* Por: Carlos Herz
* En un análisis crítico, Carlos Herz advierte
que las elecciones de 2026 se desarrollarán en un escenario de crisis política,
corrupción e inseguridad, pero señala que la irrupción de la generación Z abre
una posible ruta de esperanza y cambio democrático.
El Perú está por experimentar en el 2026 un nuevo proceso
electoral, muy lamentable por las condiciones en que se dan. Para esas
elecciones hay inscritos 43 agrupaciones, la gran mayoría representantes de
tradicionales grupos de poder muchos de ellos ahora presentes o cercanos a un
parlamento y a un gobierno inoperantes, autoritarios, prácticamente
delincuenciales y transgresores del más elemental Estado de derecho, generando
una profunda crisis y desgobierno, y controlando políticamente las instituciones
tutelares del Estado como el tribunal constitucional, la defensoría del pueblo,
junta nacional de justicia, y ahora último el ministerio público. Salvo
contadas excepciones el electorado en general estará siendo forzado a dar su
voto por alguna de esas opciones políticas.
El cuadro que se vive en Perú se complementa con una
profunda crisis moral, de valores fundamentales de convivencia, de
institucionalidad, de liderazgos, de ciudadanía; de proliferación de bandas
mafiosas, sicarias, extorsionadoras, corruptas, aunado a una incontrolable
inseguridad, todo ello facilitado por las leyes complacientes que dicta el
congreso en favor de esos actores ilícitos. A su vez, se vive la exacerbación
de una economía informal que ha devenido en muchos casos en ilegal, como
producto de un Estado ajeno a cumplir su rol de servicio a la gente, y por lo
tanto de abandonar a la población a buscar, a su suerte, sus propios medios de
vida. Esa economía ilegal y criminal convive con las mafias organizadas en los
espacios formales de poder del Estado, al igual que con la persistencia de un
modelo económico extractivista financiado con el gran capital promovido por los
sucesivos gobiernos, como el actual.
Las constantes encuestas revelan persistentemente que más
del 90% de la población rechaza y cuestiona el actual gobierno y al parlamento,
malestar que aún no se ha expresado en una consistente reacción social
movilizada que ponga en cuestionamiento la permanencia en el poder de estos
actores políticos totalmente deslegitimados, como se dio en años anteriores.
Las movilizaciones sociales del sur andino hace dos años con el asesinato de
unas 60 personas por acción del gobierno actual, no fueron suficientes para
generar una respuesta nacional que conduzca a cambios políticos.
Ahora lo que se prevé del panorama electoral parece
predecible. Los grupos políticos que controlan el parlamento han orientado sus
normas a buscar garantizar que la población votante vuelva a elegirlos, incluso
sancionando antidemocráticamente con inhabilitaciones a una serie de personajes
de oposición, para evitar que puedan postular y competir electoralmente.
Cualquier resultado que se produzca, pareciera que mantendrá el actual contexto
de crisis y de manejo autoritario y corrupto del Estado, así como de violación
persistente del Estado de Derecho. Hay que entender que los cambios que el país
necesita son muy profundos y deben remover los resistentes cimientos coloniales
que la república formal de hace dos siglos los ha mantenido.
Desde algunas de las representaciones políticas
progresistas, tampoco se percibe mayor protagonismo o discurso alternativo
sólido y convocante frente a la crisis actual. Ni aparecen aun de manera
significativa en las encuestas. La designación de las figuras presidenciales
será una de las tareas a atender en las próximas semanas para cumplir con el
cronograma electoral.
Lo novedoso y posiblemente esperanzador que ha surgido en
las últimas semanas son movilizaciones de juventudes en Lima autodenominadas
generación Z con un nivel muy importante de organización, de efecto mediático y
al margen de las organizaciones políticas tradicionales, cuyo propósito es la
salida del actual gobierno y parlamento, así como una serie de demandas para la
recuperación de la democracia y el Estado de Derecho. Es de esperar que estas
nuevas acciones sociales puedan generar un contagio favorable a más sectores de
la población y se extienda en todo el país, desde un mensaje de esperanza y de
cambio.
A pesar de lo señalado, como un nuevo proceso electoral
poco esperanzador para la democracia y favorable para la preservación de los
cuestionados espacios de poder, siempre puede ser considerado como una
oportunidad para intentar mejorar las condiciones políticas y para ello se
espera que algunas agrupaciones políticas democráticas puedan ganar
protagonismo para obtener una respetable representación parlamentaria. Pero sin
perder la mirada a los esfuerzos e iniciativas de democracia directa como los
que promueve la generación Z, y hacer de las calles un persistente escenario de
acción y protesta social contra la corrupción, el autoritarismo, el entreguismo
económico, y por la construcción de una patria con futuro, basado en la
democracia plena, la equidad, la justicia, la reforma integral del Estado, la
superación del modelo neoliberal y su base extractivista y patriarcal. No se
debe perder los anhelos para recuperar progresivamente la confianza de los
peruanos y peruanas con las posibilidades de construir o más bien deconstruir
las bases de existencia de este país. Hay que contagiar en la gente que es
posible empezar a creer en nuevas relaciones humanas sustentadas en principios,
valores, ética, respeto, en recuperar las instituciones públicas encargadas de
garantizar al menos lo esencial del Estado de Derecho. Y principalmente,
confiar en sus propias capacidades de organización y movilización
transformadora.
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