AVENTUREROS POLÍTICOS Y ESTAFADORES

* "Debería ser inconstitucional este tipo de renuncias, porque es una afrenta al derecho de sufragio de los electores que han sido sorprendidos, además es un atentado a la neutralidad que se exige y el evidente uso del cargo para beneficio personal". 

El derecho para participar en un proceso electoral está amparado en nuestra Constitución, porque todos tenemos la prerrogativa de elegir y ser elegidos, es la premisa en cualquier sistema democrático. Pero hay que diferenciar en los casos en que una autoridad tiene un compromiso y una responsabilidad delegada por voto ciudadano, que no se puede defraudar y menos traicionar esa confianza que uno recibe de la población cuando es electo para un cargo público, porque evidentemente es una falta de respeto a los electores que confiaron su voto en la autoridad electa, para que después por ambiciones políticas deje el cargo y pretenda asumir otros cargos de elección.

Según el cronograma electoral, el día de ayer 13 de octubre se vencía el plazo para que autoridades electas y altos funcionarios de Estado renuncien a sus cargos y tienten un cargo público en las próximas elecciones presidenciales y congresales. Las renuncias más mediáticas han sido la de César Acuña al Gobierno Regional de La Libertad y la de López Aliaga a la Municipalidad Metropolitana de Lima, las que han mostrado que a estos personajes solo les interesan sus ambiciones personales, puesto que juraron asumir el cargo de autoridad por un periodo de cuatro años y, a falta de más de un año de gestión, deciden abandonar sus responsabilidades con la población que depositó toda su confianza.

Es una burla al elector, yo diría hasta una estafa, aparte de que ya prometen demasiado para llegar a ser elegidos, ahora que renuncien buscando un cargo mayor nos muestra que solo estaban utilizando el cargo de elección subnacional para que sea su trampolín a uno mayor, mostrándonos que no tienen escrúpulos y que en el caso de estos dos personajes han estado utilizando sus puestos para hacer proselitismo y campaña política. En realidad, es un delito la malversación de fondos, al destinar estos a sus campañas proselitistas, y en el caso de Acuña y López Aliaga ya fueron observados y están abiertos procesos sancionatorios por infracción electoral.

Debería ser inconstitucional este tipo de renuncias, porque es una afrenta al derecho de sufragio de los electores que han sido sorprendidos, además es un atentado a la neutralidad que se exige y el evidente uso del cargo para beneficio personal. Esta estafa debería ser sancionada por los electores en las próximas elecciones, mostrando con sus votos el rechazo a estos aventureros políticos.

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