CÁRCEL PARA ALCALDE DE SOMOS PERÚ


Otro alcalde de la Región Lambayeque es sentenciado con pena efectiva de cárcel, el poder judicial impone pena de 4 años y 4 meses de prisión efectiva e inhabilitación para el cargo por el delito de negociación incompatible.

José Eduardo Tarrillo Nunton alcalde del distrito de Pátapo fue sentenciado por un delito cometido en el año 2013 cuando se desempeñaba como funcionario de esa municipalidad. Además de una pena de inhabilitación para ejercer un cargo público y el pago de S/10,000 en favor del estado.

Dicha condena será cumplida en el penal de Chiclayo en cuanto sea capturado.

El Fiscal Julio Pilco Goñas acredito que, en el año 2013, la Municipalidad Distrital de Pátapo llevo a cabo diversos procedimientos de contratación para la ejecución del proyecto “Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal del sector A Posope Alto, distrito de Pátapo”.


Dichas contrataciones fueron fraccionadas teniendo en cuenta que en aquella época era Tarrillo Nunton jefe de la DIDUR, quien, en lugar de formular un requerimiento único para la elaboración del expediente técnico, formulo tres requerimientos (dos perfiles técnicos y un presupuesto) por montos inferiores a tres Unidades Impositivas Tributarias (UIT), con el agravante que se realizó dos requerimientos de un mismo servicio (perfil técnico), dieron a conocer en el Ministerio Publico.

El atestado fiscal añade que, una vez recepcionados dichos requerimientos, el gerente municipal Aldo Alfonso Crespo Dávila, en lugar de derivarlo al área de abastecimiento, a fin de que se realice el estudio de mercado, contrató directamente a la empresa constructora Gael & Asociados S.A.C. la cual se hizo sin emitirse la orden de servicio, pues el compromiso, devengado y girado se hizo el mismo día (18 setiembre 2013).

EXPEDIENTE BAMBA

  1. Finalmente, el 12 de setiembre de 2013 la exautoridad edilicia Salvador Cayotopa presento ante el Ministerio de Vivienda un expediente para la ejecución de la misma obra, pero adjunto a la solicitud un expediente falsificado, pues la firma del supuesto consultor, Orlando Torres Medina, no le correspondía a su titular. Por lo demás, dicho expediente técnico no fue aprobado por el Ministerio de Vivienda y Construcción.

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