis
Castañeda y varios implicados en casos de corrupción, pero enviarlos a prisión
no solo sin acusación ni juicio ni sentencia, sino sin evidencia, es una
arbitrariedad que satisface a la turba y eleva la popularidad de Vizcarra,
pero que contradice el principio de presunción de inocencia que
el presidente y sus fiscales sí aplican a sus aliados y protegidos.
En esta última categoría están Ollanta Humala y Nadine
Heredia. En su caso, hay muchísimas más pistas que los involucran en hechos de
corrupción, no en uno sino en varios casos. Y no han seguido el camino de otros
hoy día encarcelados. Es obvio que hasta ahora han tenido protección. Pero el
círculo se va cerrando. La legión de funcionarios, intelectuales, políticos y
periodistas que se beneficiaron en su gobierno y que hoy respaldan a Vizcarra,
todavía los defienden, pero sus lealtades son flexibles y mudables. La fractura
de la coalición vizcarrista podría estar cerca.
 El res...){kind=link}
Publicar un comentario