Recomendaciones muestran cumplimiento parcial o en proceso
La Defensoría del Pueblo dio a conocer que existen un
conjunto de 243 recomendaciones que han sido dirigidas entre los años 2017 y
2021 a distintas instituciones, con el fin de reducir la violencia de género y
las brechas existentes en aspectos como igualdad y acceso al derecho a la salud
sexual y reproductiva.
Sin embargo, pese al tiempo transcurrido, más de la mitad
de estas recomendaciones muestran un cumplimiento parcial o en proceso y más
del 16% aún no han sido cumplidas, lo que repercute gravemente en los derechos
de las mujeres en nuestro país.
SERVICIOS ESPECIALIZADOS
En lo que concierne al eje de la violencia, una de las
recomendaciones que muestra un avance casi escaso es la implementación de
servicios especializados como el Sistema Nacional Especializado de Justicia (SNEJ)
para la protección y sanción de la violencia contra las mujeres e integrantes
del grupo familiar, que se encuentra actualmente en funcionamiento solo en 8 de
los 34 distritos judiciales del país, así como del Registro Único de Victimas y
Personas Agresoras (RUVA),que solo se ha implementado en las zonas que
cuentan con el SNEJ.
Entre otras recomendaciones, también se encuentra en
proceso de implementación el Centro de Altos Estudios sobre Violencia contra
las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, acorde con lo dispuesto por la
Ley 30364,asi como la modificación de la estructura funcional de la Policía Nacional para elevar el nivel
de la División de Protección contra la Violencia Familiar a una dirección
dependiente de la Dirección Nacional de Orden y Seguridad, lo que permitiría
una mayor especialización y la asignación de un mayor presupuesto.
GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES
De otro lado, resulta preocupante que los gobiernos
regionales y locales supervisados se hayan centrado en la emisión de
ordenanzas, más que en impulsar la implementación de medidas adicionales o de
servicios como la integración de las disposiciones contra el acoso sexual en
sus planes operativos o de sanción; o contar con servicios municipales de
cuidados, como guarderías o centros para la atención de personas adultas
mayores.
En el eje de igualdad y discriminación se encuentra
pendiente la adopción de un sistema nacional de cuidados y la mejora del marco
normativo que garantice la paridad en la participación política de las mujeres.
Para la Defensoría del Pueblo, este aspecto es relevante
si se tiene en cuenta que actualmente solo el 5.8% de las alcaldías distritales
son ocupadas por mujeres.
ÁMBITO SALARIAL
La discriminación hacia las mujeres también se ve en el
ámbito salarial, donde una mujer, en promedio, gana 27.8% menos al mes que un
hombre.
Finalmente, es necesario que el Estado garantice servicios de salud sexual y reproductiva accesibles, eficientes y libres de toda forma de violencia contra las mujeres.
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